Laura López Varona Vicepresidenta de Ulex y miembro del Patronato de los Picos Para entendernos bien y echar equívocos a un lado, los jueces encargados de revisar el ajuste a derecho de las actuaciones de la Administración pública han declarado que se puede matar lobos en el Parque Nacional de los Picos de Europa para calmar la «alarma social», y ello a pesar de que no exista plan rector de uso y gestión, a cuyas determinaciones remite la ley de Declaración del Parque Nacional para limitar esa potestad (la de matar animales salvajes) a la que sólo cabe acudir cuando la presencia del lobo amenace la subsistencia de otro valor protegido por la declaración del parque nacional, y en este caso, ese valor es la ganadería, que abarca las cerca de treinta mil reses que aprovechan pastos en el interior del espacio natural protegido. El número de lobos a matar cada año en el Parque Nacional de los Picos de Europa queda así, desde ahora, por entero, en la esfera del antojo y del capricho de los consejeros de las respectivas comunidades autónomas.
Los gestores han conseguido diestramente, no sólo aumentar los daños del lobo, sino convertirlos en crímenes y, desistiendo de todo intento de disimulo, han lanzado un anatema contra la especie, coronando su labor con el estallido de la furia del sector ganadero que tanto los acongoja. Este modo de operar ha venido a ser ratificado por la sentencia dictada ab irato por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que otorga razón de ser a la crueldad de la turba más soliviantada, trasladándonos así a épocas feroces anteriores al talión, que, no obstante la barbarie que encerraba, marcó uno de los primeros progresos realizados por la Humanidad, por cuanto supuso una limitación impuesta a la reacción del ofendido mediante la cual no se podía devolver un mal mayor que el que se había causado a la víctima. Creíamos que el progresivo afinamiento de los sentimientos de humanidad había concluido por desterrar estas crueldades innecesarias, pasando de la venganza y del talión a la composición, como concepción más perfecta, más civilizada, mediante la que los ofendidos renuncian a su derecho de venganza a cambio de la entrega de una cantidad que suple la pérdida, sustituyendo al sentimiento de odio y de venganza, el cálculo del interés. Creíamos que se había llegado a este capítulo de la evolución, pero lo cierto es que continúa vigente la declaración de infamia que hace siglos la Humanidad proyectó contra la especie lobo y que la sentencia referida viene a legitimar. Por ello, no está libre ahora el lobo de aquellos excesos inhumanos de los tiempos pasados más tiránicos que lograron su exterminio con sanguinaria violencia y que pusieron en evidencia aquel aspecto del derecho que se refiere a la garantía de los elementos éticos y sociales de la naturaleza humana y que ahora se han vuelto a quebrar. El pronunciamiento judicial ha otorgado legitimidad al derecho de venganza concedido por los poderes públicos a ganaderos y cazadores; una venganza que no reconoce más medida que el grado de excitación de los ofendidos por el arrebato de sus presas, propias y ajenas, que rebasa con creces los límites de la proporción y que origina males y daños siempre mayores, porque está demostrado que este sistema de represalias continuas contra la especie no hace más que duplicar los daños al ganado desprotegido. Así lo declararon varios expertos, doctores en Biología, todos ellos desoídos.
La gestión, basándose en tan desmedido número de muertes de lobos, no se inspira en la necesidad de solucionar el problema de los daños, sino en la punición a toda costa, entendiendo que la muerte del animal es la recompensa al mal por él causado y, por ello, apacigua la «alarma social». De haber sido la intención de la Administración pública solucionar el problema de los daños, hace mucho tiempo que la fuerza de los proyectiles que disparan las armas de fuego oficiales habrían cedido el puesto a los resortes intelectuales, pues no cabe dudar de la capacidad de la Humanidad para agudizar el ingenio y dar con la idea inteligente, original, sabia e ingeniosa, capaz de evitar que el lobo ataque los rebaños, a fin de que los ganaderos que adoptan un punto de vista moderado y conciliador, puedan llevar a cabo perfectamente la noble tarea de apacentar las reses en los puertos de montaña, atrayendo en pos de sí todo lo sensato y decente de la profesión, y dejando al margen a quienes no sólo no adoptan las más elementales medidas precautorias para sus ganados, sino que los dejan bajo la custodia de ancianos jubilados, en condiciones climáticas severas y adversas en las que enferman, y en ocasiones hasta sin sus propias defensas naturales frente al depredador, como son sus cuernos, que son cortados por sus propietarios para evitar las luchas por el espacio que ocasiona el hacinamiento en los establos.
