Autor: Lobo Marley

El anuncio en la Fitur del I Festival Internacional del Lobo, que se celebrará en Villardeciervos (Zamora) del 3 al 7 de septiembre, ha suscitado inmediatamente el rechazo por parte de los ganaderos de las comarcas de Sanabria y La Carballeda, que mantienen desde tiempo inmemorial una animadversión generada por los ataques del cánido a las explotaciones y rebaños.

El espaldarazo que ha recibido el turismo vinculado al lobo llega cuando todavía flota en el ambiente el ataque registrado el pasado miércoles en una explotación de Villaescusa, en el que resultaron muertas 80 ovejas y heridas más de una veintena. «Los representantes públicos que tenemos no parecen entender lo que sufrimos los ganaderos con lo que hace el lobo y vemos que, al mismo tiempo, es el lobo el que se lleva todos los parabienes y los cuidados mientras las administraciones miran hacia otro lado», denuncia, en declaraciones a la agencia Ical, el responsable de Medio Ambiente de COAG, José Manuel Soto.

«No sabemos si lo que quieren en realidad es que no se cace ningún lobo en ningún territorio, sea al norte o al sur del Duero, da igual. Y seguimos recordando sin que nadie nos haga caso que el lobo solamente está donde hay ganaderos y ganado. Nunca se queda donde sólo hay pinos y brezo y eso es lo que va a pasar cuando todos los ganaderos de estas comarcas nos veamos forzados a dejarlo porque no aguantamos más», añade.

Por su parte, los empresarios de la provincia de Zamora que desarrollan su actividad en lo que denominan «Territorio Lobo», insisten en que «no es excluyente» una actividad respecto a la otra. «El turismo relacionado con el lobo está creando empresas, está creando trabajo y tiene futuro pero eso no significa que tenga que superponerse a la ganadería sino, más bien, todo lo contrario», señala a Ical el responsable de Zamora Natural, Antonio Campesino, quien acaba de recoger en Fitur el Premio Nacional de Turismo en la modalidad de Aventura por el proyecto «Frontera Natural».

«No somos ecologistas, sino empresarios. Sabemos de nuestro sector y de números y por eso estamos seguros de que son compatibles las dos actividades. Hay que ver la forma de conciliarlas y, sobre todo, de prevenir los ataques para que los ganaderos no sufran y vean el lobo menos recelo», apunta.

Las instituciones también se expresan ante las reacciones que la presencia del lobo en Fitur h a suscitado y apuestan por «compatibilizar» los intereses de los ganaderos con el de los empresarios que pueden atraer riqueza al territorio. «Es necesario conciliar ambos intereses, compatibilizar las sensibilidades de los ganaderos cuyas explotaciones sufren ataques y de las empresas que pueden desarrollar las posibilidades turísticas del lobo», afirmó el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Fernando Martínez-Maillo. «Siento mucho la pérdida del ganadero que ha sufrido el último ataque. Hay que agilizar las ayudas y restaurar el daño provocado por el lobo en las explotaciones ganaderas», anotó.

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Hacer compatible la convivencia entre la ganadería y la población de lobo ibérico en Castilla y León, ése es el, nada sencillo, objetivo del Plan de conservación y gestión del lobo en nuestra Comunidad que está en revisión desde el año pasado y que se aprobará en torno al mes de junio, eso supone un retraso de medio año respecto al compromiso del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que confiaba en tenerlo listo a finales de 2013. Entre otras razones, este retraso se debe, argumentan desde la administración, al intento de buscar el mayor consenso posible en un texto que ‘enfrenta’ los intereses del sector ganadero y las organizaciones conservacionistas. Todos ellos han presentado decenas de alegaciones a esta modificación del Plan que busca mejorar los puntos que no se han cumplido del anterior y también dar respuesta a la doble sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes de marzo anuló varios artículos. Una de esas sentencias obliga a la Junta a pagar, a través del régimen de responsabilidad patrimonial, los daños producidos por el lobo al sur del Duero, donde es especie protegida; la otra, anula los artículos en los que se recoge la caza al sur de este río porque, desde esa frontera, una directiva de la Unión Europea establece que la especie no es cinegética.

