El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de una explotación ganadera que reclamaba 3,5 millones de euros al Gobierno cántabro por las pérdidas sufridas a raíz la inmovilización de su ganado tras la detección de varios positivos por tuberculosis.
Según se explica en la sentencia, difundida este jueves por el Alto Tribunal, los propietarios de la explotación responsabilizaban a la Consejería de Ganadería de los daños por no haber acordado un vacío sanitario hasta que ellos mismos lo solicitaron, casi dos años después de la aparición del primer positivo.
Sin embargo, el Gobierno alegaba que se ajustó a lo que prevé la normativa para estos casos y señalaba que en los casos de brucelosis sí es obligatorio el vaciado sanitario, pero en los de tuberculosis, como era este caso, sólo es obligatorio sacrificar las reses positivas, pero no el vaciado que, en todo caso, el ganadero puede solicitar voluntariamente.
La sentencia destaca que los dos primeros casos positivos de tuberculosis se detectaron en la explotación en mayo de 2005, lo que llevó a la Administración a retirarle la calificación sanitaria y a restringir los movimientos de sus animales, salvo con destino a matadero.
A partir de ese momento, se realizaron pruebas de seguimiento en cuatro ocasiones más y otra dentro de la campaña de saneamiento, entre agosto de 2005 y noviembre de 2006, obteniendo resultados negativos en las dos primeras, y con algunos positivos en las tres últimas pruebas.
Al final, a principios de 2007, la explotación, que tenía más de 300 animales, solicitó voluntariamente el vacío sanitario, por el que fue indemnizada.
Reclamación patrimonial
En mayo de 2008 los responsables de la ganadería presentaron una reclamación patrimonial al Gobierno para que les indemnizara porque, a su juicio, la Administración debería haber acordado de oficio el vaciado sanitario lo que, a su juicio, les habría evitado los daños sufridos durante los casi dos años de paralización de la explotación.
El Gobierno rechazó su petición y lo mismo hizo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que avaló la actuación de la Consejería en una sentencia dictada en marzo de 2011.
Los dueños de la explotación recurrieron el fallo del TSJC ante el Supremo, pero el Alto Tribunal coincide en que la Administración no tenía el «deber jurídico» de realizar un vacío sanitario.
Y por ello, concluye que no ha lugar el recurso de casación presentado por la explotación ganadera.
Fuente noticia: http://www.eldiariomontanes.es/