LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEJA A LA SOCIEDAD CIVIL LA DEFENSA DEL LOBO IBÉRICO

Hace dos años, Lobo Marley se reunió con el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en la sede de la Fiscalía General del Estado. Llamamos entonces su atención sobre la infame modalidad de caza de lobos con cebaderos desde casetas en Castilla y León, una práctica contraría a la letra y al espíritu de la ley de caza pero sobre todo desleal e injustificable. El fiscal nos pidió que le aportásemos cuanta documentación pudiésemos conseguir al respecto, cosa que hicimos cumplidamente.

 

Ahora, dos años después, la fiscalía finalmente nos envía una carta en la que reseña el resultado de sus actuaciones, y cuyo texto ponemos a disposición de quienes quieran consultarla. En ella nos comunican que, efectivamente han comprobado que tanto en el caso de Zamora como en el de Palencia queda “confirmada la realidad de las prácticas denunciadas, que se desarrollan con el conocimiento y amparo de los correspondientes organismos de la Junta de Castilla y León”. No obstante, archivan la denuncia al no poder acusar a la administración por permitir esas prácticas.

 

Por su parte la Junta de Castilla y León se ha intentado amparar en la interpretación de que se puede cebar a los animales para cazarlos usando productos atrayentes si estos tienen un carácter “selectivo y no masivo”.

 

La Unidad Técnica de la fiscalía ha tomado nota de las sucesivas actuaciones de la Junta sobre este asunto y ha expedido un informe con fecha de 18 de octubre de 2016 en el cual se concluye literalmente que “la interpretación realizada por la junta de Castilla y León para poder autorizar los productos atrayentes en el ejecicio de la caza amparándose en su carácter selectivo y no masivo, carece totalmente de argumentos científicos”. Continúa el informe diciendo que “es manifiesta la existencia de normativa que prohíbe el uso de productos o cebos atrayentes para la fauna en el ejercicio de la caza”, y añade que “el hecho de que el Real Decreto 1095/89 especifique como método prohibido el uso de todo tipo de cebos, gases o sustancias atrayentes hace imposible su autorización”.

 

Pero a partir de aquí entramos en la ambigua esfera de los tecnicismos legales. Dado que la regulación de la caza está transferida a las autonomías, éstas pueden hacer interpretaciones retorcidas de la normativa e intentar priorizarlas sobre el texto de la ley general. Y ante este aparente callejón sin salida, la fiscalía archiva las actuaciones, pero nos recuerda que “dicho archivo no produce efectos procesales por lo que si Usted lo estima oportuno puede presentar denuncia por los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción competente”. Más aún se nos dice que “dado que el Ministerio Fiscal carece de legitimación en ese ámbito parece oportuno que en la medida de lo posible desde esa organización (Lobo Marley) se valore la interposición de los correspondientes recursos en vía administrativa contra las resoluciones en que la Administración defienda el uso de productos atrayentes”.

 

Así pues, queda en manos de la sociedad civil, y en particular de asociaciones como la nuestra, el entrar al enamarañado (y cada vez más caro) mundo de las demandas judiciales para intentar demostrar cosas que son de sentido común. ¿Es la práctica de cebar a los lobos selectiva? Baste con pensar en el legendario sentido del olfato del gran cánido: la carroña de un gran ungulado colocada en la Sierra de la Culebra atraerá a lobos desde kilómetros a la redonda, provenientes de la reserva de caza, de los cotos colindantes e incluso del vecino Portugal. Sólo este hecho ya contraviene tantas normativas que no haría falta ninguna consideración adicional para prohibir este siniestro pasatiempo. Pero en la práctica las cosas no son tan sencillas.

 

Y es que la ley a menudo está hecha para beneficio de quien cuente con más recursos para entrar en kafkianos laberintos procesales. El camino se promete largo, pero como continúa diciendo al carta de la fiscalía, “la consolidación de una doctrina jurisprudencial que estimara los argumentos contrarios a esa interpretación (la de la Junta de Castilla y León) podría ser el punto de partida para exigir responsabilidad en el ámbito penal de quienes no respetan esa exégesis judicial”. Además se nos dice que “sería necesario que (…) se denuncien aquellos actos ilícitos de caza que desautoricen la interpretación de la Junta”.

 

Desde luego, Lobo Marley no se va a rendir. Con el apoyo de nuestros socios seguiremos luchando en los frentes autonómicos, nacionales e internacionales hasta conseguir nuestros objetivos: primero, el cumplimiento de la ley vigente, y segundo, el cambio de ese marco legislativo para conseguir la protección total del lobo ibérico en toda la Península.

 

HAZ CLICK AQUI PARA VER LA CARTA DE LA FISCALÍA EN PDF

 

El equipo de Lobo Marley

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