ICAL La Alianza por la Unidad del Campo de UPA y Coag advirtió ayer a la Junta de Castilla y León que no admitirá otra solución a los daños que los ataques de lobos causen a los ganaderos que no sea la indemnización de los mismos por vía patrimonial. Para ello, la Alianza se apoya en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en la que desestima el recurso presentado por el Gobierno regional contra una sentencia del TSJCyL que declaraba la nulidad de parte del artículo 12 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo; artículo referido a la compensación de daños. Así se lo harán saber al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, en la reunión que los responsables regionales de UPA, Julio López, y Coag, Aurelio Pérez, mantendrán con él el próximo 29 de abril. López barajó la posibilidad de que la Junta les ponga «otra liebre» sobre la mesa y en tal sentido advirtió de que no admitirán «ninguna liebre que no sea la indemnización de los daños».
Asimismo, la Alianza exigió conocer qué procedimiento seguirá la Administración regional a partir de ahora cuando se produzca un ataque y reclamó que la tramitación de los expedientes sea «sencilla y ágil» y que «no se maree al ganadero», para lo que anunciaron la posibilidad de recurrir a procedimientos abreviados. Aurelio Pérez reivindicó que las actas que levanten los servicios de Medio Ambiente cuando certifiquen un ataque incluyan la cuantificación económica de la pérdida para el ganadero.
«Esperamos no tener que ir al TSJ para reclamar los daños», confió Julio López al tiempo que advirtió de que si perciben «algún atisbo» de «entorpecer» el cumplimiento de la sentencia del TS, convocarán actos de protesta «en cualquier medida». Por otra parte, aclaró que seguirán luchando para que la provincia de Ávila sea declarada «zona libre de lobos». Desde la Alianza reiteraron que aunque la Junta no tiene la obligación legal de indemnizar a todos los ganaderos que hayan sufrido, denunciado y a los que se les haya certificado un ataque de lobos desde 2009, sí tiene la «obligación moral» de cumplir con tales indemnizaciones.
