Plegándose una vez más a las presiones del grupo de presión cinegético, la Consejería de Agricultura ha aprobado una orden de control de predadores que contradice los propios estudios que ha financiado la Junta y las directrices del Ministerio. Supone un riesgo grave para la conservación de 10 especies de carnívoros en declive, entre ellas 2 en peligro de extinción en Castilla-La Mancha, como el lince ibérico y el lobo.
El Diario Oficial publicaba ayer 9 de julio la Orden de 18/06/2013, de la Consejería de Agricultura, “por la que se establecen normas para la homologación de métodos de captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos domésticos asilvestrados así como se homologan los métodos de control denominados lazo propulsado tipo Collarum, lazo con tope y cierre libre en alar, lazo tipo Wisconsin en alar, lazo tipo Wisconsin al paso y caja-trampa metálica para urracas en Castilla- La Mancha”.
Esta era una orden intensamente demandada por la Federación Regional de Caza y por las organizaciones empresariales de la caza, APROCA y ATICA. Tras un opaco e irregular proceso de elaboración ha visto la luz un texto que satisface las principales exigencias del lobby cinegético, pero que pone en riesgo a todas las especies predadoras, en particular a las 10 especies de mamíferos carnívoros presentes en Castilla-La Mancha, entre las cuales se encuentran dos especies declaradas en peligro de extinción como son el lince y el lobo ibéricos.
La orden contradice las conclusiones de los estudios sobre métodos de control de predadores que ha realizado la propia Consejería con la financiación de los programas Life y que sólo validaban el uso de lazos tipo collarum y de la caja trampa para urraca por haber sido los únicos que han demostrado ser selectivos en la captura de las especies predadoras legalmente cazables y que más inquietan a los cazadores, esto es, el zorro y propia, urraca. La Consejería sin embargo, ha ido más allá en la orden y ha homologado otros tres métodos de caza que no resultan selectivos y que además son masivos, es el caso de los lazos de alambre con tope al paso o en alar o el lazo wisconsin en alar.
Con estas homologaciones la Consejería permitirá que se construyan barreras de vegetación, los llamados alares, a razón de 2.400 metros por cada 500 hectáreas con gateras cada 10 metros, o lo que es lo mismo, se permitiría instalar del orden de 240 lazos por cada 500 hectáreas. Una verdadera red de lazos de la que difícilmente podrán escapar ningún predador, sea protegido o no.
Hay que destacar que además la orden delega en personal especializado contratado por los propios cotos la supervisión de las trampas, por lo que quedará en sus manos la decisión sobre la supervivencia de los animales capturados. ¿Alguien alberga alguna duda de cuál será el destino que le espera a una buena parte de estos animales cuya vida va a depender de los intereses y prejuicios del titular del coto de caza y del trampero?
Se da la circunstancia que ante la peligrosidad que manifiestan estos dispositivos de lazos y alares para especies como el lince y el lobo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó en septiembre de 2011 unas directrices consensuadas con las Comunidades Autónomas, en la que se excluía de la instalación de estas trampas las zonas de presencia estable de las mismas. La Consejería se salta esta recomendación y en la orden abre la puerta a usar estos métodos en zonas de lince y lobo con el simple requisito de que haya un convenio con el titular cinegético.
Ecologistas en Acción considera que estos métodos de caza, además de estar injustificados, ya que la abundancia de especies predadoras que denuncian los cazadores no es tal, generarán un daño irreparable en la comunidad de mamíferos predadores, una de las más amenazadas en Castilla-La Mancha. La Consejería sólo ha tenido oídos a la hora de elaborar la orden para los principales interesados en que se apruebe y no le ha importado poner en riesgo a la fauna protegida con tal de conseguir su aplauso.
La asociación trasladará una queja formal a la Consejería por la aprobación de la orden y estudia en este momento las acciones legales o de otro tipo que se pudieran poner en marcha para intentar evitar su aplicación.