Partiendo de esta base, cada colectivo y cada organización ha contado con 20 días hábiles desde que la Junta publicó el proyecto de Decreto para presentar alegaciones, un plazo que se cerró el pasado viernes y que ha hecho llegar hasta la administración decenas de alegaciones, por parte de las organizaciones profesionales agrarias, de los colectivos conservacionistas, también sugerencias del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sugerencias ciudadanas que han recibido a través el portal de Gobierno Abierto en la web del Ejecutivo autonómico.

Los que no han presentado alegaciones y sí se sientan en las reuniones de seguimiento de este Plan, son los cazadores, ya que, según el presidente de la Federación en Castilla y León, Santiago Iturmendi, todo lo que gira en torno a esta especie es «la quimera del lobo», «cantos de sirena», asegura, que no «llevan a ninguna parte», su principal queja se basa en que año tras año no se cumple el cupo de lobos que a Junta autoriza que se pueden abatir, considera además que se «criminaliza» a los cazadores de lobo. Echar un vistazo a la hemeroteca, permite encontrar, mes tras mes, noticias sobre ataques de lobo al ganado, principalmente al sur del Duero, una situación que los ganaderos califican de «insoportable».

Las tres organizaciones agrarias coinciden en muchas de sus alegaciones, la principal, pide que se simplifiquen y agilicen los trámites para recibir las indemnizaciones porque el actual sistema, asegura Asaja, «no es efectivo», tanto esta organización como UCCL, solicitan que, tanto al norte como al sur del Duero, la Junta indemnice por vía de la responsabilidad patrimonial. Para la Alianza por la unidad del campo UPA-COAG, una manera de reducir el conflicto pasa por una «política efectiva de indemnizaciones», similar a la del oso pardo y añaden que, dado que el artículo 3 «presupone que hay que asumir un determinado nivel de daños», solicitan a la administración que incluya que esos daños «se deben compensar de forma justa, eficaz e inmediata».

El sector también coincide en considerar «inadmisible» que el ganadero sea el encargado de tomar medidas preventivas frente a los ataques de lobo, como recoge el artículo 8.

Los conservacionistas

De las tres organizaciones profesionales agrarias, es la Alianza la que ha presentado un mayor número de alegaciones al texto que casi, según su portavoz, Julio López, suponen una «enmienda a la totalidad». Creen «imprescindible» llegar a un consenso sobre «cuántos lobos queremos y dónde» y añaden que si el «lobo es patrimonio natural de la Comunidad debe ser ésta la que se responsabilice sobre él». Para UCCL y según lo expuesto en el Plan, «no se consigue» el objetivo de compatibilizar el lobo con el ganado porque «lo único que propone es que el ganadero modifique su manejo del ganado y haga inversiones en su explotación».

Las organizaciones conservacionistas creen que el plan debe incidir más en la conservación y menos en la gestión y hacen hincapié en un dato, los ataques de lobo afectaron entre 2005 y 2012 a un 0,08% de reses de ganado menor y un 0,05% de ganado mayor.

Desde Ascel, la Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico, piden la retirada del documento para subsanar los «graves errores» que contiene, entre otros, consideran, como WWF Adena, que el texto no explica bien las medidas preventivas sobre el manejo del ganado y que basar la reducción de ataques en el control del número de ejemplares es «totalmente ineficaz».

Estas dos organizaciones y Lobo Marley -que también pide la retirada del texto- solicitan a la Junta que controle más el uso del veneno y los cebos ilegales y coinciden en señalar que el plan debe primar los aspectos de conservación y no solo la gestión cinegética, además destacan que los objetivos del plan están basado sobre el número de mandas de 2001 (el último censo disponible con 141 manadas) cuando la Junta espera que en el próximo censo (que estará dentro de un mes) este dato haya aumentado, las tres organizaciones también critican que estos censos se están haciendo con «poco rigor» y ello puede dar lugar a una sobrestimación en el número de ejemplares, WWF Adena, además, solicita que se recojan las áreas que había en el anterior plan y no solo dos zonas: norte y sur del Duero, tal y como contempla la revisión actual.

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Varias décadas siguiendo a los lobos en la meseta norte de Castilla y León son tiempo más que suficiente para extraer algunas conclusiones que deberíamos tener en cuenta. Como por ejemplo, que su persecución ilegal es intensa y vigente. Del registro de más de un millar de ejemplares muertos durante todo ese tiempo se deduce que la mayoría fue víctima del furtivismo, siendo posiblemente este factor el elemento limitador de las poblaciones del carnívoro.

