Categoría: Noticias Eco

Andrés Ordiz Investigador en la Norwegian University of Life Sciences, Noruega En 2007, las revistas científicas «Nature» y «Science «recibían el Premio «Príncipe de Asturias» de Comunicación y Humanidades. El acta destacaba su calidad como canales de comunicación y divulgación de la mejor investigación científica, acercando los resultados de la ciencia a la vida. Por tanto, parece justificado que, más allá de premios, los contenidos de «Nature» y «Science» sean tenidos en cuenta en la vida cotidiana. Un ejemplo cercano sería la incorporación del conocimiento científico a las decisiones de conservación y gestión de nuestros recursos naturales.

El papel ecológico de grandes carnívoros como lobos, osos y grandes félidos en la naturaleza es un tema recurrente en «Nature» y «Science», entre otras revistas científicas. Se trata de especies esquivas, sus poblaciones son pequeñas y sin embargo juegan una función ecológica clave. A través de la depredación, los carnívoros regulan densidades de presas, favorecen la presencia de especies carroñeras y la recuperación de la vegetación y su fauna asociada. La depredación genera biodiversidad, es decir, riqueza de especies e interacciones entre ellas, equilibrando los ecosistemas. Paradójicamente, muchas de estas funciones se han puesto en evidencia como consecuencia de la desaparición de los grandes carnívoros en amplias zonas de su área de distribución histórica, tras una intensa persecución humana. Así se recoge en numerosos artículos científicos y con una especie concreta como protagonista más habitual: el lobo.

Reconociendo esa función ecológica clave, en algunos países europeos se está valorando la posibilidad de reintroducir el lobo para restaurar ecosistemas, y en Norteamérica se han hecho esfuerzos para su recuperación tras décadas de persecución intensa. En España, sin embargo, el lobo es la única especie de gran carnívoro aún considerada cinegética o sometida a «control poblacional» (control letal), a diferencia de osos, linces o grandes rapaces. La mortalidad inducida por el hombre es una gran amenaza para los lobos, pero además altera su estructura social y limita su funcionalidad ecológica. Como expresan esos artículos científicos, los grandes carnívoros son más que meros números, con complejas relaciones sociales de las que dependen su supervivencia y su papel en la naturaleza.

La gestión del lobo en España sigue sin contemplar en absoluto su importancia para la estabilidad ecológica. Recientemente han sido sometidas a exposición pública las renovaciones de los Planes de Gestión del lobo en Asturias y en Castilla y León. Ambos se apoyan en la caza de lobos, bien sea mediante «controles» o por explotación cinegética, como principal -casi exclusiva- herramienta de gestión. Esto a pesar de procesos judiciales e informes periciales que alarman sobre la falta de justificación del número de lobos a abatir. Los planes sugieren que los ataques de lobo amenazan la viabilidad del sector ganadero, mientras los datos disponibles evidencian con rotundidad que eso no es así. Los documentos aspiran a que el lobo sea compatible con las explotaciones agrarias e incluso se convierta en un elemento al servicio del desarrollo rural. Sin embargo, no se establece ningún requisito para que las actividades humanas puedan ser consideradas compatibles con la conservación de la especie y su función en los ecosistemas. Es decir, se ignoran los contenidos de «Nature», «Science» y otras fuentes, que insisten en que los grandes carnívoros deben ser conservados teniendo en cuenta su papel irremplazable en la naturaleza.

