Las nuevas medidas anunciadas ayer por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, para el control de los lobos así como el anuncio de la aprobación de un nuevo Plan de Gestión antes de finales de año no acaban de contentar a las organizaciones agrarias, que continúan reclamando a la Junta que asuma todos los daños causados por estos animales a la ganadería tanto al sur como al norte del Duero.
Según los datos ofrecidos por Asaja, los ataques que se han duplicado desde 2008, provocan al año daños superiores al millón y medio de euros a los ganaderos. El coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, calificó de positiva la reunión con Silván ya que «por fin ha quedado claro que al sur del Duero los daños de los lobos los debe pagar la Junta y al norte deben ser asumidos por los cotos», aunque aseguró que el objetivo debe ser minimizar los ataques.
El máximo responsable de UCCL también reclamó que se determine un calendario de reuniones técnicas para evaluar medidas concretas con el objetivo de que la ganadería y la conservación del lobo sean compatibles. «Los ganaderos de muchas zonas de la Comunidad no pueden convivir con el actual nivel de ataques que vienen sufriendo sus explotaciones», aseguró Palacín.
Para el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, no es razonable que la Junta «se esfuerce en diferenciar el sur y el norte a la hora de obligar al ganadero a suscribir un seguro injusto cuando debe ser la Junta la que abone los daños, tanto de bajas como de lucro cesante, que se produzcan en las ganaderías por el ataque del lobo». Cuando un ganadero sufre un ataque lo único que «necesita es una indemnización rápida, justa y eficazmente», añadió.
A su vez, Dujo destacó que «el ganado y el lobo no pueden compartir el mismo espacio, salvo a costa del sacrificio del primero, por lo que es necesario que se respeten los espacios tradicionales loberos, pero sin permitir un avance del cánido a otros territorios en los que hasta ahora no habido lobos y cuya intromisión eliminaría la ganadería extensiva tradicional, precisamente una de las pocas fórmulas de empleo para el despoblado medio rural de Castilla y León».
Por su parte, el secretario autonómico de UPA, Julio López, criticó que la mayor parte de las medidas anunciadas por el consejero son «de adorno», aunque valoró el incremento de los cupos para controlar la población de lobos y la autorización de los muladares. López, que aseguró que hasta ahora el principal problema ha sido el incumplimiento de los cupos de caza establecidos dado que la Junta «sólo se ha dedicado a la conservación y no a la gestión del lobo», también pidió que se agilicen los expedientes de compensación patrimonial en el caso de ataques de lobos «ya que, en caso contrario, estaríamos ante una sentencia del Tribunal Supremo que, por injusta, no llegaría a cumplirse».