Los cazadores han vuelto a descolgar el teléfono y han llamado a Miguel Arias Cañete. Ministro, ¿qué hay de lo mío? El Ministro ha estado rápido. Tranquilos chicos, estoy trabajando en ello. Ya tengo el guión.
Un guión que lleva tiempo gestándose, que empezó a escribirse en 2012 y que fue presentado en el primer trimestre de 2013, cuando el titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció la reforma de la Ley de Montes.
Dado que estamos ante una reforma que no es urgente, los ecologistas ya le sugerimos que las actualizaciones necesarias (Reglamento de Diligencia Debida, Montes de Socios, etc.) se podrían incluir como disposiciones adicionales en otras leyes como la ley de Impacto Ambiental o la de Responsabilidad Ambiental. Ni caso.
El guión promete. El texto de la reforma atiende demandas del sector cinegético que son un esperpento jurídico. Por ejemplo, en vez de pedir una reforma de la pre-constitucional Ley de Caza (de 1970) o de la Ley de Tráfico, incluyen en el texto de la futura La ley de Montes asuntos como la responsabilidad de los accidentes de tráfico ocasionados por la irrupción de fauna cinegética en las vías de circulación. Así, la Ley de Montes entraría en asuntos propios de la Ley que regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Otro de los gags de Cañete son los montes de utilidad pública. Quizás sepamos, después de tantos meses, la postura oficial del Ministerio ante la propuesta de la presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, de vender los montes de utilidad pública para hacer sanear la hacienda pública. Un pelotazo.
El guión también incluye la solicitud de los cazadores de dar prioridad a las actividades cinegéticas en los montes públicos frente a otras formas de ocio como el senderismo o la búsqueda de setas. Cañete será así el altavoz de un grupo económico poderoso y con el que comparte afición y días de campo, con la escopeta bajo el brazo. Los ciudadanos de a pié no podrán acceder a los montes públicos porque los cazadores así lo desean.
En un desenlace inesperado, Cañete no ha querido tener en cuenta que los aspectos cinegéticos son exclusiva competencia de las CCAA. Según su guión, esta reforma provocará de nuevo problemas y recursos de inconstitucionalidad tras más de treinta años discutiendo los límites del concepto “legislación básica” y su aplicación a los temas cinegéticos, que han provocado incluso la intervención del tribunal Constitucional. Cañete, consciente de lo que se juega su partido en las Elecciones al Parlamento Europeo, en mayo, podrá luego dar un giro copernicano en su guión cuando ya no haga falta contentar a una parte de su electorado más radical.
Sobre el escenario de rodaje, sabemos que la película se rodará en algún monte público, pero no probablemente en La Almoraima (Cádiz), finca pública de 15.000 hectáreas parcialmente incluida en el Parque Natural de Los Alcornocales y que el Ministro quiere vender por 300 millones de euros. Está garantizada la presencia de actores internacionales, ya que según el Ministro ya ha existen compradores interesados en la finca, pero «no son españoles» .
El Ministro al servicio de los cazadores. Otro capítulo de la saga “La Escopeta Nacional”, ese ácido retrato de Berlanga de una España casposa y cañí, donde las cacerías son el marco donde empresarios y políticos se reparten el pastel entre tiro y tiro. Ahora también en los montes públicos.