Conservar grandes carnívoros en ambientes humanizados es un reto complicado que requiere compromisos, pero hasta ahora no se ha hecho esfuerzo alguno por afrontar este asunto de manera lógica y basada en la ciencia. Los espacios con figuras de protección ambiental, muy especialmente los parques nacionales, deberían dar ejemplo de conservación de especies y funcionalidad de los ecosistemas; todo lo contrario de lo que sucede en Picos de Europa, por ejemplo, donde la gestión se basa en presiones e intereses particulares y/o políticos. Matar depredadores incluso puede llegar a generar efectos negativos desde una perspectiva de gestión (aumento de daños al ganado), tras romper su estructura social. Esto se ha documentado tanto para el lobo como para pumas, glotones, dingos?, por poner ejemplos de varios continentes. Son necesarias otras medidas de gestión, como la conservación de las formaciones vegetales que, incluyendo al denostado matorral, proveen refugio frente a actividades humanas, así como una correcta protección del ganado. Matar depredadores debería ser una excepción sólo aplicable cuando ganaderos que cuidan de su ganado con profesionalidad se vean repetidamente afectados por daños.

Leer y publicar artículos científicos forma parte del trabajo de los investigadores y entiendo que leerlos y aplicarlos compete a los gestores. Dos artículos recientes publicados en «Science» destacan que la persecución de los grandes carnívoros es uno de los impactos más severos del hombre en la naturaleza. Ambos señalan también que las decisiones de conservación deben tener presente la función ecológica de los carnívoros y las consecuencias, incluso económicas, de su pérdida. Además, se trata de una cuestión urgente; la Biología de la Conservación nació como una disciplina con fecha de caducidad por el ritmo de deterioro que el hombre causa en la naturaleza.

Si aspiramos a ser coherentes, las premiadas «Nature» y «Science» no deberían ser ignoradas ni, tal vez, acabar en la papelera tras una lectura anecdótica. Debemos dejar de derrochar tiempo y recursos, naturales y económicos, e incorporar la ciencia como base de la gestión de nuestro patrimonio natural. El actual vicepresidente de honor de la Fundación que concede los Premios «Príncipe de Asturias» y que ejerce de presidente del Gobierno regional podría abogar por esa incorporación. Si no, ¿por qué las premiamos?.

