Blog

La Xunta podrá obligar a los propietarios de montes afectados por incendios forestales a talar los árboles quemados en un plazo máximo de seis meses bajo amenaza de sanción. Y, a mayores, si la Consellería de Medio Rural lo estima necesario, el titular de la finca deberá también asumir las labores de restauración del terreno quemado. Si no lo hace, sería el Gobierno gallego quien ejecutaría esas tareas de manera subsidiaria pasándole luego la factura al propietario. En cualquier caso, el departamento de Rosa Quintana, aclara que dará «apoyo técnico y económico» a los dueños de los terrenos para restaurar el monte.

Así se recoge en un borrador de decreto que ultima la Consellería de Medio Rural para regular los aprovechamientos forestales. Esta normativa sustituye a una orden anterior, del año 2004, e incluye, según aclara en su exposición de motivos, «nuevos supuestos» que no estaban reflejados hasta ahora en referencia a las masas arbóreas afectadas por plagas o al aprovechamiento de madera quemada.

Si los propietarios de los montes quemados quieren cortar la madera quemada y venderla deberán solicitar una autorización a la Consellería de Medio Rural. Esto les permitirá tener un mayor control y disipar las sospechas sobre posibles fuegos vinculados a intereses económicos de la industria forestal.

Sin embargo, el problema en muchos casos cuando hay incendios no es que se corte la madera sino al contrario, que no se retire puesto que retrasa la recuperación de la zona e incluso puede derivar en plagas.

En la ola de fuegos de 2006 ardieron más de cuatro millones de metros cúbicos de madera y, pese a que la Xunta llegó a un acuerdo con el sector y comunidades de propietarios, tardaron en retirarla más de un año.

El nuevo decreto que prepara Medio Rural establece que deben ser los propietarios los que retiren esta madera quemada siempre que así se le ordene cuando la Administración considere que esta medida es necesaria para «una adecuada restauración y reparación de los daños ocasionados a los montes, así como por razones de sanidad vegetal, política forestal o seguridad».Se dará un plazo de seis meses para extraer esta madera quemada del monte y advierte que incumplir esta obligación se considerará «infracción administrativa». La Xunta advierte que, en ese caso, se instruirá un expendiente sancionador sin prejuicio de que la Xunta asuma subsidiariamente la responsabilidad de talar los árboles quemados, en cuyo caso después siempre se pasa la factura de los gastos al titular de la finca.

Pero la Administración autonómica también carga a los propietarios de los montes quemados con la responsabilidad de restaurarlos.Medio Rural podrá ordenarle «medidas encaminadas a restaurar los montes afectados por incendios forestales. En caso de incumplimiento, sería de nuevo la Xunta quien ejecute estas actuaciones de restauración de forma subsidiaria.

Según establece el nuevo decreto, la Xunta podrá elaborar un mapa de riesgos vinculados a los incendios forestales del último periodo delimitando qué zonas pueden ser sensibles a la erosión, a la afección sobre los cursos y los recursos hídricos, forestales y pesqueros o a las infraestructuras.

En estas áreas más delicadas, si se registrasen fuegos, el Gobierno gallego podrá declarar los terrenos afectados como «zonas prioritarias de actuación». Aunque el primer paso será alcanzar acuerdos con los propietarios para que inicien los trabajos de restauración para lo cual se habilitarán ayudas o planes cofinanciados de intervención, Medio Rural advierte que si el titular de los montes se niega «a aplicar las medidas de restauración del terreno y se trata de «una situacion de emergencia que así lo justifique, podrán decretar la expropiación forzosa o la ocupación temporal de sus propiedades.

Con respecto a los pastos se mantiene la prohibición de pastorear en terrenos afectados por fuegos forestales en los dos años posteriores al incendio.

Fuente noticia.

El sindicato Unións Agrarias (UU AA) rechaza el decreto de la Xunta que regula el aprovechamiento forestal y que ayer fue analizado en su consejo semanal. Uno de los aspectos que incomoda a la formación es el relativo a la prohibición del pastoreo en zonas quemadas durante dos años, lo que a juicio del sindicato supone «una criminalización y un castigo injusto, contrario a toda razón de la actividad ganadera», dice.

UU AA entiende que con esta norma el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pretende «trasladar la responsabilidad de los incendios forestales a quienes son las verdaderas víctimas, los ganaderos y agricultores», eludiendo la responsabilidad que el gobierno autonómico tiene a la hora de realizar una gestión y ordenación adecuada de los montes. Para la organización agraria la situación de los incendios «no sería la misma sin el abandono del rural gallego» del que culpa al equipo de Feijóo por no desarrollar iniciativas de aprovechamiento.

Fuente noticia.

Cadáver del lobo hallado cerca de Monte la Reina. Foto A. Z. C. N.

