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Agentes medioambientales de la Junta sorprenden a cazadores ocultando un ejemplar de lobo

Ante las sospechas reiteradas de que determinados grupos de cazadores aprovechan las cacerías autorizadas de jabalí para abatir ejemplares de lobo de forma fraudulenta, los agentes de la Junta de Castilla y León montaron hace unos días un dispositivo especial de control cinegético en el coto de caza BU 10.045, del término municipal de Quintanilla-Tordueles, con el fin de comprobar “in situ” el cumplimiento de las normas prescritas por el Servicio de Medio Ambiente sobre la gestión de la especie en la provincia de Burgos.

Según fuentes de la Junta en Burgos,tras observar pormenorizadamente el transcurso de la actividad cinegética, los agentes observaron que ejemplares de lobo salían por la zona de la línea de tiro, y mientras algunos cazadores dejaban pasar sin disparar a esta emblemática especie, algunos otros no pudieron vencer la tentación de hacerse con un trofeo tan preciado últimamente entre algunos círculos del ámbito cinegético, decidiendo disparar sobre alguno de de ellos, no haciendo puntería sobre éste en algún caso y haciendo blanco en otro, siendo abatido un lobo.

Este ansiado trofeo lleva a algunos cazadores a ocultar su captura en las cacerías, a veces, entre ellos mismos. En este caso, tras disparar y abatir el lobo se trató de ocultar en el monte tapando con ramas al ejemplar, que fue descubierto por los agentes sin perderlo de vista desde un punto de observación.

Tras personarse los agentes en el lugar y descubrir el cadáver del animal, se comprobó que se trata de un ejemplar joven y por tanto, no muy experimentado en esquivar y escapar a las líneas de tiro de las cacerías.

Si bien es cierto que últimamente se han producido algunos daños a la ganadería en la zona, la Junta de Castilla y León tiene habilitadas unas ayudas destinadas a pagar las franquicias de las pólizas de seguros de los ganaderos que se encuentren en zonas frecuentadas por lobos.

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LOS ECOLOGISTAS PIDEN REVISAR SUS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA

Catorce grupos ecologistas asturianos han pedido a la Procuradora General de Asturias que traslade a la Defensora del Pueblo una petición de revisión de las actuales condiciones de acceso a la justicia gratuita para las organizaciones de defensa del medio ambiente, una petición ya planteada desde Andalucía. Según estos colectivos, la actual reforma legislativa que regula regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia dificulta «de forma importante» el acceso a la justicia a los grupos ambientales y lo hace en algunos casos inviable. Los ecologistas muestra su preocupación «por el retroceso sobre el camino ya andado» que supone, a su juicio, la imposición de determinadas tasas judiciales en el acceso a la justicia a quienes han demostrado «una gran eficacia en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado para toda la ciudadanía». Así, plantean que la Defensor del Pueblo promueva una modificación de la normativa que contemple la posibilidad de que los ecologistas puedan acogerse a las exenciones de tasas judiciales previstas las asociaciones de utilidad pública para que puedan seguir defendiendo los intereses ambientales en los tribunales. Fuente noticia

El furtivismo, el peor enemigo del corzo

No sé si será por los precios tan elevados que alcanza un precinto de corzo o por lo fácil que resulta furtivear al pequeño cérvido, pero lo cierto es que el corzo es la especie que sufre más bajas por este tipo de delincuencia.

 

Es perentorio que Interior se involucre en este grave problema, que se aumente el número de miembros de la Guardia Civil en el Seprona, y también que los Agentes de Medio Ambiente ejerzan tareas de vigilancia.

Si dispusiéramos de datos concretos sobre las bajas que causa el furtivismo, les aseguro que sería para echarse a temblar

Se dice que la predación que ejerce el zorro, en concreto, sobre los corcinos, alcanza el 40 o 50% de defunciones en los dos primeros meses de vida, pues bien, con ser verdaderamente alarmante esta cifra, si dispusiéramos de datos concretos sobre las bajas que causa el furtivismo, el tradicional y el consentido, les aseguro que sería para echarse a temblar. Y lo peor es que, sabiendo como sabemos, el daño que los desalmados de faro y silenciador causan a esta especie, poco o nada se hace para acabar con esa gentuza.

Es perentorio que Interior se involucre en este grave problema, que se aumente el número de miembros de la Guardia Civil en el Seprona, y también que los Agentes de Medio Ambiente ejerzan tareas de vigilancia, sobre todo en los meses previos al desvede, que es cuando se cometen la mayoría de estas fechorías.

