Australia demandó en 2010 a Tokio por encubrir la captura para su venta comercial
El fallo es vinculante y servirá para regular la caza de cetáceos en el Antártico
Japón podrá seguir faenando en el Pacífico norte
El caso se deriva de la demanda presentada en 2010 por Australia contra Tokio, por encubrir jurídicamente la caza comercial en el Antártico bajo su Programa de Investigación de Ballenas (JARPA II). En vigor desde 2005, el mismo le ha permitido arponear cada año unos 850 rorcuales aliblancos, y 50 rorcuales comunes y ballenas jorobadas, respectivamente, según las cifras presentadas en La Haya, sede del TIJ. “Teniendo en cuenta que (en los últimos nueve años) han caído 3.600 rorcuales aliblancos, los resultados científicos parecen limitados”, ha dicho Peter Tomka, presidente del TIJ. El programa nipón responde a una cláusula especial incluida en el artículo VIII de la Convención Internacional, para las capturas científicas, que los jueces no consideran justificada.
“No debemos juzgar los méritos de la investigación ballenera, sino decidir si el volumen cazado se ajusta a los términos de la convención. Y aunque el programa nipón incluye estudios científicos, la cifra de ejemplares supera estos objetivos”, añade la sentencia.
Greenpeace, una de las organizaciones ecologistas más implicadas en la protección de las ballenas, admitió que seguirán muriendo en otras aguas. “Pero el fallo es de obligado cumplimiento bajo el derecho internacional y Japón ya ha dicho que lo acepta. Es hora de que una industria dañina para nuestros océanos sea arrumbada como algo del pasado”, afirman sus portavoces. Por su parte, la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales añade que “estos deben ser protegidos y su explotación no será tolerada; este es el mensaje del fallo para todos los Gobiernos”.
En 1972, la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano estableció una moratoria —todavía en vigor— para conseguir una pesca sostenible que no amenazara el futuro de la especie marina. La disposición, firmada por Japón, entró en vigor en 1985. Su Gobierno echó luego mano de la ciencia para seguir persiguiendo cetáceos, muy apreciados en su cocina. Noruega e Islandia también matan ballenas y admiten hacerlo con fines comerciales. Como ambas rechazaron la moratoria, no pueden ser llevadas ante el Tribunal.
Fuente noticia: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/31/actualidad/1396265952_850273.html