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J. A. GARCÍA El lobo como especie de atractivo y valor turístico en la reserva regional de Caza de la Sierra de La Culebra sigue levantando polémica y es motivo de denuncia pública y en los juzgados por quienes sostienen que imperan malas prácticas y que existe un supuesto favoritismo hacia determinadas empresas adscritas al sector del turismo de naturaleza relacionado con el gran cánido. Es el caso de Carlos Soria Perille, que ha presentado una denuncia en el Decanato de Aranjuez, remitido Ministerio Fiscal, contra el titular de la empresa, A. H. y el funcionario P. A.
Soria precisa en la justificación de la denuncia que «a la alarmante mala praxis que se presenta en el sector del turismo de la naturaleza en torno a las actividades de observación del lobo ibérico en la sierra de La Culebra, se añade el uso indebido de información oficial y actividades económicas por parte del personal con competencias de servicio público de la Reserva».
No es la primera denuncia interpuesta por Carlos Soria, que parece ser ha visto rechazado en sus pretensiones de ejercer la actividad por no contar con autorización y no tener empresa dada de alta o inscrita en Registro Mercantil. El pasado año denunció ante el Juzgado de Puebla esta situación sin conseguir, que se sepa, una resolución favorable. En su nueva denuncia contra A. H. que relaciona con la empresa Aherca, justifica su acción «en molestias a la fauna silvestre», amparándose en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el artículo referido «a la prohibición de dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico». Incluso, para avalar su exposición, aporta un vídeo publicado en internet en el que, según refiere en el escrito, «queda de manifiesto la persecuciòn a la que es sometido un lobo ibérico y cómo éste refleja la molestia huyendo a la carrera dirigiendo su temor en dirección al perseguidor». Respecto al celador P. A. asienta su denuncia en el supuesto «incumplimiento de los deberes de servidor público al suministrar información privilegiada y trato de favor a A. H. respecto a la localización de cebaderos oficiales aprobados por la Dirección de la Reserva y dirigidos a la alimentación suplementaria del lobo ibérico en el espacio», que, para el denunciante, «forman parte de información reservada».
Fuentes de la Reserva rechazan el comportamiento de información privilegiada en lo tocante a puntos de observación, «que se da todo el que lo pregunta, y que están instalados donde siempre ha ido la gente», si bien reparan en tener un control cuando se trata de grupos organizados. Asimismo, ponen de manifiesto la inexistencia de una regulación sobre la actividad del turismo de observación, que es una cuestión sobre la que se insiste, desde hace tiempo, desde hace tiempo.
El denunciante especifica que «el trato de favor consiste en el depósito continuado y desmesurado de piensos industriales para animales domésticos y depósitos cárnicos procedentes de la actividad cinegética, con el fin de facilitar la observación de ejemplares para los servicios turísticos de A. H». Añade, además, que «esta práctica supone la habituación por parte de los lobos, así como alteraciones en la estructura de la manada, como reflejan diversos estudios realizados por investigadores especializados en la especie».
Respecto al P. A. el denunciante asegura que «establece cebaderos alternativos no aprobados por la Dirección de la Reserva con el objeto de favorecer las actividades mercantiles de forma exclusiva de A. H. en entornos inmediatos y muy sensibles para la especie por tratarse de lugares donde se presenta la reproducción, remitiéndose de nuevo a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en lo referido a molestias graves». Incluso aporta fotografías «del momento previo al depósito de un ciervo abatido y transportado en coche oficial».
También alude Carlos Soria «a reiteradas amenazas de denuncia contra él, a consecuencia de las cuales se produjo un enfrentamiento verbal durante un encuentro fortuito en un bar de Villanueva de Valrojo». Soria considera que A. H. «quebranta, supuestamente, la legislación en vigor» y que P. A. también e, igualmente de forma supuesta, «prevarica al difundir información oficial reservada, en probable beneficio de ambos denunciados». Solicita, además, «registros sanitarios de los animales muertos que aparecen en las fotografías».
La presentación de esta denuncia levanta las críticas no solo de A. H. que defiende la legalidad de su actividad así como que es la primera empresa de esta naturaleza establecida en el espacio protegido zamorano. De hecho, se considera «acosado» hasta el punto de que la propia Inspección revisó su actividad por causa de las denuncias, e insiste que realiza con todas las formalidades. A. H. es uno de los operadores profesionales de turismo de la naturaleza. Hay quien califica al denunciante como una persona «conflictiva», y dice haber roto las relaciones hasta el punto «de retirarle el saludo». Pero sobre todo reparan en la falta de legalidad del denunciante para ejercer la actividad que pretende en la Sierra de La Culebra. La observación del lobo en La Culebra se afianza como una de las apuestas de desarrollo socioeconómico y turístico para la zona; una salida también prometedora en otros lugares como Picos de Europa.

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Aseguran que las indemnizaciones cobradas no compensan la pérdida de animales

Las organizaciones agrarias insisten en proclamar la ausencia de interés defraudador y de ánimo de lucro entre los ganaderos asturianos.

Aseguran que las indemnizaciones que algunos habrían cobrado dobles por daños de lobo, tal y como denuncia el SEPRONA, son en la mayoría de los casos inferiores a 1.000 euros y no compensan la pérdida de animales.

El problema arranca en que el seguro agrario no es estrictamente privado, por lo que cobrarlo sería incompatible con el cobro de las indemnizaciones administrativas.

El Seguro Agrario Combinado es una opción voluntaria para agricultores y ganaderos establecida por ley orgánica en 1978. El reglamento que lo desarrolla establece que en este servicio participan el Estado, las comunidades autónomas, los productores y las compañías aseguradoras.

El Ministerio de Agricultura, a través de ENESA, aprueba cada año el paquete de coberturas, condiciones y precios que se pueden ofertar y el Ministerio de Economía autoriza qué compañías podrán hacerlo y todo con el visto bueno del consejo de ministros. Tanto el Estado como las comunidades conceden subvenciones que abaratan las pólizas.

Desde el ámbito privado, los productores opinan a través de sindicatos, cooperativas y otras organizaciones en citas periódicas.