La incidencia del lobo en la ganadería es insignificante en sí por el daño objetivo causado, que siempre es materia reparable. El porcentaje de ganado afectado con relación a las subvenciones y ayudas PAC no supera el 0,19 por ciento en Asturias, y ello sin contar que los daños se indemnizan. Gran parte de estas ayudas tiene en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental que no se cumplen. En el Parque Nacional de los Picos de Europa, además, en favor de la ganadería mal apellidada tradicional, se destinan enormes partidas económicas para realizar quemas y rozas de matorral con el fin de aumentar la superficie de pastos (en perjuicio de la flora y la fauna, con riesgo de erosión); para acondicionar pistas agropecuarias (que facilitan la caza furtiva); para realizar instalaciones (potreros, mangas de ganado, abrevaderos, colocación de piquetas en precipicios al objeto de evitar el despeño de las reses, y arreglos para cabañas); para el transporte de agua a las majadas en camión cisterna en épocas de sequía, y para proyectos locales, a través de las ayudas al área de influencia socioeconómica del parque nacional. Todo ello en compensación por las molestias que eventualmente ocasiona en los intereses económicos particulares la presencia de una especie de fauna autóctona que tiene su lugar y desempeña su papel fundamental en los ecosistemas naturales de los Picos de Europa. Pero parece ser que de nada sirven ni han servido estas medidas encaminadas a impedir la explosión, descarga o proyección externa de las malas voluntades de ciertos individuos insolidarios y arrogantes que practican el abuso y el exceso, y que se alejan del punto de vista colectivo del que todos los demás participan y al que contribuyen. Recientemente hemos comprobado que la presión ejercida por el sector ganadero requiriendo celeridad en la tramitación de los expedientes de indemnización por los daños tenía como objeto rebajar las garantías que evitan el abono indebido y ha tenido como resultado el fraude y la estafa a la Administración pública. Puede que la deshonestidad no viole un precepto jurídico, pero sí vulnera un precepto moral. Todos los grupos sociales, desde las épocas más remotas, han concebido un mínimum de moralidad social cuyo respeto se ha exigido como condición necesaria para la convivencia. Éste era el trato y no otro. No se pactó pagar indemnizaciones, otorgar subvenciones y prestar servicios a cambio de nada, sino a cambio de la preservación de la Naturaleza y, como parte esencial de ella, del lobo. La sociedad en su conjunto ha cumplido con creces su parte del contrato; por ello se está en condiciones de exigir a los ganaderos el cumplimiento recíproco.
El lobo es un animal que se guía por su instinto, no por maldad, pero, si de esta forma se entendiera, la coherencia exige que el procedimiento respecto a él deba tener carácter tutelar judicial, habida cuenta de que es materia odiosa para los cargos políticos y gestores actuales. En un ámbito en el que se criminaliza a la especie, es necesario acoger los postulados de las administraciones judicializadas, en cuanto que los funcionarios encargados de la custodia del lobo no logran que sus sentimientos de odio personales permanezcan al margen de la cuestión y, valiéndose de su posición, lo matan y exterminan, por lo que es necesario crear, al igual que ocurre en el ámbito de la vigilancia penitenciaria, una determinada jurisdicción especializada que venga a poner coto al odio y al abuso de la Administración pública en sus funciones de custodia de los valores naturales, pues no se concibe que la ley tomara bajo su protección al lobo cuando éste había sido prácticamente exterminado por sus perseguidores con disparos, veneno y cepos y, sin embargo, lo abandone ahora a una suerte peor, al margen de cuanto podamos seguir luchando, con el aliento que nos queda, los ecologistas y otros aliados en obsequio suyo, colocando nuestras vidas y recursos económicos e intelectuales, incluso nuestro buen nombre y prestigio profesional, al servicio de la protección del medio ambiente del que forma parte el lobo.
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