Los cazadores denuncian que en varios puntos de la Comunidad, tras una jornada cinegética, se repiten los casos de envenenamiento de sus canes.
rtvcyl.es – jueves, 14 de febrero de 2013
La Federación Regional de Caza alertó este jueves del uso de venenos letales para la fauna que afecta principalmente a los conejos, ya que su uso pretende acabar con las plagas, pero de forma indirecta a otros carroñeros que incluyen en su alimentación a este mamífero, así como a los propios perros de caza, dado que ha crecido el número de denuncias en varios puntos de Castilla y León tras una jornada cinegética por repetición de los casos de envenenamiento de sus canes.
Al respecto, la organización recuerda que cualquiera que viva en el medio rural sabe que las reservas aún existentes de estos venenos letales para la fauna «se siguen utilizando por algunos descerebrados para el control de las llamadas plagas» y añade que «cuando se aplica cerca de las madrigueras se causan mortandades del cien por cien de las poblaciones».
«Estos conejos muertos pueden trasmitir este veneno a cualquier animal carroñero u oportunista, pudiendo afectar finalmente a especies protegidas o en peligro de extinción. Estas acciones están tipificadas como delito contra el medio ambiente, pero además de investigarlas y condenarlas habría que prevenirlas, y eso no se está haciendo con la eficacia necesaria», criticó la Federación.
Además, recomiendan al cazador cumplir el Protocolo de Actuación en Casos de Envenenamiento, ya que cuando esto sucede «es muy habitual que el dueño del perro lo vulnere». Este plan recoge las bases para una correcta actuación en estos casos, sin que se cometan defectos de forma en la recogida, acondicionamiento y custodia de las muestras, y para la correcta realización de los análisis periciales.
El desconocimiento de este protocolo provoca habitualmente la ruptura en la cadena de custodia de las pruebas que deben obtener, practicar y trasladar exclusivamente los agentes de la autoridad (agentes medioambientales y Seprona), «quedando invalidadas para su utilización en procesos administrativos o judiciales».
La única actuación de un particular ante la sospecha de envenenamiento de cualquier animal en el campo es el aviso a las autoridades a través del teléfono de emergencias 112 y en todo caso la vigilancia de la zona hasta que se personen los agentes, sin tocar nada. Y recuerda la Federación que los análisis de laboratorios privados «a instancia de parte sirven de poco como prueba fehaciente sobre las circunstancias de un envenenamiento».
En muchos de estos análisis, oficiales y extraoficiales, las muestras dieron como resultado el envenenamiento por ‘Aldicarb’, sustancia prohibida por la UE desde el año 2003, aunque prorrogada en España hasta 2007, que se usó en bajo la marca ‘Temik’ durante más de 25 años en productos como la patata, la cebolla, la vid o los cítricos. Se trata de un «eficaz y potente» insecticida que no discrimina entre las plagas y el resto de seres vivos que lo consuman.
En Castilla y León, el cultivo más intensamente tratado con este producto fue la remolacha. «Todos los cazadores supimos lo que ocurría cuando algún ser vivo se acercaba por la parcela tratada. En los pequeños mamíferos la ingesta causa la muerte segura y en los seres humanos debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, nauseas, lagrimeo, sudoración y puede producir la muerte por paralización del sistema respiratorio», denuncia la Federación, quien añade que en la actualidad este producto se comercializa en zonas con nulas o deficientes normativas medioambientales, como por ejemplo en África, donde su uso es común y «cada vez serán más importantes los desastres que provoque».
En este sentido, la organización consideró que «lo triste es que se sigue fabricando» y sospechó de su venta en el mercado negro. «Lo evidente es que en nuestros campos sigue apareciendo de vez en cuando Aldicarb y otros venenos, y esto no tiene otra causa que el no haberse realizado una campaña suficientemente seria y eficaz de retirada de estos productos», explicó en un comunicado.
Por último, apostó por conocer el problema de los plaguicidas en Castilla y León para buscar soluciones «a este desastre» que está afectando a la fauna silvestre y a los perros, «pero que también podría llegar a afectar directamente al consumo de la carne de caza». Por eso, reclaman que cuando alguien tenga conocimiento de estas prácticas, la obligación es denunciarlas y colaborar con las autoridades para su sanción. Por último, pidió a los cazadores que sus actos y denuncias «servirán de prevención crucial en el futuro de las especies».
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