Competencia investiga a otras cuatro lácteas gallegas por fraude

Dos reses en una explotación de A Coruña. / carlos pardellas

Aprecia «indicios racionales» de supuestas prácticas prohibidas

La investigación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) por presunto fraude se extiende a más empresas lácteas. Año y medio después de que se abriese expediente sancionador a nueve compañías del sector por pactos en el precio de la leche y reparto de ganaderos, la entidad dependiente del Ministerio de Economía coloca en el punto de mira a otras ocho industrias lácteas, entre ellas cuatro de Galicia: Grupo Leche Río, Central Lechera de Galicia, Leche Celta, Feiraco Lácteos, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria Operadores Lecheros, Central Lechera Asturiana y Senoble Ibérica.

Las indagaciones comenzaron en julio de 2012, cuando la dirección de investigación de la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) inspeccionó empresas lácteas de Galicia, Cantabria y Cataluña a raíz de las reiteradas quejas del sector lácteo por acuerdos en el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales. Los ganaderos llevan años colocando a la industria como principal responsable de la pérdida de ingresos por las «dificultades» que, advierten, les ponen para cambiar de compañía a la hora de vender leche y los supuestos pactos entre empresas para evitar que los precios sean más elevados. Ante las numerosas denuncias recibidas, la CNC decidió abrir una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas por parte de las empresas lácteas. Entonces, la entidad dependiente de Economía concluyó que existen «indicios racionales» de la existencia de «conductas prohibidas» por la Ley de Defensa de la Competencia tras realizar inspecciones domiciliarias en las sedes de empresas y asociaciones de la industria láctea en las tres comunidades autónomas investigadas. La investigación de los acuerdos o cárteles para fijar los precios de la leche es una de las prioridades en la investigación «dada la especial gravedad de sus consecuencias para los consumidores». Aunque estaba previsto que en un plazo de 18 meses el expediente fuese resuelto, los recursos interpuestos por las partes y el requerimiento de más informes así como la ampliación de la investigación a nuevas compañías ha impedido que la Comisión de Mercados y Competencia dictase ya una resolución.

Vista la documentación recogida en el expediente y obtenida durante la instrucción, la CNMC considera que puede deducirse que existen indicios racionales de la participación de estas ocho empresas que se suman ahora en supuestas prácticas prohibidas. Además, también se amplía la incoación por conductas prohibidas por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al considerarse que las mismas pueden afectar al comercio intracomunitario.

La ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación, que mantiene el periodo máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial para la instrucción y resolución de este expediente aunque sin perjuicio de las suspensiones de plazo que se puedan producir durante la tramitación del expediente.

Las quejas de los ganaderos gallegos sobre supuestas prácticas fraudulentas por parte de la industria láctea ya llevaron en 2010 a la propia Consellería do Medio Rural a emplazar al Tribunal Galego de Defensa da Competencia a abrir una investigación. Entonces, el Consello da Competencia ya alertaba de las dificultades de probar irregularidades pese a los indicios.

No es la primera vez que los supuestos pactos de las industrias en el precio que pagan a los ganaderos terminan en los tribunales. La última vez que lo hizo acabó con una sentencia de condena a 48 empresas del sector. El fallo fue dictado por el Tribunal Supremo en 2006, por el cual rechazaba los recursos de casación presentados por las compañías afectadas y les imponía una multa de más de siete millones de euros.

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