La comisión de Agroganadería en la que se abordó la revisión del Plan del Lobo tuvo numerosas comparecencias informativas en las que participaron desde ecologistas a ganaderos, pasando por representantes de la Federación Asturiana de Concejos, de los guardas del Principado o de la Universidad, entre otros. Todos ellos ofrecieron su opinión respecto al nuevo texto elaborado por la Consejería del que destacaron sus carencias, aunque también hubo quien quiso resaltar sus aspectos positivos.
Entre las participaciones reseñables estuvo la de Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa). Pérez reclamó que en la tramitación de los expedientes de daños se aplique la ley de procedimiento administrativo para que cada reclamación tenga su número de registro, lo que facilitaría su archivo y que no se pudiese perder. Además pidió que se elaboren unos criterios de análisis de los daños «para evitar evaluaciones distintas en función de quién las realice y dónde». También aseguró que «falta formación para los guardas» referente a la evaluación de daños y reclamó la elaboración de una tabla actualizada con los importes a indemnizar para cada res afectada. Pérez añadió además que, en opinión de los guardas, «se debe poner más énfasis en evitar los daños» en lugar de utilizar las indemnizaciones como principal instrumento en la gestión del lobo. Unas indemnizaciones que rondan el millón de euros anuales.
Alberto Gil, representante de los colectivos conservacionistas en el Comité del Lobo, solicitó «un cambio de las herramientas del Plan del Lobo», que son las indemnizaciones y los controles. Lamentó que el texto haya «relegado las medidas preventivas» para evitar los ataques, e insistió que «es una grave irresponsabilidad política insistir en un sistema de pago de los daños». Recordó que existen investigaciones que afirman que los controles de población pueden ocasionar un incremento de los ataques. Y concluyó asegurando que para los conservacionistas «es inasumible que los cazadores participen en los controles, tanto a nivel jurídico como social».
Desde la Federación de Concejos, Eduardo Lastra valoró positivamente «la existencia de un marco normativo» respecto a esta especie en la región «pero se observa una falta de concreción presupuestaria para la ejecución de las medidas». «Se habla de potenciar el turismo del lobo pero tampoco se concreta qué financiación va a recaer de esta idea en las administraciones locales», apuntó.
Entre los participantes en la comisión también estuvo Carlos Nores, titular del Departamento de Biología de la Universidad. Nores señaló que «el conflicto del lobo tiene tres vertientes: sociológica, económica y ecológica. Lo que no se ha hecho es desarrollar estrategias de conciliación de esos intereses». El biólogo destacó que «el Plan del Lobo aborda todos los aspectos que hay que tener en cuenta» a la hora de gestionar esta especie, «el problema es cómo se van a ejecutar». En cuanto a la situación de la especie, Nores afirmó que «se pueden extraer lobos sin que haya un perjuicio para la especie, se han extraído durante los últimos años y pese a ello su población ha crecido un 2,5% por año».
Alfonso Artidiello, secretario de la Junta Administrativa del Puerto del Sueve, afirmó que «muchas de las propuestas del Plan del Lobo pretenden acabar con la ganadería en extensivo». Así mismo insistió en que «los ganaderos no pretendemos acabar con el lobo, lo que queremos es que él no acabe con nosotros».
Desde la Sociedad de Cazadores de Teverga, Anselmo García sostuvo que si «en el Parque Nacional de los Picos de Europa los jueces permitían abatir a 6 lobos de una población estimada de 50 ejemplares» en 2012, «haciendo una extrapolación de esas cifras al conjunto de la región, porque hay otras zonas con más densidad lobera que los Picos, nos darían unos 550 ejemplares y no los 180 que dice la Administración».
Entre los sindicatos agrarios la postura era muy similar. Ni a COAG, ni a UCA, ni a Asaja les gusta el texto. «Hay ataques constantes. La situación es crítica. Peligran las razas autóctonas, una cultura y la actividad en el medio rural. El nuevo Plan del Lobo nos parece insuficiente dada la problemática actual» pero «lo preferimos a que no haya plan», resumía Mercedes Cruzado, de COAG.
Por su parte el director del Parque Nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, insistió en que el lobo «no es una especie que esté en peligro de extinción y en España sólo está protegida al sur del Duero». «Al norte puede ser objeto de medidas de gestión», añadió el director del Parque Nacional, quien apuntó que la normativa de este espacio protegido indica que «hay que mantener la población del lobo en su justa medida y que la ganadería extensiva no sufra más de lo asumible».
Fuente noticia: http://www.elcomercio.es/
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