M. J. C. La Asociación Zamorana de Ciencias Naturales ha denunciado públicamente la muerte de un lobo en el término municipal de Toro. Responsables de este colectivo explicaron que varios vecinos de Toro localizaron el pasado 7 de enero el cadáver de un lobo, un macho adulto, en una zona cercana a Monte la Reina. Tras alertar sobre el hallazgo a la Guardia Civil de Toro y al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de Zamora, el cadáver del lobo fue levantado por los efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), de acuerdo al protocolo establecido en el programa «Antídoto» de lucha contra el veneno. Responsables de la Asociación Zamorana de Ciencias Naturales destacaron que, por el momento, se desconocen los motivos de la muerte del ejemplar de lobo hallado por varios vecinos, aunque, como matizaron, la necropsia determinará las causas del fallecimiento. La Asociación Zamorana de Ciencias Naturales ha lamentado la muerte de este ejemplar de lobo y ha recordado, de nuevo, la importancia de esta especie en los ecosistemas zamoranos que considera «una verdadera joya zoológica, que además supone uno de los motores de desarrollo de zonas como la Sierra de la Culebra». Por otra parte, la Asociación Zamorana de Ciencias Naturales ha insistido una vez más en la «enorme» importancia y singularidad de la masa forestal de Monte la Reina, un paraje muy cercano al lugar en el que fue hallado el cadáver del lobo y que supone un refugio para esta especie. En este punto, los responsables de esta agrupación recordaron el «peligro» en el que se encuentra Monte la Reina por distintas «amenazas» como la presunta privatización de la zona forestal que, en principio habría paralizado el Ministerio de Defensa y con el que el Ayuntamiento de Toro pretende alcanzar un acuerdo definitivo sobre los terrenos, la actividad desarrollada en la zona por las explotaciones de áridos o el corte de encinas centenarias.

Fuente noticia.

M. J. F. La Alianza UPA-COAG considera «fundamental» que se responda «perfectamente» a la necesidad de aplicar la reforma de la PAC «con criterios sociales y más ajustados al sentido común», si lo que se pretende es «apoyar al verdadero agricultor y ganadero profesional y acabar con la especulación y la agricultura de sofá».
La organización recalca «lo mucho que se juega Castilla y León» en la Conferencia Sectorial que deberá decidir la aplicación nacional de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014/2020 y que se celebrará el próximo 21 de enero, al tiempo que ha insistido en que es «clave» que se recoja el concepto básico de agricultor activo definido en la Comunidad «para que de una vez por todas se atiendan las demandas de los verdaderos profesionales del sector agrario». Así lo ha señalado en un comunicado remitido a Europa Press en el que ha pedido que de esta reunión salgan «acuerdos relevantes» para los agricultores y ganaderos profesionales.
En este sentido, la Alianza recuerda que el concepto de agricultor activo está enmarcado en el artículo 9 de la propuesta del Reglamento Comunitario correspondiendo a los estados miembros la definición concreta de quienes deben ser los beneficiarios de los pagos compensatorios de la PAC. De igual modo, el artículo 4 C del reglamento del Pago Básico se refiere a la definición de actividad agraria, que otorga un «amplio margen» a los estados miembros para que fijen los criterios que definan la actividad en las explotaciones. Por este motivo, UPA-COAG recuerda la posibilidad que tiene en este caso España de recoger «lo que mejor conviene a los verdaderos profesionales del sector agrario» del país. Si finalmente el Ministerio de Agricultura aprueba los grandes principios que se han recogido en el documento de Castilla y León, se pondría negro sobre blanco a conceptos fundamentales como la obligatoriedad de cumplir la normativa básica en materia fiscal y de seguridad social.

Fuente noticia.

Catorce perros muertos en tan solo dos meses. Este es el balance que dejan los lobos en Xestoso, donde los cazadores indican que habitan varias manadas que no dan un respiro a los animales. Todo comenzó hace un año. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer cadáveres de perros, una situación que se ha ido agravando y que los vecinos achacan al aumento de lobos en los últimos meses.

Ramón Blanco, presidente del Coto de Caza de Xestoso, cree que en la parroquia hay varias manadas de entre 4 y 6 lobos. «Queríamos que nos deran algunha batida, pero polo momento non a conceden», indicó el cazador, que añade que «xa fai máis dun ano que intentamos que as concedan».

Expediente abierto

Desde la Consellería de Medio Ambiente aseguran que el miércoles varios técnicos del Servizo de Conservación da Natureza visitaron la zona. Pusieron en marcha una inspección para elaborar un informe, que se espera que determine una solución al problema. No obstante, se trata de una inspección que el servicio inició de oficio puesto que no consta ninguna denuncia al respecto. Ninguno de los perjudicados en Xestoso siguió el protocolo de actuación habilitado para estos casos, que consiste en hacer una llamada al 112 para abrir una incidencia.

Lo que llevó hasta la parroquia a los técnicos fueron los múltiples comentarios que pudieron oír entorno a la zona. Con respecto a las batidas que reclaman los cazadores, Medio Ambiente señala que el Plan de Gestión del Lobo de Galicia establece pautas muy concretas. Por lo tanto, la decisión de tomar esa medida dependerá de lo que establezca el informe.

