Autor: Lobo Marley

Los meses de febrero y marzo son el periodo de incubación y nacimiento de pollos y, por su fenología de reproducción, el águila perdicera es una de las especies más sensibles al tener riesgo de molestias por escalada, senderismo, recolección de espárragos, actividades cinegéticas.

En este sentido, la coordinación entre Administraciones y la colaboración con asociaciones de escalada así como la vigilancia especial y el esfuerzo de las Agentes del Medio Natural y los propietarios, está propiciando la conservación de esta especie rapaz.

Además, mientras que el tamaño poblacional de águila perdicera no ha variado sustancialmente, sí lo han hecho los estratos de nidificación empleados, existiendo una tendencia creciente a emplear árboles y tendidos eléctricos en la actualidad.

Por último, cabe destacar que el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas se están adoptando medidas específicas de conservación, tales como la colocación de plataformas artificiales para la especie, contratación de vigilantes de nidos, videovigilancia de los nidos conflictivos así como compatibilizar las actividades que provocan molestias a la especie a través de diversas regulaciones, contando para ello con la colaboración del SEPRONA.

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La ley de 2007 era tan ambiciosa que, en realidad, nunca llegaron a ponerse en marcha las garantías financieras. El desarrollo reglamentario de la norma fue retrasando su aplicación práctica. Se publicaron órdenes ministeriales que ampliaban los plazos, de forma que, como explica Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF, “nunca llegó a ser exigible”. La reforma que impulsa el ministerio de Miguel Arias Cañete significa que esas garantías ya no serán exigibles para el 98% de las actividades que la ley de 2007 sí consideraba obligatorias. El ministerio argumenta que ha eximido a las actividades “con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad”. Las cementeras, grandes químicas, centrales de energía eléctrica, etcétera, sí deberán suscribir los “seguros verdes”.

La exención de casi 315.000 actividades respecto a la ley de 2007 ha llamado la atención del Consejo de Estado en su dictamen del 19 de diciembre pasado. “Una exención tan generalizada debería, a juicio del Consejo de Estado, integrarse mejor en el presente anteproyecto de ley”, señala el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Para Hugo Morán, portavoz de Medio Ambiente del PSOE, el órgano consultivo “está criticando el hecho de que prácticamente se produce una excepcionalidad generalizada; la excepcionalidad se convierte en regla”.

“La nueva ley restringe al mínimo las actividades sujetas a la garantía. Y además, al escaso número que sí se las exige, les concede un principio de voluntariedad y no de obligación”, añade. Morán se refiere a otra de las novedades que incluye esta reforma con respecto a la norma de 2007. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando era la Administración la que determinaba la responsabilidad de cada empresa, ahora el operador que esté obligado a constituir la garantía será el que “determine su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma”, según el texto del anteproyecto que pasó a Consejo de Ministros a mediados de enero.

“Es como si el principio el que contamina, paga pasara a ser voluntario”, dice Mario Rodríguez, director de Greenpeace España. “Si hay una póliza suscrita, te aseguras de que el culpable de, por ejemplo, un vertido, paga lo que contamina. Si no, hay que ir a los tribunales a exigírselo. Al final, esta reforma significa que a los grupos ecologistas nos toca gastarnos los cuartos en acudir a la justicia para exigir reparación cuando hay un accidente. La experiencia dice que, como no haya garantía o aval, no paga ni el tato”, asegura. “Con la ley actual, necesitabas autorización de la Administración. Ahora, con comunicar el plan de prevención de riesgos será suficiente. Dependerá de la buena voluntad de los operadores. La reforma parece una amnistía encubierta para la mayoría de empresas”, añade.

Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, asegura que “España dio un paso valiente” en 2007 al exigir garantía financiera a las empresas. La ley trasponía una directiva europea sobre responsabilidad medioambiental que, tal y como recuerda Yanguas, daba libertad a los Estados para decidir si obligaba a sus empresas a suscribir avales o seguros. “El propio Gobierno socialista se dio cuenta de que la exigencia era excesiva”, señala. Y explica que no es lo mismo un taller de coches o una tintorería que una cementera o una química. Con la reforma el ministerio pretende que las empresas con mayor potencial de generar daños o con mayor nivel de accidentalidad —5.470 operadores— estén obligados a constituir las garantías “en junio de este año”. Sobre la determinación del importe de esas garantías, afirma: “Es el propio operador el interesado en tener bien cubiertos los daños que pueda producir”. Que sea voluntario “no impide que la Administración lo revise”, añade.

A Rita Rodríguez, en cambio, le preocupa que “todo quede en manos del operador. Él se evalúa su propio riesgo y decide la cuantía de la garantía. ¿Se va a revisar luego?”, se pregunta. “Y no está tan claro que una pequeña o mediana empresa, como un taller de chapa, no pueda causar daño”, añade. Mario Rodríguez también usa ese ejemplo: “A un taller se le rompe un tanque de aceite de usado y pasa al alcantarillado. Antes, en caso de vertido, una aseguradora respondía y pagaba el daño. ¿Y ahora?”.

Según ha señalado el Ejecutivo vasco, el plan tendrá un carácter indefinido hasta que las citadas aves dejen de estar amenazadas, revisándose cada cinco años.

«Entre los objetivos del Plan destacan la reducción o eliminación de las causas de mortalidad no natural de las poblaciones adultas, juveniles por envenenamiento, electrocución y colisión con infraestructuras energéticas, la regulación de la disponibilidad de alimento en las zonas de protección definidas, el estudio de la interrelación entre estas aves y la ganadería extensiva, sus beneficios e incidencias y la necesidad de informar y sensibilizar al público en general y a las administraciones sobre la situación de estas especies», ha señalado la directora de Planificación Ambiental del Gobierno vasco, Amaia Barredo.

Con el fin de proteger los hábitats y los modos de vida de estas aves, a partir de la aprobación del plan se prohíbe cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlas, perseguirlas o molestarlas, incluyendo en su caso a sus crías o huevos, así como la destrucción y alteración de su hábitat y en particular de sus nidos, territorios de cría, reposo y alimentación.

Así mismo, no se podrá poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como alimentar a los adultos silvestres o sus crías, salvo en los casos que se determinen, así como el establecimiento de puestos fijos a menos de 250 metros de ejemplares de estas especies para la observación y el registro gráfico o sonoro de estas y a menos de 500 metros de los puntos de posaderos habituales, rompederos, comederos y posibles puntos de nidificación.

El quebrantahuesos fue hasta hace cincuenta años un ave habitual en el País Vasco y aunque actualmente no se reproduce en Euskadi, todos los inviernos «entre dos y seis quebrantahuesos distintos frecuentan el sector oriental de la CAPV, a caballo entre el País Vasco y Navarra».

Por su parte, el alimoche se encuentra muy repartido por todo el territorio, con una buena parte de la población distribuida al oeste de la comunidad autónoma y otro gran núcleo ubicado en las sierras centrales de Aizkorri, Aralar, Urkiola, Gorbeia y Sierra Salvada.

Estando el resto de la población distribuida de manera dispersa. Los datos más recientes indican la presencia de unas 45-48 parejas en el País Vasco. La presencia de la especie en la vertiente atlántica parece relativamente estable, mientras que en la mediterránea vive una regresión.

Por último, el buitre común ocupa las zonas montañosas de los tres Territorios Históricos, localizándose las principales buitreras en las sierras las sierras occidentales alavesas de Valderejo, Sobrón y Sierra Salvada. No obstante, el área de campeo y de alimentación se extiende prácticamente por toda la Comunidad Autónoma, aunque la franja costera es poco frecuentada. Aproximadamente hay 822 parejas reproductoras distribuidas en 63 colonias.

Fuente noticia: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Gobierno-Diputaciones-intensifican-proteccion-quebrantahuesos_0_234126838.html