Texto y fotos : Luis Mariano Barrientos

Fernando Granda.

El oso es hoy un emblema más representativo de Asturias que de Madrid, que lo lleva en su escudo junto con el madroño. El oso hace 30 años casi había desaparecido de los montes asturianos y hoy es un atractivo turístico del Principado. No intento presumir, por ser socio antiguo, pero pienso que esta realidad actual es en gran parte debida a la acción de un grupo de amigos, amantes de la Naturaleza, que iniciaron entonces su labor intentando que los escasos buitres astures que volaban por el cielo no se extinguieran.

Eran los comienzos de los años ochenta del pasado siglo cuando unos chavales, que se proclamaban «acción inmediata», se dedicaron a recoger animales muertos para trasladarlos a zonas donde sobrevivían las aves carroñeras para alimentarlas y no desaparecieran. Algunos meses después inscribieron su unión en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. La llamaron Fondo (Asturiano) para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS). Hoy es una entidad de ámbito nacional.

La búsqueda y transporte de la carroña para alimentar a los buitres requería un dinero del que no disponían y pidieron ayuda a través de las revistas «Querqus» y «Natura», que fundaran Benigno Varillas y Teresa Vicceto, a quien quisiera colaborar en dicha labor. En pocos días dos millares de personas contestaron con sus aportaciones. Llegaron de todo el país, lo que propició la fundación del FAPAS. Ahora se cumplen 30 años de aquel curioso inicio.

Hoy el FAPAS, que preside uno de aquellos entusiastas muchachos fundadores, Roberto Hartasánchez, es una referencia europea. Su importancia reside en que sus métodos y procedimientos son seguidos por otras oenegés del continente. No se dedica simplemente al conservacionismo sino que investiga y aporta prácticas para el amejoramiento del medio ambiente y contra el deterioro de la naturaleza. Sus estudios sobre el terreno han logrado solucionar situaciones conflictivas y corregido políticas medioambientales equivocadas. Ha demostrado, por ejemplo, que el oso pardo puede mantener una convivencia no agresiva con el hombre, que esa convivencia puede ser beneficiosa para ambos ya que aumenta la resistencia original al quebranto de la cadena trófica y del ecosistema. Y es que el fondo no se conforma con el reciclaje sino que promueve la regeneración más natural posible. Hoy asesora a distintos organismos públicos y privados y realiza una ecología muy práctica.

Su función ecológica no fue la primera que llegó a nuestro país pues ya había grupos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), de Greenpeace u organizaciones españolas como el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), el Colectivo Cantueso o el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra. Pero la implantación del FAPAS fue un aldabonazo que inició la senda que ha llevado al Principado a ser una de las regiones europeas más naturales y que mejor conserva el medio natural. Porque el colectivo no dedica sus esfuerzos solamente a la vida del oso, sino que estudia, trabaja y promueve iniciativas para la conservación del urogallo, el águila pescadora, el lobo, el buitre, la abeja, numerosos árboles y frutos que conforman una cadena vital para el desarrollo de un -aunque parezca tópico- atractivo y emblemático paraíso natural.

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Sábado, 25 de enero del 2014

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a la primera legislación que acepta, aunque solo de manera embrionaria, la explotación turística de los parques nacionales, que son la máxima figura de protección ambiental en España. Porque una cosa es favorecer que los pueblos aledaños se beneficien de la proximidad de un parque nacional, por ejemplo con la creación de hoteles, y otra es que se permitan actividades recreativas y remuneradas en su interior. Y esto es, como denuncian los ecologistas, lo que hace el anteproyecto de ley de parques al autorizar la navegación fluvial en uno de ellos, el de Monfragüe (Cáceres), y el vuelo sin motor en otro, el recientemente constituido de Guadarrama (Madrid-Segovia). El texto, presentado por el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, deberá pasar ahora el trámite parlamentario antes de su aprobación.