Ovejas en Monfero

El municipio de Monfero también sufrió hace unos meses un episodio parecido. En este caso las víctimas que se cobraron los lobos fueron ovejas, y los vecinos mantienen que los técnicos de Medio Ambiente también visitaron el concello. Precisamente el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el miércoles la nueva Ley de Caza, que define con mayor claridad el concepto de caza eliminando errores que causaron problemas de interpretación, e introduce novedades en la gestión de los terrenos cinegéticos.

Asimismo, reforma el régimen de aplicación de las zonas de seguridad y establece criterios más claros para definir estas zonas.

Fuente noticia.

La organización agraria ha insistido en el incumplimiento por parte de la Junta de su promesa, de mayo de 2013, cuando los responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila de abatir lobos en la zona de Pinares tras numerosos ataques.

Verdemar-Ecologistas en Acción propone una «movilización social» para comprar «entre todos los andaluces, grupos sociales e incluso ayuntamientos» la finca de La Almoraima, ya que consideran que es «asumible» con el precio de salida de 300 millones de euros que ha establecido el Gobierno. Según dicen, se evitaría así que caiga en manos «de un grupo extranjero especulador».

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del colectivo ecologista en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, ha hecho un llamamiento para que «los andaluces alcen la voz y planten cara al Gobierno» para conservar el uso social de dicha finca, para que siga siendo «patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles».

«Estamos seguros de que se puede conseguir», pues entienden que es «poco dinero» si se compra «entre todos», pues los 300 millones de precio de salida es lo que, según estiman, «vale sólo la zona de la casa convento». Cabe recordar que esta finca pública tiene unas 15.000 hectáreas, la mayoría de ellas ubicadas en el Parque Natural de Los Alcornocales.

Posteriormente, una vez garantizado que sigue siendo patrimonio público, proponen que sea gestionado «por alguna administración», señalando directamente a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento gaditano de Castellar de la Frontera. En este sentido, expresa sus sospechas de que esas administraciones «no se atreven» a gestionar La Almoraima y a liderar la plataforma propuesta para su adquisición, por lo que les reta a «decirlo claro si es así para buscar otra fórmula».

En opinión de Verdemar, crear esta «plataforma común» es la única forma de evitar que La Almoraima «caiga en manos de un grupo extranjero especulador, al que al final le acabarían dando subvenciones y facilidades para que construya en los aledaños, e incluso modifique zonas del Parque Natural de Los Alcornocales que se encuentran dentro de la finca para que sigan invirtiendo en la zona».

Frente a ello, «lo que hace falta es preservar el patrimonio andaluz y de todos los españoles», por lo que vuelve a animar a los andaluces, organizaciones sociales de todo el país y ayuntamientos a «plantarse, alzar la voz y decir: «Esto no lo vendéis».

Fuente noticia.

Los ‘drones’ vigilan a los últimos rinocerontes africanos. Foto: EFE.

Tal y como informa EsMateria, el organismo español ha encabezado la investigación, realizada en fincas privadas de la provincia sudafricana de Zululandia en agosto de 2012. Gracias a cámaras de vídeo en alta resolución para la vigilancia diurna y a cámaras térmicas para la noche, las aeronaves, de menos de dos metros de envergadura, han permitido a los científicos «localizar a los rinocerontes, detectar intrusiones de personas y monitorizar las vallas por las que acceden los furtivos a las fincas», según la nota del CSIC. El estudio se publica hoy en la revista PLOS ONE.

«Este trabajo demuestra que los aviones no tripulados pueden funcionar como una herramienta útil para la vigilancia de áreas sensibles, especialmente las de difícil acceso, como apoyo en las operaciones contra el furtivismo y como método complementario para la investigación de la ecología de los rinocerontes», ha declarado Margarita Mulero‐Pázmány, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), que reconoce que todavía hay que optimizar su manejo.

Científicos de la Estación también han probado los drones en Doñana, con la máxima discreción, para intentar cazar a los furtivos que invaden el espacio natural armados con escopetas del calibre 12. Y la organización ecologista WWF, con dinero de Google, también ha lanzado un programa de vigilancia de furtivos en Asia y África mediante ‘drones’.

La caza furtiva es la principal amenaza para las dos especies de rinoceronte que pululan por África: el blanco, considerado casi amenazado en la Lista Roja, y el negro, en peligro crítico de extinción. «El consumo de sus cuernos como medicina tradicional, principalmente en los países asiáticos, es la causa principal de la caza furtiva. Debido a la alta demanda y la naturaleza ilegal de su comercio, los precios que alcanzan en el mercado negro son muy elevados, lo cual constituye una tentación para los sectores más desfavorecidos de la población que pueden obtener por un cuerno el equivalente a varios años de salario», ha señalado Mulero‐Pázmány.

Fuente noticia.