Macho de lobo ibérico. © Arturo de Frías Marqués / Wikimedia Commons
23 mayo 2014
El primer lobo que vi en mi vida estaba encerrado en un corral. Me acerqué tanto a él que me arrancó de un bocado un trozo de bota mientras yo salía corriendo muerto de miedo. El segundo lo encontré atropellado. El tercero aullaba a la luna en una fría noche burgalesa.
Las tres experiencias las compartí hace más de 30 años con mi llorado amigo Luis Cuesta, el más genial y olvidado de nuestros zoólogos. Gran experto en el cánido salvaje, me convenció entonces de que la mejor manera de evitar su extinción era mantenerlo como especie cinegética. “Si lo protegen”, me decía, “la gente tratará de eliminarlo por las malas, con venenos, trampas e incendios”. Y añadía: “A tiro limpio es muy difícil acabar con él; es demasiado inteligente”.
La semana pasada he coincidido con el naturalista Luis Miguel Domínguez, portavoz de la asociación Lobo Marley. Un colectivo empeñado en lograr que el lobo sea especie protegida en toda España y no sólo al sur del río Duero. Y que lo sea de verdad.
No aceptan ese eufemismo sangriento denominado “control de la población”. Esas batidas en Parques Nacionales. La vuelta veneno y trampas. Su razonamiento es claro:
“Hay menos lobos que águilas imperiales. Matarlos por decisión gubernamental es una monstruosidad”.
Han pasado tres décadas entre ambos encuentros y yo he cambiado de opinión. En pleno siglo XXI, en una Unión Europea que cuida como preciado tesoro su biodiversidad, con una economía rural moderna y subvencionada, ¿no es posible defender al lobo?
Causa daños a los ganaderos, es verdad, aunque no tantos como se dice. Pero también beneficia mucho a los ecosistemas. Incluso a la caza. Y atrae un cada vez más importante turismo de naturaleza. Por eso deben protegerlo. Prefiero pagar los daños del lobo que los daños de la banca.
