La Federación de Servicios Públicos de UGT acaba de presentar una denuncia contra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ante la Inspección de Trabajo después de que este otoño ordenara entregar su arma reglamentaria a los agentes medioambientales, que siempre la han usado como «herramienta de trabajo fundamental por el riesgo que conlleva» su profesión al enfrentarles a «furtivos o pirómanos» ante los que ahora se sienten «desprotegidos», explicó este jueves Francisco Javier Villa, secretario de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente de la FSP. De hecho, ya en el mes de noviembre un agente medioambiental sufrió «una agresión por parte de una persona a la que intentaba denunciar» y dos meses después «todavía está recuperándose de la lesiones», aseguró.
Y es que el hecho de portar un arma provoca un efecto «disuasorio» que permitía a los cerca de 60 agentes medioambientales que la llevaban sentirse «protegidos» de personas a las que en el desempeño de su trabajo pueden llegar no solo a imponer «una denuncia administrativa», sino acusar de «delitos que conllevan penas de cárcel», señaló Villa. De hecho, la orden de la Junta de Castilla y León que les obliga a entregar sus armas supone un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que «contempla el arma como herramienta de defensa personal», añade.