La Alianza UPA-COAG denuncia que una vez más los cánidos vuelven a poner al límite de la desesperación a los ganaderos de la provincia, esta vez en Villanueva del Campillo, Tórtoles, Bonilla de la Sierra y Cabezas de Bonilla.
La Alianza UPA-COAG DE Ávila denuncia varios ataques de lobos en los últimos días en municipios de nuestra provincia como Villanueva del Campillo, Tórtoles, Bonilla de la Sierra y Cabezas de Bonilla.
«Estamos ante continuas lobadas en una zona de la provincia especialmente castigada por incidentes de este tipo desde hace muchos meses. Al respecto, numerosas son las denuncias públicas de los ganaderos por ataques continuos sin que la Administración regional esté tomando el asunto con la seriedad que exigen los afectados» manifiestan.
!Lo que está ocurriendo en los últimos quince días en esta zona de la Sierra es muy grave, puesto que estamos hablando de al menos cinco ataques de lobos en distintas explotaciones, con diez animales muertos y con daños valorados en varios miles de euros», añaden.
Esta organización exige a la Consejería de Medio Ambiente que erradique ejemplares en una zona cuya población de lobos es muy elevada, «como lo demuestra el hecho de las continuas denuncias de los afectados en las últimas semanas».
«La presión que sufren los ganaderos es insoportable y el nivel de hartazgo de los productores es muy grande teniendo en cuenta la desidia de la Administración regional por parar de alguna manera la cada vez mayor presencia de lobos en la zona».
Por otro lado, desde La Alianza UPA-COAG vuelven a insistir a la Junta de Castilla y León que, «a día de hoy, sigue incumpliendo la sentencia firme del Tribunal Supremo del pasado mes de marzo y ganada por nuestra organización agraria, en la que se obliga a la Junta de Castilla y León a indemnizar los daños vía patrimonial al sur del Duero, y por lo tanto en toda la provincia de Ávila».
Tras más de ocho meses publicada la mencionada sentencia, la Consejería de Medio Ambiente «sigue sin abonar ni un solo expediente de denuncia», por lo que la esta organización lo ha puesto en manos de su gabinete jurídico para exigir dicho cumplimiento y que por lo tanto «pague las indemnizaciones con carácter de urgencia, y no se retrase tanto en el tiempo hasta el punto de dejar absolutamente indefensos a los ganaderos afectados».
