La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado, María Jesús Alvarez, ha afirmado este martes que el lobo en Asturias «no está amenazado y no hay una sola prueba científica que permita afirmar lo contrario», al tiempo que ha defendido una revisión «eficaz» del plan de gestión de esta especie.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria del área en el marco de las comparecencias informativas acerca de la revisión del Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias, Alvarez ha incidido en la amplia divergencia de posturas «que dificulta el consenso sobre cómo debería gestionarse el presente y el futuro de esta especie». «Nadie tiene más interés que yo en alcanzar un acuerdo», ha aseverado la titular de Agroganadería y Recursos Autóctonos, recordando que el nuevo texto refuerza la eficacia del plan y pretende responder mejor a los problemas y necesidades de los ganaderos.

La consejera ha apuntado que este plan pretende «mantener a la población de lobos asturianos en un estado de conservación favorable en el contexto de la población noroccidental ibérica de lobos», mientras garantiza una gestión del lobo «defendiendo los intereses ganaderos regionales, minimizando los daños que la especie pueda producir y compensando justamente los que produzca».

Con todo, María Jesús Alvarez ha señalado la «privilegiada riqueza faunística» del Principado, añadiendo que desde el Ministerio están trabajando para elaborar un censo del lobo. «Debemos atender con justicia y equidad a los problemas, arbitrando fórmulas de gestión eficaces», ha dicho.

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La comisión de Agroganadería en la que se abordó la revisión del Plan del Lobo tuvo numerosas comparecencias informativas en las que participaron desde ecologistas a ganaderos, pasando por representantes de la Federación Asturiana de Concejos, de los guardas del Principado o de la Universidad, entre otros. Todos ellos ofrecieron su opinión respecto al nuevo texto elaborado por la Consejería del que destacaron sus carencias, aunque también hubo quien quiso resaltar sus aspectos positivos.

Entre las participaciones reseñables estuvo la de Pablo Pérez, presidente de la Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa). Pérez reclamó que en la tramitación de los expedientes de daños se aplique la ley de procedimiento administrativo para que cada reclamación tenga su número de registro, lo que facilitaría su archivo y que no se pudiese perder. Además pidió que se elaboren unos criterios de análisis de los daños «para evitar evaluaciones distintas en función de quién las realice y dónde». También aseguró que «falta formación para los guardas» referente a la evaluación de daños y reclamó la elaboración de una tabla actualizada con los importes a indemnizar para cada res afectada. Pérez añadió además que, en opinión de los guardas, «se debe poner más énfasis en evitar los daños» en lugar de utilizar las indemnizaciones como principal instrumento en la gestión del lobo. Unas indemnizaciones que rondan el millón de euros anuales.

Alberto Gil, representante de los colectivos conservacionistas en el Comité del Lobo, solicitó «un cambio de las herramientas del Plan del Lobo», que son las indemnizaciones y los controles. Lamentó que el texto haya «relegado las medidas preventivas» para evitar los ataques, e insistió que «es una grave irresponsabilidad política insistir en un sistema de pago de los daños». Recordó que existen investigaciones que afirman que los controles de población pueden ocasionar un incremento de los ataques. Y concluyó asegurando que para los conservacionistas «es inasumible que los cazadores participen en los controles, tanto a nivel jurídico como social».

Desde la Federación de Concejos, Eduardo Lastra valoró positivamente «la existencia de un marco normativo» respecto a esta especie en la región «pero se observa una falta de concreción presupuestaria para la ejecución de las medidas». «Se habla de potenciar el turismo del lobo pero tampoco se concreta qué financiación va a recaer de esta idea en las administraciones locales», apuntó.

Entre los participantes en la comisión también estuvo Carlos Nores, titular del Departamento de Biología de la Universidad. Nores señaló que «el conflicto del lobo tiene tres vertientes: sociológica, económica y ecológica. Lo que no se ha hecho es desarrollar estrategias de conciliación de esos intereses». El biólogo destacó que «el Plan del Lobo aborda todos los aspectos que hay que tener en cuenta» a la hora de gestionar esta especie, «el problema es cómo se van a ejecutar». En cuanto a la situación de la especie, Nores afirmó que «se pueden extraer lobos sin que haya un perjuicio para la especie, se han extraído durante los últimos años y pese a ello su población ha crecido un 2,5% por año».

Alfonso Artidiello, secretario de la Junta Administrativa del Puerto del Sueve, afirmó que «muchas de las propuestas del Plan del Lobo pretenden acabar con la ganadería en extensivo». Así mismo insistió en que «los ganaderos no pretendemos acabar con el lobo, lo que queremos es que él no acabe con nosotros».

Desde la Sociedad de Cazadores de Teverga, Anselmo García sostuvo que si «en el Parque Nacional de los Picos de Europa los jueces permitían abatir a 6 lobos de una población estimada de 50 ejemplares» en 2012, «haciendo una extrapolación de esas cifras al conjunto de la región, porque hay otras zonas con más densidad lobera que los Picos, nos darían unos 550 ejemplares y no los 180 que dice la Administración».

Entre los sindicatos agrarios la postura era muy similar. Ni a COAG, ni a UCA, ni a Asaja les gusta el texto. «Hay ataques constantes. La situación es crítica. Peligran las razas autóctonas, una cultura y la actividad en el medio rural. El nuevo Plan del Lobo nos parece insuficiente dada la problemática actual» pero «lo preferimos a que no haya plan», resumía Mercedes Cruzado, de COAG.

