El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso interpuesto por los ecologistas contra los controles de lobos en el Parque Nacional de los Picos de Europa -autorizados por el Consorcio Interautonómico en octubre de 2012- para dar muerte a media docena de ejemplares en la vertiente asturiana y cántabra del espacio protegido y que estaban suspendidos cautelarmente a la espera de esta resolución. El tribunal regional rechaza en su sentencia todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) contra esta medida y da vía libre a que se retomen las batidas para eliminar un máximo de seis lobos, cinco si se tiene en cuenta que ya se dio muerte a uno. Esta captura tuvo lugar en la zona comprendida entre los municipios de Onís, Cangas de Onís y Amieva (al Este del río Dobra), donde aún podría acabarse con la vida de otros dos ejemplares. Los otros tres deberían dispararse en la zona entre Cabrales y los municipios cántabros de Tresviso, Cillórigo de Liébana y Camaleño.
La sentencia ha generado todo tipo de reacciones. Mientras los ecologistas dicen sentirse «desamparados por el poder judicial», la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos manifestaba ayer su satisfacción por la resolución del tribunal «que respalda el modo de control y el sistema de tramitación de los controles que lleva a cabo el Principado».
Los ganaderos de la vertiente asturiana de los Picos de Europa, principales afectados por los daños que el lobo genera en su cabaña ganadera, no escondían tampoco su entusiasmo por el dictamen judicial que, además, es firme y por lo tanto no cabe recurso. Eso sí, advierten de que ahora será necesario revisar las resoluciones emitidas en 2012 por el Consorcio Interautonómico (que autorizaban dar muerte a un máximo de seis lobos de una población aproximada de más de cincuenta ejemplares) ya que, aseguran, durante estos dos años el censo de cánidos en el espacio protegido ha incrementado considerablemente. «Aquella resolución se tomó con un censo de cincuenta ejemplares y ahora hay unos setenta u ochenta, sin exagerar nada, por lo que será necesario abatir una veintena de lobos», calcula José Antonio García Álvarez, regidor de pastos de la Montaña de Covadonga. Está previsto que se celebre este mismo mes una reunión entre los ganaderos de los diferentes concejos asturianos afectados para abordar esta cuestión, aunque los pastores son conscientes de que estos controles no podrán retomarse, al menos, hasta el próximo otoño. En primavera y verano las batidas están prohibidas por cuestiones biológicas.
Dos recursos
El recurso de apelación que ha desestimado el TSJA se interpuso contra una sentencia dictada el 26 de julio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo en la que ya se desestimaba un primer recurso interpuesto por ASCEL contra las resoluciones del Parque Nacional. En ambas ocasiones los ecologistas han tratado de frenar estos controles amparándose en diferentes aspectos. En primer lugar entienden que no existen estudios científicos que los avalen ni tan siquiera datos fiables sobre el volumen de daños ni sobre la población del cánido, ni tampoco sobre la relación entre los primeros y los segundos.
Laura Varona, representante de las asociaciones ecologistas en el Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, entiende que «no está demostrado que matar lobos solucione el problema de los daños del ganado y sí hay indicios de que matarlos puede provocar más daños». Además, considera que para aprobar este tipo de actuaciones es necesario tener un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del que en la actualidad el Parque Nacional no dispone, y critica que «la medida viene motivada por cuestiones políticas y no medioambientales». El TSJA echa por tierra todos estos argumentos ya que considera que el PRUG no es imprescindible y que el Consorcio Interautonómico «ha justificado la proporcionalidad de la medida adoptada».
Ante esta resolución judicial los ecologistas dicen sentirse «completamente desamparados por el poder judicial» y lamentan que sus reivindicaciones por las vías ordinarias no lleguen a buen puerto, «mientras otras asociaciones, como las agrarias, consiguen sus objetivos con otros medios como cortar carreteras», compara.
El presidente de ASCEL, Alberto Fernández, calificaba la sentencia de «esperpento». «Me parece asombroso que se permita controlar la población de una especie nativa y salvaje en un Parque Nacional, y más que sean las autoridades medioambientales las que lo promuevan. Los controles de población en un Parque Nacional están fuera de lugar desde un punto de vista técnico, científico, ético y social. Otra cosa sería los controles de ejemplares concretos si se demuestra que están ocasionando más daño de lo normal, pero esto me parece un despropósito», declaraba.
También Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, se mostraba perplejo tras conocer la resolución judicial. «Si en un Parque Nacional permitimos que se maten animales, qué se podrá hacer en el resto del territorio. Es una doble moral que por un lado quieran más protección y que por otro se carguen al animal más emblemático que hay en este espacio», se queja Pontigo, quien ya piensa incluso de buscar amparo en la UE.
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