Ante lo que consideran como “deriva anticaza” de la Consejería de Agricultura por la utilización de venenos contra los topillos, la Federación de Caza de Castilla y León ha denunciado que esta medida supone un “atropello” a la conservación de la fauna, “uno más” han dicho, contra los hábitats y las especies de una plaga “no declarada” con lo que se verán afectadas algunas especies “fundamentalmente alguna rapaz”, que contempla que necesitarán “un último empujoncito para entrar en la categoría de estar en peligro de extinción”.
En sus apreciaciones, los cazadores de la región recuerdan la aparición de especies muertas por envenenamientos, “aunque no se conociera ni se demostrara quién o qué los había producido, con la justificación de la recuperación de las especies”. Una situación que se torna “paradójica” en quien promovió en su día una campaña de envenenamiento, “que se tornó en indiscriminada por la falta de control en el uso por los agricultores de los rodenticidas y que causó gran mortalidad de especies que no eran objeto de control”.
Así, han remarcado que pese a intervenciones anteriores, “la Consejería de Agricultura se ha hecho mediante licitación pública con 48 toneladas de cereal envenado, en concreto con bromadiolona, que se suman a las que ya tienen almacenadas y que no usaron en la pasada campaña”. Una decisión en la que tanto ecologistas como cazadores coinciden en señalar que no es la acertada.
Entendiendo el grave problema que para el sector agrario supone una plaga de topillo campesino y que se deben tomar medidas, los cazadores se han mostrado favorables a preservar el resto de especies campestres. Para ello, han requerido nuevamente a la Consejería a formar parte de la Comisión técnica de control de plagas “para que nuestros científicos aportaran otros métodos alternativos”, si bien en una primera instancia “ni nos contestaron”.
En esta situación, han exigido evitar el uso de rodenticidas y, sólo en circunstancias excepcionales, “que se utilice con un protocolo de actuación rígido, que no afecte al resto de las especies y, sobre todo, que se ponga en práctica por personal profesional que no tenga intereses económicos directos en la agricultura”.
En sus reivindicaciones, han adelantado que instarán a la Consejería de Medio Ambiente para que tutele de forma directa la conservación de las especies y el medio, “aunque nos mostremos escépticos en que realicen un verdadero control, que sí exigen y de forma contundente, en aplicación de la ley, al resto de los ciudadanos”.
También han avanzado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y en concreto a través del Fiscal Jefe de Medio Ambiente, como ya hicieran personalmente en la última campaña, las actuaciones que están previstas realizarse y su forma de aplicación, ya que confían en que este canal tiene mayor credibilidad.
Ante las quemas de rastrojos, que ya han comenzado de manera puntual, los cazadores creen que se trata de unas actuaciones ineficaces contra el topillo campesino “y sólo sirven, en la mayoría de los casos, para poner calefacción a sus madrigueras, pero que sí afectan de forma determinante al resto de especies que ven destruido un hábitat que supone su sustento y protección”.
Por último, ha puesto el acento en que la perdiz roja está en peligro y la liebre está empezando a recuperarse de la anterior campaña de envenenamiento y de la tularemia que la acompaña. “Los cazadores estamos recuperando hábitats y limitando al mínimo la práctica cinegética sobre la perdiz. No podemos consentir que todo nuestro esfuerzo se quede en nada, por actuaciones que, con una justificación económica hacia un sector, supongan barra libre contra la naturaleza y las especies”, han significado finalmente.
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