Los daños del lobo en la región se han incrementado en un 14,4% en los dos últimos años. Así lo reflejan los datos facilitados ayer por la directora general de Recursos Naturales, Fina Álvarez, durante la Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos, celebrada en la Junta General del Principado en la que se abordó la revisión del Plan del Lobo. Según indicó Álvarez en respuesta a las preguntas realizadas por los diputados Luis Venta, del PP, e Ignacio Prendes, de UPyD, el pasado 2013 se registraron un total de 4.095 reses que sufrieron daños del lobo. En 2012 fueron 3.761 las cabezas de ganado que padecieron la acción del cánido y en 2011 se inscribieron en los registros oficiales de la Consejería 3.578 reses atacadas por el lobo. En todos estos años las indemnizaciones abonadas por el Principado de Asturias rondaron el millón de euros.
Fina Álvarez señaló que no en todas las partes de la región se reflejó un incremento en esta misma proporción. Explicó que mientras en el Occidente el grado de incidencia del cánido sobre la cabaña ganadera se mantuvo en unos parámetros similares a los de periodos anteriores; en la zona del Oriente, y más concretamente en el entorno de los Picos de Europa, sí que se constató un importante aumento en la cantidad de ataques a las reses. Un incremento que la directora general de Recursos Naturales atribuyó a la suspensión cautelar de los controles de población que decretaron los jueces durante buena parte de los dos pasados años y que impidió aplicar mecanismos de gestión de la especie en este territorio.
Durante su comparecencia en la comisión para explicar los principales aspectos de la revisión del Plan del Lobo y responder a las preguntas de los diputados regionales la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, recalcó que «el objetivo es que el lobo no interfiera de forma inasumible en la cabaña ganadera de la región y que el lobo mantenga un estatus poblacional positivo». Para lograr este escenario, Álvarez reconoció que «tenemos que mejorar los controles» de población que se hacen sobre el depredador.
En su primera intervención la consejera lanzó un mensaje a los colectivos ecologistas, así como otro a los ganaderos y uno más al conjunto de la sociedad asturiana. A los primeros les dijo que «este plan pretende mantener a la población de lobos asturianos en un estado de conservación favorable en el contexto de la población noroccidental». A los segundos les aseguró que «este plan pretende hacer gestión del lobo defendiendo los intereses ganaderos regionales, minimizando los daños que la especie pueda producir y compensando justamente los que produzca». A los asturianos en general les trasladó que «debemos sentirnos orgullosos de nuestra privilegiada riqueza faunística, pero debemos atender con justicia y equidad a los problemas que pueda crear a algún sector social arbitrando fórmulas de gestión eficaces».
La consejera insistió en que «la revisión del Plan del Lobo nos puede permitir ser más eficaces» en el control de la especie «y diligentes» a la hora de actuar. Y es que recordó que el documento incluye, como principal novedad, que si los cazadores, durante el transcurso de una cacería en los cotos o reservas regionales y siempre acompañados por un guarda, se topan con un lobo en un lugar donde no se haya alcanzado el cupo anual de extracción de ejemplares fijado por el Principado, podrán abatirlo.
42 cánidos
Desde Agroganadería se añadió que durante el pasado año se «extrajeron» 42 cánidos, a los que habría que sumar otros 4 muertos en las carreteras asturianas. «En aquellos lugares donde se alcanzó el cupo de extracción previsto han disminuido los daños», aseguró la consejera.
Las críticas que recibió el documento por parte de los representantes del resto de partidos políticos con representación regional, salvo el PSOE, fueron numerosas. Aurelio Martín, de IU, destacó que en los últimos años ha habido un «crecimiento muy importante» de la población de la especie en Asturias y añadió que también ha existido un importante «problema de gestión serio en algunas zonas» de la región derivado de una «desidia» en este aspecto durante años anteriores y que ha derivado en la situación actual. Martín también propuso la elaboración de un censo para conocer el número de lobos que puede haber en Asturias y poder así diseñar unas herramientas de gestión de la especie acordes con su población real. Desde la Consejería se le indicó que en la actualidad manejan estimaciones que hablan de entre 30 y 37 grupos familiares asentados en el territorio asturiano.
Luis Venta, del PP, criticó que «en ningún momento se dice en el Plan de Lobo que su objetivo es reducir los daños». Y preguntó sobre qué garantías legales tendrán los cazadores que abatan a un lobo en los supuestos recogidos en el texto. María Jesús Álvarez le contestó que «creemos que es viable desde el punto de vista jurídico y político». Venta concluyó afirmando que el Plan del Lobo «no tiene credibilidad» al sustentarse en «una realidad falsa». Y aseguró que «se necesitan» en la región más zonas donde se contemple la no presencia del lobo. Por todo ello solicitó que «se reconsidere la redacción» del texto.
Desde Foro Asturias, el diputado Juan Ramón Campo aseguró que el documento «nace viciado de nulidad» y criticó que no incluyese un criterio unificado para la evaluación de los daños que evite diferentes calificaciones de los guardas del Principado. «Este documento sólo sirve para cercenar la incorporación de los jóvenes al campo, las producciones queseras y las razas autóctonas», aseguró Campo, quien concluyó afirmando que «no están de acuerdo con ustedes ninguno de los sectores implicados en la gestión del lobo».
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