El cuerpo solo podrá denunciar irregularidades urbanísticas en zonas protegidas.
El cuerpo de Agentes Rurales dejará de controlar las infracciones urbanísticas en los terrenos rústicos de Cataluña que no estén en espacios naturales y protección especial. Así lo ha ordenado hace unos días por correo electrónico la Secretaría General del Departamento de Agicultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural (DAAM), en un escrito en el que se asegura que el cuerpo solo tiene potestad para actuar dentro de zonas protegidas —parques nacionales, espacios naturales de interés nacional, reservas naturales, parques naturales y terrenos de la Red Natura 2000—, lo que apenas equivale a un 30% del territorio de Cataluña.
La nueva orden se basa en una interpretación de los terrenos en los que el cuerpo, compuesto por más de 400 profesionales, tiene potestad para actuar en materia urbanística. Fuentes sindicales aseguran que la nueva orden no tiene validez, y se basan en uno de los artículos que regula la función de los Agentes Rurales en el que se especifica que sus miembros tienen la misión de colaborar “en la vigilancia, el control y la inspección de las actuaciones urbanísticas cuando afecte a suelo no urbanizable o a especies catalogadas”. Pero según la interpretación de la DAAM, estas funciones estarían limitadas solo a los terrenos protegidos y no a los ordinarios, de los que son responsables los ayuntamientos y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que solo dispone de siete técnicos para esta labor.
Nulidad de las denuncias
Una portavoz de la DAAM aseguró ayer que un juzgado podría declarar la nulidad de una denuncia presentada por los Agentes Rurales que afectara a terreno ordinario. Félix Fernández, representante del sindicato CATAC en temas urbanísticos del cuerpo, recordó que ningún juez ha tomado esta medida en 10 años. En 2008 los Agentes Rurales presentaron más de 110 denuncias por infracciones urbanísticas y 70 en 2010.
Joan Armengou, representante del sindicato UGT en el cuerpo, cree que la orden de la Generalitat ha sido tomada por la quejas de los ayuntamientos, ya que estos “han sido laxos” con el cumplimiento de las ordenanzas urbanísticos. “Desde 2004 hemos abierto más de 100 expedientes de media por año, esto ha molestado a muchos alcaldes”, desliza Armengou. Desde la DAAM, sin embargo, aseguran que “desde hace tiempo” han advertido verbalmente a los jefes de área regional de que no eran competentes en materia urbanística en zonas ordinarias.
El sindicato UGT ya ha presentado un denuncia ante la Oficina Antifraude. Armengou recuerda que esta nueva orden coincide en el tiempo con la intención del Gobierno catalán de designar a dedo a los responsables territoriales de los Agentes Rurales. “Quieren gente que cumpla órdenes”, apostilla.