Aparte, se deberían extremar todas las medidas de control rutinarias y extraordinarias como, por ejemplo, inspecciones periódicas a los taxidermistas y a las armerías. Éste es el único camino, pero dudo que, actualmente, exista voluntad política para acabar con esta lacra que tanto daño hace a las especies cinegéticas y a los cazadores.

El furtivismo, delito penal

Hace unos años sabido era que poco se podía hacer frente al furtivismo, estos delincuentes se amparaban en la ley de 1970, en la que el legislador consideraba a la mayoría de estas acciones como faltas de caza.

En consecuencia, la sanción podía oscilar entre el arresto menor o una multa de 250 pesetas, que era lo normal entonces y 5.000 en el caso de que la sanción impuesta fuera en su grado máximo, situación ésta que pocas veces ocurría.

De tal modo que, en el improbable caso de que a uno de estos sinvergüenzas le pillasen y luego fuera condenado, cosa harto difícil, la multa era como para echarse a reír. Menos mal que, afortunadamente -eso creíamos muchos-, con la modificación del artículo 335 del Código Penal en el año 2005 el furtivismo pasó a considerarse delito penal, lo que hacía suponer que el problema acabaría solucionándose, pero quía, lamentablemente, no ha sido así.

El que condenen a alguien por furtivismo sigue siendo bastante complicado aunque le cojan in fraganti. Si no que nos digan en estos últimos años de todos los furtivos denunciados cuántos han ido a la cárcel por ese delito. Siento decirlo, pero nuestra información al respecto es bastante desalentadora.

Furtivismo de guante blanco

Y por si fuera poco, la pesada carga del furtivismo tradicional, desde hace unos años y sin apenas hacer ruido, ha irrumpido en la escena un nuevo modelo de furtivismo, nos referimos a aquellos que valiéndose de un precinto de corzo legal, éste lo utilizan como salvoconducto para campar a sus anchas durante toda la temporada amparándose  muchos en la más absoluta legalidad.

Es lo que podríamos llamar el furtivismo de guante blanco, modalidad en la que es preciso que intervengan dos actores: el titular del coto (persona física o sociedad) y el adquiriente del derecho cinegético sobre una especie determinada.

En rigor, esta contraprestación de derechos y obligaciones no tiene nada de anormal, se entiende que la persona que paga por cazar un animal su derecho se extingue cuando se abate o hiere al animal según las condiciones explicitadas en el contrato. Hasta aquí de acuerdo.

No obstante, la cosa cambia cuando ambas partes entienden de manera tácita, por los motivos que sean, mayormente precios sobrevalorados, que predisponen al arrendatario a cerrar los ojos ante cualquier tipo de conducta lasa por parte del arrendador.

No crean que exageramos, estas actuaciones suceden con más frecuencia de las que pudiéramos pensar. Es la triste realidad, existe gente en mayor número del que pensamos que con facilidad caen en brazos de la tentación del dinero fácil y los precintos los venden al primer postor sin poner trabas de ningún tipo. De tal forma que el adquiriente, una vez que ha conseguido el anhelado precinto, consciente del alto precio desembolsado y, al mismo tiempo, sabedor de la escasez o falta de guardería busca resarcirse matando todo aquello que se ponga a tiro.

Furtivismo, en negro o en B, como queramos llamarle, pero que es el que más víctimas causa entre la población corcera.

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Distribución actual y estimas poblacionales

Entre 1987 y 1988, por encargo del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), se llevó a cabo un estudio nacional para evaluar la distribución, la situación y la problemática del lobo en España. El área de distribución de la especie se extendía por unos 100.000 km2, fundamentalmente en el cuadrante noroccidental del país (la mayor parte de Galicia, la porción meridional de Asturias y Cantabria, la mitad septentrional de Castilla y León y algunas zonas de La Rioja y el País Vasco). Además, en la mitad sur de España se localizaron dos núcleos residuales y aislados en Extremadura y Sierra Morena. La población española de lobos se estimó en 300 grupos familiares, hablándose entonces de unos 1.500 ejemplares antes de los partos, y de unos 2.000 a mediados del otoño. El 90% de la población española se concentraba en Castilla-León y Galicia. La población septentrional mostraba una tendencia a aumentar, mientras que la tendencia de los núcleos de la mitad sur era regresiva y fueron considerados en peligro de extinción.

