Ganadería abrió una investigación interna tras las quejas de varios vaqueros, que puso en manos de la Fiscalía, un caso que el Ministerio Público ha remitido al juzgado al observar indicios de delito

Tres funcionarios de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria y más de una treintena de ganaderos de los municipios de Vega de Pas, Luena, San Pedro del Romeral, Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo han sido citados a declarar en calidad de imputados en relación con el supuesto cobro y entrega de dinero a cambio de favores en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, lo que en términos legales se conoce como cohecho.

La citación judicial es consecuencia de la investigación interna promovida por Ganadería, que determinó la apertura de un expediente disciplinario al técnico de la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Ontaneda, Javier Escalona, en marzo de 2013. Esas pesquisas determinaron la posible existencia de un delito de cohecho, al constatar que el funcionario público pudo haber solicitado y, en muchos casos, recibido de los ganaderos de la zona una contraprestación económica por la tramitación de ayudas.

Concluido el expediente, Ganadería puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cantabria, que el pasado mes de noviembre presentó denuncia en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo al observar indicios de delito. Semanas después, a finales de diciembre, el juez citó a declarar en calidad de imputados no sólo al técnico bajo sospecha, sino también a los ganaderos que reconocieron haber entregado dinero a Javier Escalona, en el procedimiento administrativo abierto por Ganadería, lo que les haría copartícipes de un cohecho pasivo. Además, el juez ha encausado a otros dos funcionarios, compañeros de oficina del técnico, ya que, teniendo conocimiento de la operativa, no la denunciaron.

El asunto ha alborotado a toda la comarca y trae en jaque a los ganaderos que en unos meses han pasado de denunciantes a imputados. No en vano, el cohecho no es un delito menor y lleva aparejadas penas de prisión. Todos ellos, funcionarios y ganaderos, pasarán por la oficina judicial, asistidos de abogado, entre los meses de enero (día 30), febrero (los días 13, 14, 27 y 28), y el 13 de marzo.

Los rumores sobre las andanzas del técnico de Ontaneda retumbaban en los valles pasiegos, pero ningún ganadero los plasmaba por escrito hasta que en marzo de 2011 un vaquero quebró ese silencio y denunció en la Consejería que Escalona cobraba una especie de ‘iguala’ a los ganaderos por gestionar las subvenciones por el cese anticipado de la actividad. El entonces secretario general de Ganadería, Alejandro Gallo, envió el escrito directamente a la Fiscalía, que el 22 de julio de ese mismo año incoó diligencias. Pero días después archivó el caso al no encontrar irregularidades penales en la conducta del funcionario.

La vía judicial se cerró, pero no por eso cesaron las quejas verbales de los ganaderos. A primeros de 2013, ese malestar llegó de nuevo a oídos de la Consejería en los controles aleatorios que practica para evitar fraudes en las subvenciones. Los ganaderos se lamentaron ante los inspectores del comportamiento del funcionario de Extensión Agraria de Ontaneda. En esta ocasión el descontento no cayó en saco roto. Fuentes oficiales de Ganadería subrayaron ayer a este periódico que el 18 de marzo de 2013 se abrió una investigación interna y un mes después, un expediente interno al funcionario, que fue apartado de sus funciones y enviado a su casa durante los seis meses que duró la tramitación administrativa.

Durante este tiempo se tomó declaración a más de un centenar de personas entre funcionarios, miembros de las Organizaciones de Productores Agrarios (sindicatos ganaderos) y ganaderos de la zona sobre los que existía la sospecha de que habían pagado dinero al técnico por la gestión del cese anticipado de actividad, un trámite que forma parte de sus competencias. Muchos de los productores acudieron a la oficina de Ontaneda a declarar. Allí, unos reconocieron que habían dado dinero a Escalona. Dicen que cobraba 30 euros por hora de asesoramiento. Otros eran testigos de referencia y hablaban de oído. Pero todos se fueron tranquilos a su casa sin albergar la más mínima sospecha de que esas denuncias podían ser, a la larga, su condena.

De denunciante a imputado

Quienes conocen la operativa aseguran que «Escalona no pedía a todos, sabía muy bien con quien lo hacía». Sus víctimas eran los ganaderos menos preparados, los más débiles para medirse en el terreno proceloso de la Administración.

