Castilla y León, en línea con el Principado, propone limitar los fondos europeos a quienes al menos ingresen del campo tanto como reciben en subvenciones
28.11.2013 | 02:10
Oviedo, María José IGLESIAS
A partir de 2015 las nuevas ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que dejan en Asturias más de 60 millones de euros al año para 11.002 perceptores, se concederán solamente a quienes cumplan los requisitos de la nueva definición de agricultor activo y actividad agraria que el Ministerio de Agricultura debate con las comunidades autónomas. El Principado quiere circunscribir las subvenciones a quienes puedan constatar una actividad acreditada en el medio rural o contribuyan a generar empleos directos o indirectos en el campo.
En las negociaciones que se llevan a cabo en Madrid para decidir el nuevo reparto de los fondos agrarios, la directora general de Ganadería Rosa Urdiales, ha propuesto acordar una definición que ayude a redistribuir las ayudas de manera más justa, en Asturias y en España. El cambio conllevaría disponer de más dinero para repartir entre quienes, según los nuevos criterios, estarían considerados realmente agricultores y ganaderos. Fuentes del Principado consideran que la premisa para lograr esa reasignación más equilibrada de los fondos sería eliminar del sistema a quienes no mantienen actividad o ya reciben otro tipo de prestaciones por haber alcanzado la edad de jubilación y haberse dado de baja en la actividad agraria.
Las organizaciones agrarias, Asaja, Uca y Coag, reclaman que las los pagos de la PAC sean para agricultores y ganaderos «reales». La afirmación parece una obviedad, pero a juicio de los representantes del sector agrario no lo es. En Asturias, el cinco por ciento de las ayudas (alrededor de 2,8 millones de euros anuales) corresponden a 1.589 personas mayores de 65 años, muchas de las cuales, en teoría están jubiladas o ya no realizan actividades agrícolas pero mantienen la subvención en base a los derechos históricos en los que se fundamenta la PAC desde 2006, relativos a producciones que se remontan a 2002. El rescate de parte de esos fondos, permitiría, por ejemplo, crear un fondo de reserva específico para ayudar a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
En España el porcentaje de mayores de 65 años que tienen ayudas de la PAC, se dispara hasta el 40,7 por ciento de las 822.873 personas físicas con subvencios agrarias europeas. Son 33.851 beneficiarios que se llevan 1.112 millones de euros anuales sobre 3.843 millones, casi el 30 por ciento del presupuesto anual de la PAC, que se completa hasta 5.405 millones con las partidas correspondientes a personas jurídicas y sociedades.
La consejera de Agroganadería de Asturias, María Jesús Alvarez, fue la primera en reclamar en Madrid que el dinero agrario beneficie directamente a quienes viven de la actividad, como refleja el documento oficial sobre la PAC elaborado con las organizaciones agrarias. A la postura de Asturias se ha sumado la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, del PP, quien en otro documento pactado con los sindicatos, defiende limitar los fondos de la PAC a los agricultores y ganaderos que, al menos, equiparen sus ingresos de producción de actividad agraria y ganadera al importe de los pagos directos procedentes de Bruselas. Además de ese nivel de ingresos, el agricultor activo será el que asuma un riesgo empresarial por su trabajo agrario y que cumpla con todas las condiciones legales, de naturaleza jurídica y de Seguridad Social. Clemente matiza que eso no evita que se puedan tener en cuenta situaciones particulares, tales como que sea autónomo, tenga empleados a su cargo o sea «jubilado activo». El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se muestra receptivo a aceptar una modificación que no ven con buenos ojos otras comunidades grandes superficies de cultivo subvencionables.
La Comisión Europea asegura en los reglamentos de la PAC que el objetivo de ceñir las ayudas a los agricultores activos tiene como objetivo eliminar las lagunas jurídicas que han permitido que un número de beneficiarios reciba ayudas a pesar de que su actividad principal no es la agricultura. La reforma hace más estricta la norma e introduce una nueva lista negativa de actividades profesionales que deben excluirse de los pagos directos. En ella se incluyen aeropuertos, servicios ferroviarios, obras hidráulicas, servicios inmobiliarios y áreas deportivas y de recreo permanentes, salvo que las empresas demuestren una verdadera actividad agraria.
Cambio de régimen
El modelo antiguo
Los criterios en la asignación de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) vigentes se han basado en las siguientes premisas:
Las subvenciones se han calculado desde el año 2006 en función de la producción media histórica registrada en los años 2000, 2001 y 2002.
No se han establecido límites en los importes de los pagos por beneficiario ni en el tipo de receptores de las ayudas, que perciben incluso empresas que no tienen nada que ver con la actividad agraria.
Las ayudas se cobran mediante «derechos» con un complejo sistema, que resta o suma según el número de peticiones. En Asturias esa fórmula afecta de manera especial al vacuno de carne.
El nuevo mecanismo
Las novedades en el reparto de los fondos entre 2014 y 2020, que en realidad entrarán en vigor en 2015 parten de los puntos citados a continuación:
Las asignaciones de fondos se desvinculan de las producciones históricas y se realizarán por las hectáreas acreditadas.
La distribución de ayudas se realizará por comarcas agrarias. También se establecerá un mínimo de subvención por superficie, el llamado «pago básico».
Los criterios verdes aportarán ayudas complementarias a quienes acrediten una serie de prácticas ambientales.
La figura del agricultor activo pretende evitar que los fondos vayan a quienes no están ligados a la agricultura.