Desde entonces, se viene produciendo una lenta expansión en zonas cerealistas de la meseta castellana, pero hoy día este proceso se ha ralentizado notablemente o incluso se ha frenado (se detecta regresión en el Sistema Ibérico meridional y el Duero oriental, entre otras zonas). En 2001 se estimaron en la Península Ibérica 254-322 grupos familiares (254 confirmados y 68 probables) distribuidos a lo largo de 140.000 km2, esto puede suponer una población efectiva de 500-650 adultos reproductores.

 

Las estimas del número de grupos parecen aceptables, pero no es sencillo comparar los datos de finales de de los 80 con los más recientes. Por ejemplo, en Castilla-León, se estimó la presencia de 158 grupos (125 detectadas más 33 «posibles») a principios de los años 90, y de 149 grupos («107 seguros, 42 probables») en 2001. La aplicación de criterios, procedimientos y esfuerzos de muestreo diferentes, y de grados de certeza variables a la hora de confirmar la existencia de grupos es la causa de estas dificultades. Así por ejemplo, en 1990 se consideraba la existencia de grupos detectados y «posibles», mientras que en 2001 se utilizaron los términos «seguro» y «probable». Por otro lado, es mucho más difícil conocer el tamaño real de la población (número de individuos) ya que este número puede variar, incluso dentro de un mismo año, de forma dramática (antes y después de los partos). El número de grupos estimados parece aceptable porque las estimas se basan en datos empíricos (de campo), mientras que el tamaño de grupo ha venido adjudicándose de manera más arbitraria, escasamente fundada en datos empíricos, y que en todo caso reflejarían, en el más optimista de los casos, tamaños de grupo inmediatamente después de los partos, es decir, coincidiendo con el máximo tamaño anual del grupo y antes de empezar la época de caza (siendo ésta la causa que genera el mayor porcentaje de mortalidad de lobo en la Península). Parece pertinente, por tanto, estimar el tamaño de la población a través del tamaño de grupo en invierno, añadiendo acaso un porcentaje de individuos dispersantes. Una estima más realista del tamaño poblacional se basa en el concepto de «población efectiva», que hace referencia al número de adultos que participan en la reproducción. Según esta aproximación, la población ibérica, incluyendo por tanto los núcleos de Portugal, estaría compuesta por ~750 adultos reproductores, dato estimado a partir del número de grupos conocidos. Discutir si esta población es «viable», tanto demográfica como genéticamente, o si es incluso «funcional» (en cuanto a sus efectos y relaciones en el ecosistema), es un asunto mucho más complejo y relevante que el tamaño de la misma en un momento dado.

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Agroganadería afirma que el control del lobo en Valdés se ajusta al plan de gestión

Ante el malestar suscitado en Otur y otros núcleos costeros del concejo de Valdés por los ataques reiterados de los lobos, la Consejería de Agroganadería asegura que «se está siguiendo el plan de gestión» para controlar la presencia de cánidos en la zona.

La afirmación contrasta con la opinión de los ganaderos afectados y también del Ayuntamiento. De hecho, el alcalde, José Vallejo, ha remitido un escrito a la consejera, María Jesús Álvarez, instando a «tomar de inmediato las oportunas medidas para que estos sucesos no vuelvan a repetirse y a reproducir en la población la inseguridad, el temor y preocupación que existe».

Y es que los últimos ataques se han registrado en las inmediaciones de zonas habitadas. Por esto, «es necesario poner en marcha medidas que puedan, de forma racional y rápida, ajustar las poblaciones de lobos y, sobre todo, extraer esos ejemplares de las zonas próximas a los núcleos rurales».

Desde el grupo parlamentario de Foro en la Junta General también se cuestiona la actuación de la consejería. El portavoz en la comisión de Agroganadería, José Ramón Campo, señaló que en el área Palo-Esva, en la que se sitúa Valdés, «se ha pasado de un total de 904 reses afectadas en el año 2008 a 1.299 en 2011 y, en cuanto a ovino se refiere, se ha pasado de un total de 183 daños a 283».

El incremento de las pérdidas en la cabaña ganadera coincide, según el diputado por el Occidente, con un aumento de la población de lobos. Citando datos de la Consejería, señala que en 2001 se tenían registrados tres grupos de cánidos en la zona y, diez años después, ocho «todos ellos con reproducción y sin tener en cuenta las dudas a las que se somete este recuento por parte de cazadores, ganaderos y vecinos, que afirman la existencia de un número muy superior».

Además, apunta también que las indemnizaciones a ganaderos afectados han descendido.

