El oso pardo en el punto de mira de furtivos


Operativo de rescate del oso Porley./ @FOP

 

REDACCIÓN

 

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La Fundación Oso Pardo ejerce la acusación particular en los casos del oso de Porley (Cangas del Narcea) y el oso perseguido por un lancero en Cervera de Pisuerga (Palencia).

En los últimos días se han conocido dos decisiones judiciales que permiten continuar con los procesos abiertos en sendos casos que tienen al oso pardo como protagonista: en concreto, el caso del oso muerto en la localidad asturiana de Porley (Cangas del Narcea) por la colocación de unlazo de acero, y el del oso que fue perseguido por un lancero en el municipio palentino de Cervera de Pisuerga. En ambos casos la Fundación Oso Pardo (FOP) está personada como acusación particular.

El caso de Porley se refiere a un oso, un macho joven, que fue encontrado en esta localidad de Cangas del Narcea atrapado en un lazo de acero por su mano izquierda en agosto de 2012. Aunque se le intentó rescatar, murió a las pocas horas por una infección que se vio agravada debido a los esfuerzos realizados por el animal para liberarse de la trampa.

Gracias a las investigaciones del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de la guardería del Principado se identificó a dos personas como responsables de la colocación del lazo. Por auto del dos de abril, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso interpuesto por los dos acusados, por lo que se allana el camino para la apertura del juicio oral. La FOP se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal, que solicita dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la caza también por dos años.

En cuanto al oso de Cervera de Pisuerga, se trata de un oso que fue perseguido por un perro y una persona a caballo con una lanza, sin que se conozca el destino del animal. Una vez identificada la persona responsable, gracias a la grabación de un video en el que se recogen los hechos, y tras la investigación realizada por el Seprona, se iniciaron los trámites judiciales. El 14 de abril se conoció que se decretaba la apertura de juicio oral. Desde la FOP se solicita para el acusado la pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de tres años.

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