Tampoco los dos compañeros del principal sospechoso imaginaron acabar frente al juez. Fueron especialmente duros en su testimonio durante el trámite administrativo. Aseguraron que los ganaderos protestaban por la actitud abusiva de Escalona, y que les animaron a poner las quejas por escrito. Sus declaraciones fueron tan críticas con el técnico bajo sospecha como aplaudidas por la Consejería de Ganadería, que vio en ellas una prueba indubitada de las irregularidades cometidas. Tal es así que los Servicios Jurídicos del Gobierno han asumido su defensa, una vez que el juez ha determinado su imputación por tener conocimiento de un delito y no denunciarlo.

El 19 de octubre se terminó de armar el expediente, cuya conclusión fue tan concluyente que se envío a la Fiscalía. El Ministerio Fiscal abrió diligencias informativas y vio tan clara la posible comisión de un delito que a finales de noviembre puso el caso bajo la autoridad judicial. La instrucción, que ha recaído sobre el Juzgado Número 2 de Medio Cudeyo, no ha hecho más que empezar, pero ya ha obligado a hacer el ‘paseíllo’ a los tres funcionarios y a un buen número de ganaderos. Fuentes judiciales aseguran que hay más de una treintena de imputados.

El escrito del juzgado ha sembrado la alarma entre los afectados. No entienden cuál es su delito porque se han limitado «a colaborar» con la Consejería para poner al descubierto a un funcionario supuestamente tramposo. El técnico, que siempre ha negado los hechos que se le atribuyen, se ha reincorporado al trabajo en la sede de la Consejería de Ganadería, fuera de la oficina de Ontaneda. La Administración tendrá que esperar a ver qué resuelve la vía judicial antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro laboral.

El escándalo amenaza el pacto PP-PSOE en Vega de Pas

El supuesto cobro de dádivas por parte de un funcionario de Ganadería a los productores de los valles pasiegos amenaza con hacer saltar por los aires la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Vega de Pas, uno de los municipios donde más operaba el principal implicado.

En este ayuntamiento se produjo un acuerdo ‘contra natura’ en las pasadas elecciones. Un pacto entre PSOE (dos concejales) y PP (2), frente a los tres ediles que obtuvo el PRC, dio la alcaldía al popular Juan Carlos García. Pero, ahora, la concejala de Ganadería, la socialista Leire Díez, baraja utilizar el caso contra el regidor popular, y no descarta la ruptura del acuerdo de gobernabilidad.

La edil socialista ha tomado partido por los ganaderos y estudia «proceder» contra la Consejería de Ganadería, a la que acusa de haber utilizado a los productores para dar caza a un funcionario supuestamente corrupto, sin advertirles del riesgo de ser encausados por sus testimonios.

En declaraciones a este periódico aseguró que hará valer la mayoría de su partido en la Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento se «persone» en la causa y estudie «si cabe proceder penalmente» contra la Consejería de Ganadería.

Es esta actitud frentista de Díez ante el escándalo del cobro de ‘mordida’ a los ganaderos la que augura una crisis de gobierno en el Ayuntamiento. Pero para ello los socialistas de Vega de Pas tendrán que superar la animadversión que profesan al concejal regionalista y exalcalde Víctor Manuel Gómez Arroyo. El puente de unión bien podría ser el actual alcalde de San Pedro del Romeral, el regionalista Pedro Gómez, que comparte con la edil socialista de Vega de Pas sus críticas hacia la actuación de la Consejería en la polémica ganadera.

Ambos participaron el pasado viernes en una reunión en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Vega de Pas con los ganaderos, a los que les alertaron de las consecuencias negativas para ellos de declarar contra el funcionario de Ontaneda. El encuentro fue convocado por la edil socialista, que no informó de su existencia al alcalde Juan Carlos García. A la reunión asistió también el abogado del PSOE Manuel Castro, quien posiblemente asista a los productores afectados en el Juzgado de Medio Cudeyo. Leire Díez aseguró ayer que «el Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a los denunciados» porque «muchos ganaderos no tienen dinero para pagarse su defensa».