Agroseguro, es la sociedad anónima que engloba a las aseguradoras, recaba los contratos que éstas firman, perita los siniestros y abona, cuando toca, las indemnizaciones.

El 90 % de su capital es privado y en el 10 % restante aparece, de nuevo, el capital público, el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía.

Es el reasegurador, el que paga cuando el dinero no llega, como ocurrió en 2013 cuando  hubo que abonar 800 millones de euros en compensaciones cuando Agroseguro s0lo había recaudado en pólizas 650 millones.

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Aprecia «indicios racionales» de supuestas prácticas prohibidas

La investigación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) por presunto fraude se extiende a más empresas lácteas. Año y medio después de que se abriese expediente sancionador a nueve compañías del sector por pactos en el precio de la leche y reparto de ganaderos, la entidad dependiente del Ministerio de Economía coloca en el punto de mira a otras ocho industrias lácteas, entre ellas cuatro de Galicia: Grupo Leche Río, Central Lechera de Galicia, Leche Celta, Feiraco Lácteos, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria Operadores Lecheros, Central Lechera Asturiana y Senoble Ibérica.

Las indagaciones comenzaron en julio de 2012, cuando la dirección de investigación de la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) inspeccionó empresas lácteas de Galicia, Cantabria y Cataluña a raíz de las reiteradas quejas del sector lácteo por acuerdos en el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales. Los ganaderos llevan años colocando a la industria como principal responsable de la pérdida de ingresos por las «dificultades» que, advierten, les ponen para cambiar de compañía a la hora de vender leche y los supuestos pactos entre empresas para evitar que los precios sean más elevados. Ante las numerosas denuncias recibidas, la CNC decidió abrir una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas por parte de las empresas lácteas. Entonces, la entidad dependiente de Economía concluyó que existen «indicios racionales» de la existencia de «conductas prohibidas» por la Ley de Defensa de la Competencia tras realizar inspecciones domiciliarias en las sedes de empresas y asociaciones de la industria láctea en las tres comunidades autónomas investigadas. La investigación de los acuerdos o cárteles para fijar los precios de la leche es una de las prioridades en la investigación «dada la especial gravedad de sus consecuencias para los consumidores». Aunque estaba previsto que en un plazo de 18 meses el expediente fuese resuelto, los recursos interpuestos por las partes y el requerimiento de más informes así como la ampliación de la investigación a nuevas compañías ha impedido que la Comisión de Mercados y Competencia dictase ya una resolución.

Vista la documentación recogida en el expediente y obtenida durante la instrucción, la CNMC considera que puede deducirse que existen indicios racionales de la participación de estas ocho empresas que se suman ahora en supuestas prácticas prohibidas. Además, también se amplía la incoación por conductas prohibidas por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al considerarse que las mismas pueden afectar al comercio intracomunitario.

La ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación, que mantiene el periodo máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente aunque sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se puedan producir durante la tramitación del expediente.

Las quejas de los ganaderos gallegos sobre supuestas prácticas fraudulentas por parte de la industria láctea ya llevaron en 2010 a la propia Consellería do Medio Rural a emplazar al Tribunal Galego de Defensa da Competencia a abrir una investigación. Entonces, el Consello da Competencia ya alertaba de las dificultades de probar irregularidades pese a los indicios.

No es la primera vez que los supuestos pactos de las industrias en el precio que pagan a los ganaderos terminan en los tribunales. La última vez que lo hizo acabó con una sentencia de condena a 48 empresas del sector. El fallo fue dictado por el Tribunal Supremo en 2006, por el cual rechazaba los recursos de casación presentados por las compañías afectadas y les imponía una multa de más de siete millones de euros.

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Desde Asturias Ganadera están «seguros» de que los hechos que se imputan a los afectados no pueden tener consecuencia jurídica alguna, «pero el daño ya está hecho».

