Déjeme que le invite a pensar en la última vez que se gastó 10.000 euros de un tirón. Para personas como usted y como yo eso significa que estaba dando la entrada del piso, o puede que se tratase de algo menos agradable, tal vez un gasto relacionado con problemas de salud en la familia. Pero hay personas que no pestañean al hacer un gasto comparable para darse el gusto de acribillar a tiros a un lobo ibérico y colgar su cabeza disecada en el salón. Sobre esas personas sabemos dos cosas sin tener que preguntar: una, que no pasan por los apuros económicos que usted y yo pasamos; y dos, que no comparten nuestros conceptos de la empatía y el respeto por el patrimonio común. Pero lo que a veces olvidamos es que estas personas suelen tener línea directa con los despachos en los que se hacen las leyes que nos rigen a todos. Y un ejemplo sangrante se ha producido hace bien poco.
Uno de los espectáculos menos edificantes que hemos visto en tiempos recientes es la matanza de lobos a traición, cebándolos para poderles disparar desde las “casetas de la muerte”. Cuando estas prácticas se hicieron conocidas, las autoridades de Castilla y León tuvieron que aguantar con sonrojo que la ciudadanía las señalase por permitir una actividad tan inmoral como ilegal. En aquel momento trataron de buscar resquicios formales que demostrasen que semejante aberración era legal, pero recientemente han terminado por admitir que no lo era. Y no lo han reconocido valientemente y dando la cara, sino mediante una triquiñuela: intentando hacerlo, súbitamente, legal.
Y es que a mediados del pasado mes de enero aparentemente se informó a los propietarios de cotos de caza con lobos en Castilla y León de que, a partir de ese momento, la Junta autorizaba el uso de productos atrayentes para la caza en espera del lobo, incluyendo los restos de ungulados silvestres o de animales domésticos. Algo que podemos calificar sin temor a exagerar como legislación a la carta al servicio de una minoría influyente, y a costa del patrimonio natural de todos. Es muy factible que esta resolución acabe demostrándose, a su vez, ilegal, pero mientras tanto permitirá que un número intolerable de lobos sean ejecutados con esta modalidad abyecta, no sólo contraria a la sensibilidad de cualquier persona cuerda, si no también a los principios básicos de deportividad en la caza.
Por desgracia no vivimos en un mundo en el cual baste con tener razón para que a uno se le haga caso. Y por ello el silencio de los que nos indignamos sin levantarnos del sofá se convierte en cómplice de los que retuercen la ley a su antojo. La batalla por defender el patrimonio de todos no es tal cuando uno de los ejércitos se queda en casa; lo que hay es un estado de sitio. Y los que valoramos el patrimonio natural en general, y al lobo ibérico en particular, llevamos demasiado tiempo sitiados. Pero nuestra lucha no es contra nadie, es en defensa del lobo. Se está sembrando interesadamente el odio al lobo, para impedir una protección que perjudicaría al negocio de unos pocos y dejaría a otros sin excusas para fomentar un conflicto que les permite pescar en aguas revueltas. Y sembrar el odio es desproporcionadamente fácil, porque el odio se convierte en un pasatiempo poco exigente para la mente, y en un socorrido pegamento social a falta motivaciones más profundas para luchar por el bien común. En cambio, sembrar la apreciación más profunda de la naturaleza es una labor ingente, y también es un deber de esas administraciones que, de momento, prefieren servir a los saqueadores del patrimonio natural.
Por eso debemos acudir en masa a la manifestación del 13 de marzo en Madrid y exigir la protección total del lobo. Los que legislan al servicio del mal lo hacen en parte bajo la presión particular de minorías capaces de pagar pequeñas fortunas por abatir un lobo, pero también empujados por el ruido mediático organizado alrededor de un conflicto inflado artificialmente. Pero si la mayoría silenciosa de ciudadanos sensibles e informados comenzamos a dejar oír nuestra voz, al menos empezará a haber dos bandos en esta lucha. Y por fin los legisladores tendrán una razón para legislar a favor del bien común. Mientras eso no ocurra, preparémonos para ver mucho más de lo mismo.
Mauricio Antón
Vicepresidente de Lobo Marley
