En los últimos años han surgido nuevas versiones del cuento de Caperucita en las que el lobo no es el malo, sino la víctima. Sin embargo, la versión clásica, la de la fiera hambrienta y feroz, sigue pesando enormemente en nuestro imaginario y todavía no se ha encontrado la fórmula que nos permita coexistir pacíficamente con esta especie. En España, la gestión del lobo depende de las comunidades autónomas y las políticas son muy dispares. Las tensiones con los ganaderos por los daños en ovejas y vacas están a flor de piel en zonas más problemáticas como Asturias, Cantabria o Castilla y León. Las quejas de ganaderos y cazadores hacen pensar que cada vez hay más lobos; Castilla y León lo ha afirmado recientemente en un documento oficial, pero biólogos o naturalistas no están de acuerdo. En los debates siempre surge la misma pregunta: ¿qué hacemos para convivir con ellos sin ponerlos en peligro, pero también sin que ocasionen daños? La Directiva de Hábitats de la Unión Europea establece una frontera, la del río Duero, para proteger al lobo en España. Al sur se le considera especie de “interés comunitario”, y si hay que matar algún ejemplar debe ser la comunidad autónoma quien lo asuma. La gestión al norte del Duero es muy variable. En Castilla y León, Cantabria o Galicia, por ejemplo, se le considera especie cinegética. En Asturias, no.

Castilla y León agrupa el 60% del total de lobos, según coinciden varios especialistas. En su último plan de conservación y gestión del lobo, pendiente de aprobación, esta autonomía asegura que la población de lobos está creciendo al sur del Duero, justo en la zona en la que están protegidos. No se dan cifras, pero cita un nuevo censo regional elaborado durante 2012 y 2013 y que se hará público en breve. Sus conclusiones provisionales defienden que su área de distribución ha aumentado un 34% al sur del Duero entre 2007 y 2012, una precisión que escama al ecólogo Antonio Uzal, uno de los autores, con Andrés Ordiz, del primer censo de las poblaciones de lobos a nivel multirregional realizado en España. Su conteo, basado en un trabajo de campo realizado entre 1999 y 2003, se sigue utilizando como referencia sobre la estimación de población de lobos. “Las cosas no han cambiado mucho en los últimos 10 años”, contesta por correo electrónico desde Reino Unido, donde sigue trabajando en conservación de vida salvaje en la Universidad de Nottingham Trent. Entre los problemas que detectaron entonces destaca la alta presión cinegética, la mortalidad por la caza furtiva y la falta de conexión entre otras poblaciones. Castilla y León sirve de conexión de zonas aisladas, por lo que para biólogos y ecologistas resulta clave. Según datos regionales de 2001, hay contabilizadas 149 manadas, unos 1.500 ejemplares. El estudio de Uzal y Ordiz contaba entre 250 y 320 (250 confirmados y otros 70 con indicios) los grupos familiares en toda España.

El plan de Castilla y León, que salió esta Navidad a información pública, establece que será personal autonómico quien controle la especie al sur del Duero, en la franja protegida, y fija un sistema de cupos al norte, donde se considera especie cinegética. Según sus planes, el porcentaje de muertes en la parte norte puede llegar al 18% sobre los lobos estimados, en función de parámetros como que se trate de zonas con grandes daños a la ganadería.

En la anterior versión, de 2008, se establecía un cupo también del 18% para el norte del río Duero, pero en algunas zonas del sur, como en Ávila y Segovia, subía a un 28%. Fue recurrido a los tribunales por Ecologistas en Acción porque permitía la caza del lobo en una zona protegida por normativa comunitaria. Ahora será la propia Administración la que lo controle, sin que en la última versión conste la fórmula.

Los expertos consultados, principalmente biólogos, advierten de que las cifras de lobos que se manejan en cada comunidad pueden estar sobredimensionadas. Realizar un censo sólido requiere esfuerzos proporcionales y mantenidos en el tiempo ya que esta especie se mueve mucho. “Su territorio alcanza los 100 kilómetros cuadrados. En un paseo nocturno pueden recorrer unos 50 kilómetros”, explica Eduardo Palomo, secretario de la asociación Lobo Marley, creada para defender a esta especie.