• La Plataforma Asturias Ganadera ha emitido este viernes una nota de prensa en la que se refieren al presunto fraude en Asturias, relativo al cobro doble de los daños ocasionados del lobo por parte de profesionales ganaderos. «Este asunto es un intento, otro más, de desprestigiar y demonizar a un sector que trata de sobrevivir con enormes dificultades y que otros se empeñan en hacer desaparecer», han manifestado los ganaderos.

Oviedo, M. L. S. Los ganaderos asturianos todavía tienen el susto en el cuerpo. «Hay gente que no duerme por las noches, que quedaron impactados al recibir la carta», explica Mercedes Cruzado, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Asturias. La carta es la notificación por parte de la Guardia Civil que les sigue llegando estos días y en la que se les dice que están «imputados pero no detenidos» por un presunto delito en el cobro de las indemnizaciones por los daños del lobo. Ellos, los 400 que pueden estar involucrados, insisten en que desconocían que las dos compensaciones eran incompatibles y avisan de que, en el supuesto caso de tener que devolver el dinero, a muchos les será «imposible de asumir». «Habrá gente que tenga una cantidad pequeña que no tendrá problema. Pero la mayoría, tal y como está el sector, les será un palo. Muchos incluso podrían tener que cerrar», señala Cruzado, que no se explica por qué la Consejería y el consorcio de seguros (Agroseguros) no se pusieron de acuerdo: «Hay conocimiento por ambas partes de que se está pagando. De hecho, la Consejería es la que nos empuja a que contratemos seguros. Ningún ganadero sabía que era ilegal», afirma.

Cruzado, no obstante, asegura que desde la Consejería de Agroganadería le trasladan un mensaje tranquilizador: «Nos dicen que la investigación va dirigida a casos que tienen cantidades significativas, y en la mayor parte de afectados son 400, 500 ó 600 euros», dijo.

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M. J. F. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre la aparición de varias rapaces protegidas muertas en el término municipal de Torres de Carrizal. En concreto, los agentes han recogido los cadáveres de más de una decena de aves, entre las que se encuentran un águila real, varios milanos reales, un aguilucho lagunero y un cuervo. También han sido encontrados dos cebos envenenados y está previsto realizar el análisis toxicológico de las muestras para la determinación del posible agente tóxico.
Los animales muertos, que presentan aparentes síntomas de envenenamiento, han sido depositados en el Centro de Recuperación de Especies Protegidas de Villaralbo, una vez recogidos en bolsas precintadas. El águila real es una especie protegida y en peligro de extinción, cuya presencia no es habitual en esta zona de la provincia. El milano real, aunque se considera más abundante que la anterior, es una especie amenazada que también está considerada en peligro de extinción en varios puntos de España.
El aguilucho lagunero es otra especie que cuenta con protección especial y está considerada como un tipo de ave que deben ser objeto de medidas de conservación. Es el mayor de las tres variedades de aguilucho y sus poblaciones están extendidas por toda la península y Baleares.
La utilización de venenos y cebos envenenados está expresamente prohibida la Ley y sus consecuencias pueden ser graves, no sólo para la fauna silvestre, sino que pueden verse afectados animales domésticos y personas, con las consiguientes responsabilidades penales que llevan aparejadas. Las medidas más habituales, ya aplicadas en casos similares en los que se ha demostrado la vinculación de la aparición de aves envenenadas con sectores cinegéticos, suelen ser la veda total y la suspensión de actividad en el coto, en virtud de lo establecido en el artículo 42 de la citada Ley de Caza. A mayores, otra actuación compensatoria suele ser el reforzamiento en la zona de las poblaciones de rapaces liberando animales procedentes del Centro de Recuperación.
Así ocurrió en el coto de caza de Castropepe, donde la Junta de Castilla y León acordó suspender durante un periodo mínimo de dos años el aprovechamiento cinegético con el fin de garantizar la recuperación biológica de las aves rapaces.
Una decisión que se tomó tras la muerte por envenenamiento de 17 milanos reales y tres aguiluchos que aparecieron muertos en este coto de caza en 2007.

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