La Asociación de Ganaderos afectados por el Llobu (Agall) en la comarca del Caudal denuncia que hay afectados que llevan esperando ya hasta siete meses para que el Principado haga efectivo el abono de las indemnizaciones. La agrupación informa que sufren esta situación tanto ganaderos de los concejos de Mieres como de Lena, Riosa y Morcín. «Son casos que ya están reconocidos como ataques del lobo, pero que Agroganadería no acaba de pagar generando un importante perjuicio», señalaba ayer un portavoz.
Se quejan también de que la Administración regional atribuye sólo un 20% de los ataques a los cánidos, por lo que muchas de las pérdidas son asumidas por los propios ganaderos. En lo que va de año, ya se han contabilizado más de 270 cabezas de ganado perdidas, la mayoría de ellas ovejas. Desde Agall insisten en que el nuevo plan de gestión del lobo, en fase de aprobación por la Consejería de Agroganadería, no da respuesta a ninguno de los planteamientos expuestos por los afectados, «ya que el reconocimiento del daño con derecho a indemnización queda a discreción del guarda, que muchas veces no concreta en el informe la causa de la muerte del animal».
Expansión del lobo
También lanzaron duras críticas contra la titular de Agroganadería a la que acusaron de «burlarse» del sector ganadero. De hecho, han pedido la dimisión de María Jesús Álvarez, «porque lo mejor que puede hacer es irse para su casa».
Y es que los profesionales de la ganadería extensiva de Asturias consideran que el culpable claro de la situación actual de este sector tradicional es la Administración. Para los pastores, «la gran expansión del lobo», en los últimos años, en la región «está propiciada por el serio déficit en la gestión de las administraciones competentes que llevan más de doce años sin revisar a fondo el Plan de Gestión del Lobo». Así lo aseguraron recientemente en Oviedo los convocantes de la manifestación que tuvo lugar el 28 de noviembre, ante la sede la Junta General, a la que los ganaderos acudieron acompañados por sus animales.
Consideran que los espacios protegidos «para fomentar el turismo» son dignos de protección precisamente porque han sido conservados durante años por los ganaderos tradicionales, a quien ahora se les impide gestionar el monte. Por todo ello, las asociaciones convocantes consideran imprescindible «la adopción de medidas inmediatas encaminadas a restablecer el equilibrio en los puertos».