Los biólogos reivindican la necesidad de hacer un censo nacional que permita adoptar políticas realistas y que evite llegar a una situación irreversible.

“Los estudios genéticos actuales sobre la población de lobos en España y Portugal sugieren que estos animales han estado mucho más cerca de la extinción en tiempos relativamente recientes de lo que inicialmente se consideraba”, aporta Jorge Echegaray, consultor ambiental que trabaja con lobos y coordinador del primer seguimiento no invasivo efectuado en España.
En la actualidad, el lobo ocupa apenas el 25% de su área de distribución original en España. No hay análisis sobre su distribución potencial, pero por sus requerimientos —se mueven en hábitats extensos, necesitan presas silvestres— podrían ocupar una distribución mucho mayor a la actual, aporta. “Solo hay que ver los intentos de colonización en el País Vasco y La Rioja, o la anécdota de su aparición en Madrid”, detalla el especialista.

“La Administración debería conocer el tamaño de la población y solo se habla de grupos, a los que se asigna un número bastante elevado de miembros”, añade el biólogo Alberto Fernández Gil, miembro de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Fernández es autor de una tesis doctoral, defendida el pasado junio, que concluye que los daños al ganado aumentan cuando se mata a miembros de la manada. El estudio, realizado con datos de Asturias, encuentra relaciones directas y positivas entre el número de muertes y daños en la cabaña ganadera al año siguiente de producirse. Los motivos no están claros, pero se especula con los efectos que se ocasionan en los grupos.

“Aquí la ciencia no vale para nada”, se queja Palomo, de la asociación Lobo Marley. “Si se mata al macho alfa, el más apreciado en cinegética, se acaba con el maestro de la manada, entonces los que quedan no saben, por ejemplo, como entrar a matar un jabalí y se van a la oveja, que se queda quieta”. Entonces se vuelven a encender los ánimos de los ganaderos.
“No hay evidencias de que los controles de población tal y como se están haciendo en España sirvan para rebajar los daños”, defiende el autor de la tesis. “Se utilizan para aliviar los conflictos, se está matando a lo tonto”, opina.

Echegaray, que ha trabajado como investigador del CSIC, incide en que “cualquier actuación de control de ejemplares debería estar supeditada a sesudos análisis de impacto y justificación”. “Es algo a lo que obliga la legislación europea, que dice que el lobo es especie de Interés Comunitario en todo el territorio de los 28 países. España ni siquiera ha definido cuál es ese estado de conservación favorable”, lamenta.

Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, recuerda con un punto de amargura el intento en 2012 del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para que la Comisión Europea considerara al lobo especie cinegética también al sur del Duero. “Nosotros siempre hemos reivindicado que sea especie protegida”, añade el ecologista.
Uno de los episodios representativos de los odios y pasiones que rodean a esta especie es la reciente muerte de nueve lobos en las afueras del Parque Nacional de Picos de Europa, denunciada el pasado diciembre por la asociación leonesa Gedemol. “Esto no ha sido cazar, ha sido un exterminio”, califica Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo. Los lobos pertenecían a una manada del puerto de San Glorio y se movían dentro del Parque Nacional. “El conjunto no se consideraba conflictivo”, afirma Palomero. En Cantabria no hay un plan de gestión del lobo y se permite cazar un ejemplar por cacería. Cinco asociaciones conservacionistas han reclamado a la comunidad que se aclare esta situación ya que este grupo jugaba un papel “impagable” en el control de ungulados salvajes, especialmente el ciervo, y ayudaban a conservar la biodiversidad del Parque Nacional.

“A la gestión del lobo habría que darle más objetividad y quitarle tanta pasión”, pide Roque Ortega, delegado de Ecologistas en Acción en Soria. Los cambios en Castilla y León, por ejemplo, tratan de adaptar su plan de conservación del lobo, de 2008, a los vaivenes judiciales que ha sufrido tras ser aprobado. Ecologistas en Acción denunció que se pretendía cazar al sur del Duero, donde la normativa europea lo protege, y la COAG recurrió el sistema de compensación de daños a la ganadería.

