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Medio ambiente

El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor coordinación”, añade.

Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.

“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.

En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar las denuncias directamente en Fiscalía.

El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar, coinciden varias fuentes.

La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias que se interpongan”, cuenta.

Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el “loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.

Fuente noticia: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/30/actualidad/1396204075_894111.html

Barcelona. (Redacción).- Ocho ejemplares de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) murieron en Catalunya entre 2005 y 2010 a causa de envenenamiento. No fueron las únicas víctimas de esta práctica ilegal y extremadamente perjudicial para el medio ambiente. En el mismo periodo, fueron detectados 226 casos de uso ilegal de veneno en el medio natural, con numerosas pérdidas en otras especies amenazadas como el milano real (Milvus milvus), águila perdicera (Aquila fasciata), aguilucho cenizo (Circus pygargus) o buitre leonado (Gyps fulvus).

Instalar cebos envenenados en el medio natural es una práctica prohibida que algunos desaprensivos continúan utilizando con finalidades tan condenables como evitar que los depredadores naturales capturen especies consideradas por ellos como cinegéticas (útiles para la caza), como la perdiz o el conejo.

Diversas administraciones y entidades conservacionistas trabajan desde hace años en la erradicación de esta práctica ilegal. En este sentido, la dirección general de Medi Natural i Biodiversitat (departamento de Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya) acaba de aprobar el Plan de Acción contra el uso ilegal del veneno en Catalunya.

Atención especial a las especies más sensibles

El objetivo prioritario del plan es proteger la biodiversidad, con especial atención a especies tan sensibles a la presencia de veneno como el quebrantahuesos, buitre negro, oso o lobo. El nuevo plan de acción se inscribe en las recomendaciones de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y en el marco de colaboración entre el departamento de Agricultura y SEO/Birdlife a partir del proyecto Life+VeneNO, que tiene como objetivo lograr una disminución significativa del uso del veneno en España. Este proyecto se desarrolla en España entre 2010 y 2014 y tiene un presupuesto de 1,6 millones de euros, el 40% de los cuales corre a cargo de la Unión Europea.

El Plan de Acción ahora aprobado en Catalunya desarrolla las estrategias y herramientas para fortalecer las medidas de actuación que se han llevado a cabo hasta ahora. Entre otras acciones, el plan pretende ampliar y mejorar la información disponible, incidir en la prevención, disuasión y vigilancia del uso ilegal de cebos envenenados, incrementar la eficacia de las acciones dirigidas a la persecución del delito, controlar la venta de sustancias tóxicas susceptibles de ser utilizadas para la preparación de cebos y facilidad y mejorar los mecanismos de coordinación entre todos los colectivos involucrados en la lucha contra el veneno en el medio natural.

El plan desarrolla las medidas y protocolos de actuación adecuados para aumentar la eficiencia en la lucha contra el veneno por parte de todos los actores involucrados en su persecución. En este sentido, actualiza el Protocolo Normalizado de los agentes rurales en relación a la vigilancia y el control y se han elaborado protocolos relacionados a la recogida de muestras de casos donde presuntamente se encuentre el veneno.

Fuente noticia: http://www.lavanguardia.com/natural/20140401/54404628797/plan-de-accion-veneno-medio-natural-catalunya.html#ixzz2xhtsv5Gy

El vigués de nacimiento y noiés de adopción Felipe Bárcena y Varela de Limia dará una conferencia el viernes en la casa de cultura de Noia sobre caballos gallegos. Se trata de una raza en la que Bárcena está especializado y a la que prefiere denominar garranos, en alusión al tipo de equino autóctono de las montañas del norte de la península Ibérica. En su ponencia, que organiza el Concello de Noia, Bárcena explicará qué es un garrano, qué lo diferencia del resto de caballos y profundizará en sus características genéticas, morfológicas o fisiológicas, entre otras. Bárcena está considerado también uno de los mayores expertos gallegos sobre el lobo, una especie sobre la que ha realizado estudios durante años.

Entre otros cargos, Felipe Bárcena ha sido presidente de la junta rectora del Parque Natural de las Islas Cíes y ha formado parte, o todavía lo hace, de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la American Mamalian Society, de la Sociedad Española de Ornitología o de la Sociedad Española para el Estudio y la Conservación de Mamíferos.

Fuente noticia: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2014/04/02/felipe-barcena-hablara-sobre-caballos-gallegos-noia/0003_201404B2C8994.htm

El caso se deriva de la demanda presentada en 2010 por Australia contra Tokio, por encubrir jurídicamente la caza comercial en el Antártico bajo su Programa de Investigación de Ballenas (JARPA II). En vigor desde 2005, el mismo le ha permitido arponear cada año unos 850 rorcuales aliblancos, y 50 rorcuales comunes y ballenas jorobadas, respectivamente, según las cifras presentadas en La Haya, sede del TIJ. “Teniendo en cuenta que (en los últimos nueve años) han caído 3.600 rorcuales aliblancos, los resultados científicos parecen limitados”, ha dicho Peter Tomka, presidente del TIJ. El programa nipón responde a una cláusula especial incluida en el artículo VIII de la Convención Internacional, para las capturas científicas, que los jueces no consideran justificada.

“No debemos juzgar los méritos de la investigación ballenera, sino decidir si el volumen cazado se ajusta a los términos de la convención. Y aunque el programa nipón incluye estudios científicos, la cifra de ejemplares supera estos objetivos”, añade la sentencia.

Greenpeace, una de las organizaciones ecologistas más implicadas en la protección de las ballenas, admitió que seguirán muriendo en otras aguas. “Pero el fallo es de obligado cumplimiento bajo el derecho internacional y Japón ya ha dicho que lo acepta. Es hora de que una industria dañina para nuestros océanos sea arrumbada como algo del pasado”, afirman sus portavoces. Por su parte, la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales añade que “estos deben ser protegidos y su explotación no será tolerada; este es el mensaje del fallo para todos los Gobiernos”.

En 1972, la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano estableció una moratoria —todavía en vigor— para conseguir una pesca sostenible que no amenazara el futuro de la especie marina. La disposición, firmada por Japón, entró en vigor en 1985. Su Gobierno echó luego mano de la ciencia para seguir persiguiendo cetáceos, muy apreciados en su cocina. Noruega e Islandia también matan ballenas y admiten hacerlo con fines comerciales. Como ambas rechazaron la moratoria, no pueden ser llevadas ante el Tribunal.

Fuente noticia: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/31/actualidad/1396265952_850273.html