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ONG exigen participar en la elaboración de la Estrategia contra el uso de veneno en Extremadura

El Consejo de Coordinación Interadministrativa de Extremadura sobre el uso de veneno en el Medio Natural, tendrá entre sus principales cometidos la elaboración y aprobación de la Estrategia Extremeña

Se reúne el  Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura para aprobar un decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación Interadministrativa de Extremadura sobre el uso de veneno en el Medio Natural. Las tres ONG han remitido una carta a D. José Antonio Echávarri Lomo Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en la que solicitan su participación y mayor información sobre las acciones emprendidas contra los envenenamientos de fauna silvestre.

El Consejo de Coordinación Interadministrativa de Extremadura sobre el uso de veneno en el Medio Natural, tendrá entre sus principales cometidos la elaboración y aprobación de la Estrategia Extremeña para la lucha contra el uso de venenos en el medio natural. “No entendemos como la preparación y aprobación de un documento de esta trascendencia puede llevarse a cabo de espaldas a la sociedad civil y sin la participación de organizaciones que llevan varios años luchando contra el uso ilegal de veneno”, señalan desde las ONG.

 

Esta falta de participación se une a la desatención de las peticiones de información ambiental que, en temas de veneno, han realizado las organizaciones conservacionistas y que han sido reiteradamente desoídas por la administración extremeña. Estas circunstancias se unen al desmantelamiento de algunas medidas eficaces contra el veneno, como la patrulla canina con la que contaba la Consejería,  imprescindible en la prevención y detección de cebos envenenados.

Situación del veneno en Extremadura

Extremadura es una de las comunidades autónomas con una grave incidencia de cebos envenenados y  una de las que alberga mayores poblaciones de rapaces amenazadas mundialmente, como el buitre negro, el alimoche y el águila imperial. Un ejemplo significativo es el caso del  buitre negro: entre 2003 y 2010 se han encontrado casi 40 ejemplares envenenados  en Extremadura. Esta cifra no es representativa de la realidad, ya que, según los expertos, los ejemplares detectados no llegan ni a un 7% de los que han muerto.

 

A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar  depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos,  completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método  masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la  legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el  Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública,  para el medio ambiente y para nuestras mascotas.

ECOticias.com

La difícil adaptación a Asturias del bisonte

Tres de los ejemplares soltados en Villayón mueren despeñados, débiles por la disminución de los nutrientes de su alimento natural por culpa de las lluvias

Villayón, A. M. SERRANO
Los bisontes tratan de adaptarse a Asturias con problemas. El Principado fue el lugar elegido en junio de 2012 pasar soltar a 16 animales procedentes de Holanda y Bélgica dentro de un proyecto europeo para recuperar esta especie. Los bisontes han tenido más problemas para sobrevivir en la braña del Zapurrel, de la montaña de Villayón, que en Siero. En Villayón han muerto tres ejemplares. Fernando Morán, que dirige el proyecto en Asturias, cree que el origen de las muertes es el temporal de lluvias.
En la cuenca naviega se optó por una adaptación llamada «hard release». Los animales se encuentran en un lugar cercado y están sometidos a vigilancia continua, pero sin ayuda ni intervención humana. Los seis bisontes del Zapurrel se aclimataron a una zona de 26 hectáreas de las 131 a su disposición. La zona pasó «de ser un matorral impenetrable a una pradera», explica Morán. Se alimentaban bien y su estado físico y salud «fueron perfectos en los primeros meses de adaptación». Pero en enero llegaron los problemas. La intensidad de la lluvias y un invierno más duro de lo esperado hizo que «las plantas lavadas y en estado vegetativo (alimento el bisonte) perdieran sus nutrientes», detalla Morán. Este experto cree que las condiciones meteorológicas y la fuerte ladera del Zapurrel están detrás de la muerte de los tres ejemplares. En todos los casos, fallecieron despeñados por estar débiles tras no poder alimentarse.
Para atajar este problema, y desde marzo, hay cambios en el proyecto de introducción del animal en Villayón. Ahora los bisontes están más controlados, «tienen comida de apoyo, desparasitación, minerales y más seguridad». Según Morán, los bisontes no han respondido todavía al aporte de comida y al control alimentario.
En Siero, el proyecto responde mejor. Los cuatro bisontes se encuentran en una zona llana de pasto y tienen cuidadores. Sólo se produjo una baja por un traumatismo el pasado febrero. Los bisontes de Holanda y Bélgica están demostrando una capacidad de adaptación menor que los traídos de Polonia a San Cebrián de Mudá (Palencia).

