EFE La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, ha asegurado hoy que desde principios de 2011 el Gobierno asturiano tenía constancia de que podía haber ganaderos que estaban cobrando a la vez de la administración regional y de Agroseguro los daños provocados por los lobos, pero que no fue hasta finales de 2013 cuando la Guardia Civil inició su investigación.
No obstante, ha incidido en que nunca ha creído ni cree que los ganaderos asturianos sean un colectivo defraudador o estafador, «porque no es verdad», y ha pedido que no se criminalice al sector.
«No creo que los datos sobre posibles comportamientos irregulares, si finalmente se concretan, puedan llevar a esa conclusión, y no creo que la guardería rural encargada de comprobar los daños sobre el terreno pueda ser calificada de corrupta», ha subrayado».
La titular de Agroganadería ha respondido así a la interpelación presentada por el diputado del PP Luis Venta Cueli en el pleno de la Junta General del Principado, en la que se ha interesado por el momento en el que la Consejería tuvo constancia de que los ganaderos asturianos estaban siendo investigados por la Guardia Civil por una posible estafa por el doble cobro de daños provocados por el lobo.
La investigación se activó a raíz de que dos organizaciones ecologistas denunciasen en mayo de 2013 presuntas irregularidades por el pago de daños del lobo y que, según la Guardia Civil, puede afectar a más de 300 ganaderos del Principado.
La titular de Agroganadería ha incidido en que este problema surgió a raíz de que Agroseguro incluyese en 2011 en su póliza los daños del lobo, pero que, aunque se haya podido dar algún caso, no se puede criminalizar a todos los ganaderos.
Álvarez ha señalado también que en 2011 y 2012 hubo varias reuniones entre la administración regional y Agroseguro para ver si el doble cobro de daños era una situación generalizada, pero que el cruce de datos se vio dilatado y dificultado porque las bases no eran compatibles y porque en la etapa de Gobierno de Foro no se avanzó nada en esa cuestión.
Ha añadido que, al empezar a actuar el Seprona a finales de 2013, se dejó de actuar y se facilitaron los expedientes y datos reclamados por la Guardia Civil.
La titular de Agroganadería ha incidido en que la administración tiene la obligación de abordar la gestión del lobo buscando el equilibrio entre un nivel poblacional adecuado con los intereses de las explotaciones ganaderas y que para eso hacen falta instrumentos como el plan del lobo, que ha llegado esta semana a la Cámara, «pero también que el debate sea honesto y que no se utilice de forma demagógica o bastarda».
«Hay que decir las cosas con propiedad y no acusar a priori o criminalizar, sino decir con precisión lo que hay, porque no me consta que esté un juzgado detrás de esta investigación, sino la Guardia Civil», ha señalado la consejera, que ha pedido que se diga la verdad.
Ha añadido que si de verdad se quiere apoyar a los ganaderos hay que trabajar con seriedad y no dejarse llevar por esas intervenciones absolutamente extemporáneas por prematuras y demagógicas, porque en vez de contribuir al análisis sosegado sólo se polarizarán las posiciones.
La consejera ha recordado que los daños por la fauna está definida perfectamente en la ley de caza y el reglamento, que establecen que hay que resarcir los daños que se produzcan por parte de la administración por las especies no cinegéticas, como es el caso del lobo, pero que esta reglamentación no preveía interferencias como la que desde 2011 se produce por parte de los seguros agrarios que empiezan a hacer frente al pago de esos daños.
En Asturias, se tramitan de media cada año 6.921 expedientes con resolución positiva, por un importe de 2,2 millones, de los que 900.000 euros son por los daños del lobo.
Fuente noticia: http://www.lne.es/asturias/2014/03/27/principado-pide-criminalice-ganaderos-danos/1563026.html