Los tribunales dieron la razón a los dos colectivos y ambos estudian ahora el nuevo documento para preparar alegaciones. Luis Oviedo, abogado de la organización ecologista que recurrió el anterior plan de conservación, advierte una tendencia a aumentar los cupos justo en el límite con el sur del Duero, que es donde no se considera especie cinegética. “Más que un plan de conservación del lobo es un plan de cómo cazar al lobo”, subraya.

La memoria explicativa del nuevo plan incluye todos los cupos de caza establecidos entre 2008 y 2012, que han subido de los 100 ejemplares a los 138 por año. Sin embargo, nunca se han alcanzado. En 2012, por ejemplo, estaban autorizadas 138 muertes de las que finalmente solo se produjeron 74.

Las razones de por qué no se han matado todos los lobos permitidos varían en función de a quien se le pregunte. Para las asociaciones conservacionistas es simple: no se matan porque no hay tantos como se dice. Los cazadores se quejan de que la Administración se lo pone muy difícil. “Nos sentimos como un ciudadano en libertad condicional, para salir a cazar hay que avisar a la Guardia Civil, a los agentes forestales… En la provincia de Segovia, por ejemplo, no se quiere ni oír hablar de que se le declare especie cinegética porque nos lo ponen todo realmente complicado”, cuenta Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Cazadores de Castilla y León. Defienden la necesidad de aprovechar el lobo cinegéticamente para evitar daños en vacas y ovejas y evitar desequilibrios en el ecosistema y opinan que los cupos son “bajísimos”, hasta tres veces por debajo de otras especies de caza mayor.

Los ganaderos de Castilla y León ven en el nuevo plan de gestión un reconocimiento a la colonización del lobo en todo el territorio y el asentamiento en zonas donde no estaba hace 100 años. “Costó mucho que la Junta lo reconociera”, comenta Aurelio Pérez, portavoz de COAG. Luchan para que se determinen de una vez los daños que les ocasiona el lobo. “Detrás hay muchas pérdidas, y no solo por ejemplares muertos, sino también dañados”, explica para después añadir el estrés que se le genera a los rebaños, y que hace que afloren enfermedades, que baje la producción de leche o que haya más abortos. “La coexistencia no es posible. Hay que determinar las zonas en las que puede o no puede vivir el lobo y dejar claro cómo se hace el control de la especie”, pide. Entre 2005 y 2012 la Junta ha contabilizado 1,7 millones en pagos por daños del lobo a la ganadería extensiva. Los biólogos inciden en que no se diferencia el daño que hacen los perros salvajes, por lo que el lobo termina cargando con culpas que no le corresponden.

La superpoblación de la que hablan los ganaderos resulta paradójica para los estudiosos de la especie. Andrés Ordiz, con más de 20 años de experiencia estudiando la conservación y la ecología del lobo, participó en el censo de lobos de Castilla y León de 2001 y recuerda que los grandes carnívoros, por definición, han de ser pocos, ya que no puede haber más predadores que presas. “Ningún plan de gestión contempla el papel que tienen en el ecosistema, esa función de controlar especies como jabalíes o ciervos. Matar lobos también tiene consecuencias”, recuerda este investigador que ahora trabaja para diferentes universidades de Escandinavia.

Los ganaderos se enfrentan a las dudas sobre el peso real de esos daños —en Asturias, por ejemplo, se está investigando si se han cometido fraudes en el cobro de las ayudas— y también al hecho de que la gran mayoría recibe subvenciones de la Política Agraria Común, que llevan asociados compromisos como las prácticas sostenibles y respetuosas con la biodiversidad.
En la calle de en medio está el turismo lobero, una actividad que genera casi medio millón de euros anuales al año en la sierra zamorana de La Culebra, considerada epicentro de esta actividad en España, aunque también hay puntos en la cordillera Cantábrica y en Portugal, donde se practica. El biólogo Javier Talegón, fundador de la empresa de ecoturismo Llobu, ve en ella el mejor ejemplo de que el lobo vivo puede ser rentable y que existen fórmulas para convivir en armonía.