El episodio se remonta a diciembre de 2011 y desde entonces está sin esclarecer. Se trata de la presunta muerte de varios lobos -especie protegida al sur del Duero- durante una montería celebrada en un coto de caza de la provincia de Ávila.
A tenor de los datos que fueron trascendiendo, la jornada cinegética reunía ingredientes propios de “La escopeta nacional”, aquella sátira del tardofranquismo que nos regaló el genial Luis García Berlanga. Los rumores mencionaban entre los asistentes a personas relevantes de la sociedad abulense, incluido algún conocido político.
El asunto llegó en marzo de 2012 a un pleno de las Cortes de la mano del procurador de IU, José María González, quién preguntó al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, si la consejería tenía conocimiento del asunto y había emprendido alguna actuación al respecto. Silván no se dió por aludido, calificó de “rumores” lo afirmado por el procurador y aseguró que “si cualquier persona de la consejería hubiera tenido conocimiento de ello, se hubiera abierto expediente”.
Casi dos años después, ha sido la asociación “Lobo Marley”, dedicada a la defensa del lobo, la que ha denunciado los hechos ante la fiscalía. Y según su denuncia, en la cacería estaba presente Nicolás González, ni mas ni menos que el jefe de la sección de espacios naturales y especies protegidas del servicio territorial de Medio Ambiente en Ávila. Es decir, el máximo encargado de velar por el cumplimiento de la normativa cinegética en la provincia y por tanto el que debería haber denunciado la muerte de los lobos. Junto al citado funcionario, a la sazón director de la reserva nacional de Gredos, “Lobo Marley” ubica en la cacería a Sebastián González, el diputado nacional del PP de Ávila y ex presidente de la Diputación provincial.
Casualmente, el coto “La Pavona”, ubicado en el término de Riofrío, resulta ser propiedad de Angeles Ayats Bardají, que no es otra que la suegra de la ex ministra socialista Carmen Chacón. Sin embargo, la titular del coto no tendría ninguna responsabilidad en el hecho denunciado, ya que el aprovechamiento cinegético de “La Pavona” está arrendado y la autorización para celebrar la montería fue solicitada y obtenida por personas ajenas a la propietaria de la finca.
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