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Buitres envenenados encontrados por el Seprona. (Foto: Ical)
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Desde la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife añaden que localizar un ejemplar muerto en la inmensidad del campo no es tarea fácil. Con este matiz, el coordinador del proyecto Life+Veneno, David de la Bodega, aporta los datos de animales encontrados y analizados, con resultado positivo, en el periodo 2005-2010. En ese lustro, murieron envenenados en Castilla y León 151 milanos reales, 24 buitres negros, nueve águilas imperiales ibéricas y siete lobos. Datos que, insiste, representan tan solo “entre el cinco y el 10 por ciento” de las víctimas del veneno.
Según el registro del Seprona, en 2011 este servicio de la Guardia Civil recogió en la Comunidad un total de 18 animales. El año 2012 fue sin duda uno de los más dramáticos pues se encontraron 143 ejemplares, entre ellos 43 buitres, 35 de los cuales aparecieron en Arbas del Puerto (León) en el mes de septiembre. El capitán Espinosa indicó que aunque este caso aún sigue investigándose, todo apunta a que fueron víctimas de restos de ganado que murió en un ataque de lobos y que después fue cebado con veneno. La intención, apunta, era acabar con los lobos cuando volvieran a terminar de devorar sus presas, pero cayeron los buitres.
En cuanto al milano real, declarado en peligro de extinción desde 2011, de los 21 recogidos el año pasado, 14 aparecieron en las localidades zamoranas de Pobladura y Torre del Valle. También fue víctima el milano real de otro caso de posible envenenamiento masivo ocurrido en marzo de este año en Villar de Gallimazo (Salamanca) donde aparecieron 18 ejemplares de esta especie muertos y donde se encontró, apunta el Seprona, una veintena de cebos envenenados.
Es precisamente el milano real una de las especies que más preocupa a colectivos como SEO/BirdLife. David de la Bodega asegura que en la Comunidad se ha reducido su población “más de un 50 por ciento”, entre otras causas, por el uso de cebos envenenados. “Castilla y León es una de las comunidades donde más daño ha sufrido esta especie”, afirma.
Otra de las cifras que llama la atención es la de las 35 palomas bravías (especie cinegética) muertas en un mismo episodio, en la provincia de Palencia, que coincidió con la siembra de grano envenenado para combatir plagas de roedores.
¿Repunte?
A pesar de estos datos y del repunte que se percibe en el año 2012, desde el Seprona no creen que responda a que cada vez sea más frecuente esta práctica ilegal, sino más bien a que cada vez hay un mayor control y conocimiento sobre ella. El capitán Espinosa lo explica a partir de los datos de cebos envenenados hallados, que en 2011 fueron seis; en 2012, 67 y en lo que va de 2013, 30.
En realidad, subraya, se encuentran más cebos porque se mejoran las técnicas para localizarlos. Desde el año 2012, el Seprona de Castilla y León cuenta con la ayuda de perros del servicio cinológico especialistas en su localización. Se trata de cuatro canes con sus correspondientes guías que se desplazan desde Madrid y que han participado en varias batidas en zonas en las que se han producido envenenamientos masivos.
No obstante, reconoce que no es tan fácil dar con el foco del envenenamiento puesto que en muchos casos el animal aparece muerto lejos de donde ha comido el cebo. Además, hay envenenamientos primarios y secundarios, éstos transmitidos por la cadena trófica.
Causas
Tres son las causas que apuntan desde el Seprona en las muertes de la fauna por envenenamiento. De una parte, el uso de cebos envenenados por ganaderos que suelen sufrir ataques de lobo y con los que pretenden proteger sus reses, aunque después las víctimas puedan ser otras como los 35 buitres muertos en Arbas del Puerto.
La práctica del uso ilegal de veneno también se da entre agricultores, que en este caso, lo que pretenden es proteger sus cosechas del jabalí, las aves o roedores como topillos. En este punto, el capitán Espinosa insiste en el control que por parte del Seprona se realiza de los productos fitosanitarios que se usan en el campo. Una labor preventiva en la que también colaboran los agentes medioambientales y a la que, asegura, se le presta “mucha atención”.
La tercera causa se relaciona con el mundo cinegético para reducir la presencia de alimañas que puedan perjudicar la temporada de caza en los cotos. Es en este punto en el que exigen un mayor compromiso las asociaciones conservacionistas. Desde la Fundación Global Nature, Fernando Juguete, considera que la única solución es el cierre de los cotos en los que haya “sospechas fundadas” de uso de veneno y “reiteradas, con varios casos cada año”, aunque lamenta que los casos de suspensión de aprovechamientos cinegéticos son escasos. “El lobby de la caza es muy potente en Castilla y León”, advierte.