Por su parte el director del Parque Nacional de los Picos de Europa, Rodrigo Suárez Robledano, insistió en que el lobo «no es una especie que esté en peligro de extinción y en España sólo está protegida al sur del Duero». «Al norte puede ser objeto de medidas de gestión», añadió el director del Parque Nacional, quien apuntó que la normativa de este espacio protegido indica que «hay que mantener la población del lobo en su justa medida y que la ganadería extensiva no sufra más de lo asumible».

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La consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, acompañada a su derecha por la directora general de Recursos Naturales. ::A. PIÑA

Los daños del lobo en la región se han incrementado en un 14,4% en los dos últimos años. Así lo reflejan los datos facilitados ayer por la directora general de Recursos Naturales, Fina Álvarez, durante la Comisión de Agroganadería y Recursos Autóctonos, celebrada en la Junta General del Principado en la que se abordó la revisión del Plan del Lobo. Según indicó Álvarez en respuesta a las preguntas realizadas por los diputados Luis Venta, del PP, e Ignacio Prendes, de UPyD, el pasado 2013 se registraron un total de 4.095 reses que sufrieron daños del lobo. En 2012 fueron 3.761 las cabezas de ganado que padecieron la acción del cánido y en 2011 se inscribieron en los registros oficiales de la Consejería 3.578 reses atacadas por el lobo. En todos estos años las indemnizaciones abonadas por el Principado de Asturias rondaron el millón de euros.

Fina Álvarez señaló que no en todas las partes de la región se reflejó un incremento en esta misma proporción. Explicó que mientras en el Occidente el grado de incidencia del cánido sobre la cabaña ganadera se mantuvo en unos parámetros similares a los de periodos anteriores; en la zona del Oriente, y más concretamente en el entorno de los Picos de Europa, sí que se constató un importante aumento en la cantidad de ataques a las reses. Un incremento que la directora general de Recursos Naturales atribuyó a la suspensión cautelar de los controles de población que decretaron los jueces durante buena parte de los dos pasados años y que impidió aplicar mecanismos de gestión de la especie en este territorio.

Durante su comparecencia en la comisión para explicar los principales aspectos de la revisión del Plan del Lobo y responder a las preguntas de los diputados regionales la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, recalcó que «el objetivo es que el lobo no interfiera de forma inasumible en la cabaña ganadera de la región y que el lobo mantenga un estatus poblacional positivo». Para lograr este escenario, Álvarez reconoció que «tenemos que mejorar los controles» de población que se hacen sobre el depredador.

En su primera intervención la consejera lanzó un mensaje a los colectivos ecologistas, así como otro a los ganaderos y uno más al conjunto de la sociedad asturiana. A los primeros les dijo que «este plan pretende mantener a la población de lobos asturianos en un estado de conservación favorable en el contexto de la población noroccidental». A los segundos les aseguró que «este plan pretende hacer gestión del lobo defendiendo los intereses ganaderos regionales, minimizando los daños que la especie pueda producir y compensando justamente los que produzca». A los asturianos en general les trasladó que «debemos sentirnos orgullosos de nuestra privilegiada riqueza faunística, pero debemos atender con justicia y equidad a los problemas que pueda crear a algún sector social arbitrando fórmulas de gestión eficaces».

La consejera insistió en que «la revisión del Plan del Lobo nos puede permitir ser más eficaces» en el control de la especie «y diligentes» a la hora de actuar. Y es que recordó que el documento incluye, como principal novedad, que si los cazadores, durante el transcurso de una cacería en los cotos o reservas regionales y siempre acompañados por un guarda, se topan con un lobo en un lugar donde no se haya alcanzado el cupo anual de extracción de ejemplares fijado por el Principado, podrán abatirlo.

42 cánidos

Desde Agroganadería se añadió que durante el pasado año se «extrajeron» 42 cánidos, a los que habría que sumar otros 4 muertos en las carreteras asturianas. «En aquellos lugares donde se alcanzó el cupo de extracción previsto han disminuido los daños», aseguró la consejera.

Las críticas que recibió el documento por parte de los representantes del resto de partidos políticos con representación regional, salvo el PSOE, fueron numerosas. Aurelio Martín, de IU, destacó que en los últimos años ha habido un «crecimiento muy importante» de la población de la especie en Asturias y añadió que también ha existido un importante «problema de gestión serio en algunas zonas» de la región derivado de una «desidia» en este aspecto durante años anteriores y que ha derivado en la situación actual. Martín también propuso la elaboración de un censo para conocer el número de lobos que puede haber en Asturias y poder así diseñar unas herramientas de gestión de la especie acordes con su población real. Desde la Consejería se le indicó que en la actualidad manejan estimaciones que hablan de entre 30 y 37 grupos familiares asentados en el territorio asturiano.

Luis Venta, del PP, criticó que «en ningún momento se dice en el Plan de Lobo que su objetivo es reducir los daños». Y preguntó sobre qué garantías legales tendrán los cazadores que abatan a un lobo en los supuestos recogidos en el texto. María Jesús Álvarez le contestó que «creemos que es viable desde el punto de vista jurídico y político». Venta concluyó afirmando que el Plan del Lobo «no tiene credibilidad» al sustentarse en «una realidad falsa». Y aseguró que «se necesitan» en la región más zonas donde se contemple la no presencia del lobo. Por todo ello solicitó que «se reconsidere la redacción» del texto.

Desde Foro Asturias, el diputado Juan Ramón Campo aseguró que el documento «nace viciado de nulidad» y criticó que no incluyese un criterio unificado para la evaluación de los daños que evite diferentes calificaciones de los guardas del Principado. «Este documento sólo sirve para cercenar la incorporación de los jóvenes al campo, las producciones queseras y las razas autóctonas», aseguró Campo, quien concluyó afirmando que «no están de acuerdo con ustedes ninguno de los sectores implicados en la gestión del lobo».

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