Medio Ambiente ensalza el funcionamiento del Plan del Lobo, asegura que ha favorecido su distribución en la última década y que la población de cánidos se ha duplicado
Ical / Valladolid
Representantes de la Alianza por la Unidad del Campo, integrada por UPA y COAG, y conservacionistas de la organización ‘Lobo Marley’ se enzarzaron hoy a las puertas de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, en Valladolid, por sus diferencias en la gestión del cánido y por la iniciativa ‘Ávila libre de lobos’, impulsada por estas opas, que ha culminado con el registro de mociones de un centenar de ayuntamientos y la Diputación Provincial, contra la cual, la asociación ecologista presentó 145.000 firmas obtenidas a través de internet.
La tensión fue protagonista en una jornada en la que coincidieron defensores del cánido y aquellos que piden mejorar la gestión de este animal y buscar un equilibrio con la ganadería extensiva. En la entrada del edificio institucional, los segundos acusaron de “demagogos” a los naturistas y de “manipulación”, mientras que éstos recalcaron que en Ávila sólo hay 30 lobos, dato que negaron UPA y COAG, que los cifran en “muchos más”.
Sólo los naturistas tenían cita hoy con el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, a quien pidieron que desautorice la iniciativa promulgada por las organizaciones agrarias. Además, el presidente de la Asociación Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural, Luis Miguel Domínguez, calificó el día de “histórico” por el hecho de presentar un número de firmas que refleja el respaldo de la sociedad con el lobo, parte del “patrimonio de España que no se puede perder”. “El lobo es tan Castilla y León o Ávila como sus murallas”, espetó, y su “exterminación sería hacer el ridículo fuera de las fronteras”.
El representante de Lobo Marley, que debe su nombre a un cánido “mártir” que abatió el personal administrativo en el Parque Nacional de Picos de Europa, consideró que la ganadería extensiva no es enemiga del lobo pero rechazó este tipo de iniciativas. “Castilla y León sin lobos, es menos. Está acorralado y es fugitivo”, sostuvo Domínguez, quien insistió en que esta organización es sólo “correa de transmisión” entre la sociedad y la propia Administración.
José Ángel Arranz le respondió que el funcionamiento del Plan del Lobo ha favorecido la distribución del animal en la última década, “mucho más amplia”, y que la población de cánidos se ha duplicado al sur del Duero. De hecho, subrayó que el único punto problemático que el lobo debe superar en Castilla y León es la “conflictividad con el hombre”, principalmente con la ganadería extensiva, “seña de identidad de la Comunidad”.
Ganadería extensiva, clave
Igualmente, recordó que este tipo de ganadería es “clave” para la conservación de otras especies, como el águila imperial ibérica, permite el control de la vegetación y de la “lacra” que suponen los incendios forestales. Por ello, apostó por buscar el equilibrio con la presencia del lobo en Ávila. Sin embargo, remarcó que la Directiva Europea Hábitat es clara y señala que este cánido es una especie protegida al sur del río Duero, cuestión que la Consejería de Medio Ambiente ya ha trasladado a la Diputación de Ávila y a las opas.
Por ello, explicó que la Junta “siempre ha estado dispuesta” a reducir el número de daños del lobo, “que sean los menos posibles”, en indemnizar “de forma rápida y justa a los afectados, intentando que el ganado no sea siempre la víctima”.
Domínguez comentó que el gasto del lobo es “mínimo” si se compara con el beneficio que repercute en la agricultura, dado que este animal es un controlador biológico que reduce el número de jabalíes, por ejemplo. En este sentido, rechazó que “sea el pío expiatorio” de los ataques y preguntó a la Junta si tiene contabilizado el número de perros asilvestrados, protagonistas también de ataques a la ganadería.
Presión insoportable
Por su parte, el secretario regional de UPA, Julio López, destacó la relevancia del centenar de mociones de ayuntamientos, más la de la Diputación de Ávila, y señaló que “los ganaderos no pueden soportar la presión”. “Si los naturistas quieren a los lobos, que los alimenten”, espetó.
También anunció que la Alianza se pondrá a disposición de la Fiscalía, que ha iniciado diligencias informativas penales y ha requerido un informe detallado a la institución provincial a raíz de la propuesta para solicitar la declaración de la provincia como ‘zona libre de lobos’.
Tras asegurar que respeta la Directiva Hábitat y la decisión del Tribunal Supremo, que prohíbe cazar el lobo al sur del Duero y anula el plan de la Junta, manifestó que es “incompatible” la presencia del cánido y la ganadería extensiva y solicitó a la Junta, en primer lugar, indemnizar vía patrimonial en cumplimiento de la sentencia del TS y, en segundo, que en las zonas donde no hay puntos de equilibrio, “se tomen decisiones oportunas”. “No queremos la desaparición del lobo, sino su gestión para evitar ataques”, comentó.
Igualmente, lamentó que la Administración lance por un lado que promueve medidas para frenar la despoblación en el medio rural y por otro no ataje los ataques a la ganadería. “Hay que empezar a proteger a las personas”, dijo. En los últimos cinco años, añadió, la Consejería ha gastado ocho millones de euros en compensar los daños, “algo que sólo saben los que lo sufren”, y no los “ecologistas o ecolojetas”, con quien aseguró que no buscan confrontación.
Por último, el secretario regional de COAG, Aurelio Pérez, mostró su respeto por las 145.000 firmas obtenidas por ‘Lobo Marley’, pero cuestionó la representatividad de estas organizaciones. Además, sostuvo que es “muy cómodo entrar en internet y apretar un botón”. “Si nosotros quisiéramos conseguir todas esas firmas, necesitaríamos 40 territorios como Castilla y León”, concluyó.
«Asumir» al lobo.
El Ayuntamiento de Ponga se sumó ayer a las críticas de los ecologistas que denunciaban que el patronato del parque natural del concejo llevaba dos años sin reunirse, acusando a los gestores del espacio protegido de no contar con el resto de las partes representadas en dicho órgano a la hora de tomar decisiones y anunciando que están estudiando una fórmula para dejar de formar parte del parque.
RENE GÓMEZ La Junta de Castilla y León intentará «reducir al mínimo» el procedimiento administrativo para que la asunción de la responsabilidad patrimonial que debe asumir por los daños del lobo al sur del Duero «no se prolongue demasiado». Tal es el compromiso adquirido por el delegado territorial, Alberto Castro, al término de la reunión con responsables de las tres organizaciones agrarias Coag, Asaja y UPA para analizar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la Junta a indemnizar a los ganaderos por los daños producidos por los lobos al sur del Duero. «Seguimos creyendo que el seguro es la forma más ágil y sencilla porque desde que se produce el ataque hasta que cobra el ganadero solamente pasan 30 días; sin embargo la responsabilidad patrimonial alarga demasiado el procedimiento, es tedioso pero la ley nos obliga así».