El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, pudo conocer esta semana en primera persona la realidad del campo asturiano, de las plantaciones frutícolas a la sidra, de la ganadería a las lonjas pesqueras. Arias Cañete, curtido en mil batallas agrarias y comunitarias, visitó la región para tranquilizar a los campesinos y transmitir un mensaje: que Asturias «va a salir tan bien parada como el resto de España de la Política Agraria Común». La reforma de la PAC, que recibirá en breve el refrendo definitivo de los 28 países integrantes de la Unión, pretende reordenar, reenfocar y reducir los cuantiosos fondos que la UE destina a la agricultura. Más de 50.000 millones de euros anuales, casi el 40% de su presupuesto, la gran mayoría empleados hasta ahora para sostener artificialmente mercados, contener precios y pagar por no producir. España es, después de Francia, el mayor perceptor del dinero, unos 5.500 millones de euros cada ejercicio, cantidad similar a la de Alemania.
Hay escepticismo entre los agricultores, los asturianos y los de otras partes, por el milagro de repartir un pastel menor sin que nadie vea su trozo mermado. Si se escucha al Ministro, España ha logrado salirse con la suya y serán otros los que corran con el ajuste. En tiempos de restricciones, un triunfo. Si se oye a la oposición, la modificación de criterios en el reparto aboca al sector primario al desastre. El resultado de hacer mil equilibrios convierte, efectivamente, en un fárrago los técnicos acuerdos comunitarios, pero de su lectura no caben interpretaciones ideológicas. Con análisis tan discrepantes entre personas que deben entender igual un mismo texto no resulta extraño que el desconcierto ciudadano aumente.
La PAC nació para asegurar un nivel de vida equitativo entre los habitantes del campo y los de la ciudad, y garantizar el abastecimiento de productos básicos a costes razonables. Con los años ha quedado reducida casi a un instrumento de reparto de recursos para contentar a terratenientes y grupos agrarios influyentes. Una red tan descontrolada que hasta los aeropuertos, dueños de vastas extensiones, los campos de golf y los «cultivadores de salón» acababan colándose entre los receptores de ayudas.
La agricultura pagó el precio del ingreso español en la UE. Fue la víctima ofrecida en bandeja para franquear la entrada en el club porque amenazaba a franceses e italianos. Y en el ritual del sacrificio, la ganadería de la cornisa cantábrica resultó la gran damnificada. La nueva PAC da un vuelco a las fórmulas para distribuir el dinero comunitario, vinculándolo a las hectáreas de terreno de cada productor. Un criterio que perjudica a la minifundista Asturias y que pretenden corregir compensando a la región por otra vía.
Aunque los 11.700 asturianos que este año recibieron 64 millones de euros vayan a percibir en los siguientes lo mismo, el agravio primigenio persiste con la política vieja y con la moderna. La brecha entre olivareros, cerealistas, viticultores y empresarios cítricos, con trato preferente, y los ganaderos no disminuye. La falacia es transmitir a la opinión pública y a los afectados que el campo sólo resiste en pie con muletas. Quienes depositan su única esperanza en las subvenciones, empezando por los dirigentes que las cacarean como un grandioso logro, están en realidad propiciando un sector insostenible.
El mundo rural atraviesa un momento crítico. Los costes crecieron un 50% en una década. Los ingresos permanecen estancados, y eso que avanzó en modernización, eficiencia y competitividad. A pesar de todo, la actividad agrícola y ganadera vuelve a interesar a jóvenes preparados que están regresando a la aldea y utilizan medios como internet para llegar directamente al consumidor y aumentar su beneficio. El nuevo campesinado, empujado por una situación traumática como la crisis, arriesga y descubre su verdadera vocación. A la par, despega la industria agroalimentaria, potente locomotora de la actividad primaria, renacen las pomaradas y el patrimonio forestal permanece intacto, con su riqueza por descubrir.
Si los recuerdos son la patria de un hombre, la tierra es su memoria. No contribuyamos más a la pésima gestión del espacio rural con despropósitos como el de sostener la renta con dádivas y pagar por abandonar fincas y establos para luego, incapaces de satisfacer el mercado propio, importar lo que elaboran otros. Para frenar el éxodo hacia las ciudades y villas hay que facilitar el asentamiento en el campo, y asimilarlo en ventajas al urbano. Una diferencia económica abismal resquebraja la convivencia y desequilibra el territorio.
Un caso singular de vuelco espectacular a una comarca ocurrió hace 27 años en Taramundi y los Oscos. Fue una cirugía radical basada en pocas cosas: concentrar parcelas, extender el tendido eléctrico, mejorar caminos y dar la iniciativa a la gente. Resultó suficiente para vencer el atraso. Al llegar entonces los primeros fondos comunitarios para pequeños concejos, de 6.000 millones de pesetas que tocaron a España 4.000 millones acabaron en el Noroccidente. Por una razón: era el único territorio del país que tenía algo que ofrecer. Al campo, antes que nada, le hacen falta proyectos: ideas transformadoras, incentivadoras del cambio positivo. Lo demás vendrá por añadidura.