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Medio Ambiente sanciona con dos años sin cazar a la asociación Montes de Cierzo

la medida se une a la imputación de cinco personas por envenenar aves en la ribera

TUDELA. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha resuelto sancionar a la asociación de cazadores y pescadores deportivos Montes de Cierzo con la suspensión, durante dos años, de la actividad cinegética. Esta medida es una de las tres de carácter administrativo que el departamento puso en marcha tras hacerse público el envenenamiento masivo de aves en los cotos de caza de Tudela y Cintruénigo, entre los meses de abril y julio de 2012.

Por esos hechos hay actualmente imputadas cinco personas, dos de ellas las que ostentaban la presidencia de los cotos afectados y las otras tres, un guarda de Montes de Cierzo y un vocal, y un quinto individuo de Tudela. A todos ellos, por una sentencia del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tudela, se les prohibió el ejercicio de la caza y se les retiraron las licencias y permisos para este fin. Además, podrían enfrentarse a una pena de prisión de entre 14 meses y dos años, y una multa.

HECHOS A esas medidas cautelares solicitadas por los colectivos denunciantes de los hechos -SEO/BirdLife, WWF España y Ecologistas en Acción- se une ahora esta resolución, que forma parte de los tres expedientes sancionadores incoados por el Gobierno de Navarra: el de Montes de Cierzo, frente a la asociación de cazadores de éste y a la asociación de cazadores de Cintruénigo, respectivamente, por «no comunicar» al departamento la presencia de veneno y aves muertas en los cotos.

Antes de la resolución, la asociación de cazadores y pescadores deportivos de Montes de Cierzo presentó una serie de alegaciones que fueron desestimadas por el departamento del Gobierno de Navarra. Entre ellas, calificaban de «artimaña torticera» la incoación del procedimiento para perjudicar al colectivo. También apelaban a la presunción de inocencia. En ambos casos, la resolución es rotunda. Por un lado, se considera que la Administración ha ejercido sus funciones y ha velado por el principio de legalidad. En el segundo, se da como «acreditada documentalmente» por los atestados del guarderío forestal que «se han producido sucesos de envenenamiento y uso de artes prohibidas en el acotado». También se aprecia que la hipótesis de que la sociedad de cazadores ignorara los hechos, «queda desacreditada por el gran número de aves encontradas, por su dispersión, por lo prolongado del período en el que fueron apareciendo sus cadáveres y porque aparecieron en puntos fácilmente accesibles y de elevado tránsito», constatan.

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Los guardas del Principado matan a una loba cerca de La Collá, en Morcín

Los ganaderos critican que el Gobierno regional negara la presencia de cánicos

Mieres del Camino, C. M. BASTEIRO La Guardería del Principado de Asturias abatió a una loba en el entorno del paraje morciniego de La Collá. La actuación ha generado polémica entre los ganaderos de la zona porque el Principado llevaba meses achacando a unos perros los ataques que se han sucedido en el municipio y que han terminado con más de sesenta reses en la última temporada.
Borja García es uno de los ganaderos que ha sufrido pérdidas de reses en los montes de Morcín. Desde el pasado mes de octubre, ha perdido cinco cabezas de su rebaño de oveya xalda y no ha percibido ni un solo euro de indemnización. «Entendería que no pudieran pagarlo por la difícil situación económica, pero lo que no entiendo es que se nos trate como si fuéramos tontos», explicó García. Según señaló, «en la Consejería de Agroganadería llevan meses diciéndonos que esta zona no es lobera, que es imposible que haya ni un solo ejemplar y ahora vemos que es mentira». El pasado sábado, la Guardería recibió el aviso de un ganadero de Otura. «El ganadero alertó de que había un lobo en su propiedad y que estaba atacando al ganado», explicó García. El Principado activó un control y se mató a una hembra en la zona, en el entorno de La Collá.
Desde la Asociación de Ganaderos Afectados por el Llobu (AGALL) en la comarca del Caudal también han dado su opinión. Exigen a la Directora General de Recursos Naturales del Principado de Asturias, Fina Álvarez, que explique «por qué se dice que hay perros salvajes atacando mientras que se están matando lobos en la zona». Los portavoces de la entidad criticaron que el Principado cuenta con una «escasa» partida de 850.000 euros para pagar todos los daños que causan los animales salvajes en el ganado doméstico.

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