Arias Cañete justificó que la futura ley abre la vía para que los parques nacionales «puedan aportar recursos adicionales» que ayuden a su conservación. También «fomenta la creación de empleos verdes» en aquellos municipios cuyo territorio está ocupado por un espacio protegido. Sin embargo, los ecologistas lamentan que la ley diluye la frontera entre parque natural, en el que sí se pueden realizar actividades con fines económicos, y parque nacional, las reservas dedicadas en exclusiva a la conservación de los valores naturales y en los que, salvo excepciones, ni siquiera está permitido el acceso con bicicleta. En España solo hay 15, que suman un total de 300.000 hectáreas, y únicamente uno está en Catalunya (Aigüestortes i Sant Maurici). «Se está devaluando la figura de parque nacional», comenta Marta Subiràs, directora de Polítiques Ambientals de la Generalitat

CADA UNO A LA SUYA / El Gobierno ha dado vía libre a los «parques temáticos», reiteran los ecologistas. «Una ley general no puede tener estas peligrosas excepciones», lamenta Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF-España, para quien se ha abierto la caja de los truenos para que «todo el mundo diga la suya».

Curiosamente, el texto tiene entre sus grandes objetivos unificar los criterios de gestión de los 15 parques nacionales, así como los que se puedan crear en un futuro, y evitar que cada uno vaya por su cuenta, como destacó Arias Cañete. Aunque el ministro garantizó que la ley «mantiene las atribuciones de las comunidades autónomas y lo que hace es solo mejorar la coordinación», el texto es una reacción ante una sentencia del Tribunal Constitucional del 2007 que decretó que la competencia en este campo era exclusiva de las autonomías. A la Generalitat no le gustó nada el texto, como destacó ayer Marta Subiràs: «Es una ley innecesaria y recentralizadora cuyas únicas novedades son justamente las que invaden competencias de las autonomías», afirmó.

En cualquier caso, a los ambientalistas les parecen aún más preo-

cupantes otros aspectos. Uno de ellos, como destaca Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, se encuentra en la disposición adicional 7.2, que acepta la edificación en los parque nacionales ya existentes, dentro de «suelos ya urbanos o susceptibles de urbanización». Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, tuvo que salir al paso con posterioridad y asegurar que se trataba exclusivamente de una norma para regular los parques que tienen núcleos de población en su interior, como Picos de Europa, pero «lo cierto es que abre una espita peligrosísima», consideró Del Olmo. «Pretender ver algo más es irreal», añadió Ramos.

EL PODER DEL DUEÑO / Otro de los problemas es que los propietarios del suelo -muchos parques se hallan en terrenos privados- podrán participar en la gestión. Y esto es «particularmente peligroso» a la hora de la caza, afirma el representante de WWF. El anteproyecto de ley la prohíbe taxativamente, pero la permite en el caso de control de poblaciones, como cuando hay un exceso de ciervos u otros herbívoros, una tarea que siempre ha realizado el personal del propio parque. «Si los dueños pueden decidir cómo se hace, eso significa que se abre el camino a la venta de permisos y a las monterías encubiertas», concluye Del Olmo.

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La familia Ferrero perdió en la madrugada del pasado miércoles un centenar de sus ovejas en un brutal ataque en su finca de Villaescusa, en Zamora. Se trata de uno de los siniestros más graves de los últimos años, como así se lo hicieron saber los agentes medio ambientales desplazados a la explotación para certificar los daños. “Nos dijeron que hacía mucho tiempo que no veían algo así y que probablemente habría sido obra de 4 o 5 lobos. Ha sido un auténtico desastre”, reconoce Alejandro Ferrero.

Los cánidos acabaron con más de 80 ovejas y dejaron malheridas a otra veintena de animales, que han tenido que ser sacrificados al ser completamente irrecuperables. Una grave pérdida que la familia ganadera cifra en 12.000 euros. “Los lobos sacaron a las ovejas de las redes en las que estaban y fueron matándolas una o una. No murieron asfixiadas como ocurre en otros ataques porque los animales se amontonan”, explica el productor, quien reconoce que de nada sirvieron los ocho mastines leoneses que tienen para proteger la finca.

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El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha indicado que se reunirá con Ecologistas en Acción para explicarle y trasladarle la intención de la Diputación de Toledo de llevar lobos y osos a la Finca ‘El Borril’.

También podrá hacerlo ante catástrofes o situaciones extremas.