Cotos de caza
Guillermo Hernández, salmantino que pertenece a la red de voluntarios del proyecto Life+Veneno en Castilla y León, lamenta que el veneno se use aún como forma de gestión en los cotos de caza. Por ello, considera de vital importancia la aplicación de la ley para cerrar aquellos en los que persista esta práctica ilegal y lamenta que falte “voluntad” para ello.
En este punto, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente recordaron que los dos primeros casos de suspensión –que no de cierre- de aprovechamiento cinegético de cotos de caza en la Comunidad se realizaron en octubre de 2001, por un episodio común de envenenamiento que afectó a más de 50 ejemplares de especies cinegéticas y protegidas, entre las que se incluía un águila imperial, cinco buitres negros y 15 milanos reales. Este envenenamiento tuvo lugar en los cotos de Melque de Cercos y Paradinas, en la provincia de Segovia. La suspensión más reciente es de 25 de julio de 2012.
Como resumen de las actuaciones históricas de suspensión de aprovechamiento cinegético llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León, las mismas fuentes precisaron que se ha suspendido el aprovechamiento cinegético en parte o en el total de la superficie de 36 cotos privados de caza por 14 episodios graves de envenenamiento que han afectado o afectan actualmente a un total de 58.346 hectáreas, pertenecientes a ocho de las nueve provincias de la Comunidad.
Desde el departamento dirigido por Antonio Silván aclararon que la suspensión cinegética “no es una acción sancionadora”, sino que es una medida “técnica” adoptada para facilitar la recuperación de un medio biológico alterado en su estructura, por un episodio de mortalidad no natural por el uso ilegal de veneno.
En tal sentido, agregaron que en tres casos concretos en los que se consideró que la suspensión del aprovechamiento cinegético no resultaría efectiva “y tras valorar el alcance, la gravedad y la persistencia” de los incumplimientos legales, se procedió a detraer el cinco por ciento de las ayudas percibidas por tres explotaciones agropecuarias en las provincias de León, Burgos y Soria.
Carencias
David de la Bodega recuerda que Castilla y León tiene pendiente aprobar el plan de acción para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio natural, a lo que tal y como registra la hemeroteca, la Junta se comprometía, en febrero de este año, a ponerlo en marcha en el mes de marzo. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente respondieron que “se ha elaborado” tal documento y que se publicará “en el plazo más breve posible”. Un plan enmarcado en la Estrategia regional de Castilla y León para la lucha integrada contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, aprobada en julio de 2011.
Respecto a los resultados del proyecto contra el uso del veneno, la SEO ha atisbado una cierta mejora en la concienciación política, aunque siguen apuntando carencias. Entre ellas destacan la importancia de los análisis toxicológicos y una mayor labor de investigación porque aún quedan muchos casos por resolver. “Es preciso un mayor impulso y esfuerzo de los agentes medioambientales y de la administración por investigar”, reivindicó. En este punto coincide Fernando Juguete, de Global Nature, que lamenta que esos análisis solo se realicen ante casos muy graves de especies protegidas: “un águila imperial, un oso”, cita como ejemplos.
En cuanto a la evolución del problema, de la Bodega afirma, apelando a la memoria de la Fiscalía General del Estado, que se advierte un aumento de la incidencia del uso del veneno, si bien también podría deberse a una mayor detección de los casos, en sintonía con la percepción del Seprona. El problema, reconoce, no se da con la misma intensidad que hace diez años, aunque sigue existiendo “y con graves consecuencias”.
Buscadores de veneno
Además de los agentes medioambientales y los agentes del Seprona, la vigilancia del uso del veneno en el campo también la desarrollan personas voluntarias como las que pertenecen a la red del proyecto Life+Veneno. En Castilla y León la forman 39 personas, un 14 por ciento de los 276 de toda España. Es la tercera comunidad autónoma que más colaboradores tiene, sólo superada por Andalucía y Madrid. Por provincias, las que más voluntarios aportan son Segovia (diez), Salamanca (nueve) y Valladolid (ocho).
Su principal compromiso es salir al campo con los ojos bien abiertos, explica Miguel Muñoz, coordinador de la red de voluntarios, conocer cuáles suelen ser las causas del envenenamiento y saber detectar un animal susceptible de haber ingerido ponzoña. También se les exige conocer el protocolo que deben seguir tras el hallazgo, que comienza con un aviso al Seprona.
En cualquier caso, a pesar del trabajo desinteresado de éstas y otras tantas personas comprometidas con el medio natural, tanto profesionales como no profesionales, a pesar de las penas a las que los culpables se enfrentan (según el Código Penal, entre dos y cuatro años de cárcel y la posibilidad de inhabilitación para el ejercicio de la caza o la profesión de uno a tres años) y pese al trabajo preventivo de servicios como el Seprona, aún se colocan cebos envenenados sin que por ahora ninguna medida funcione como antídoto definitivo.