Fernando Morán, junto a tres de los bisontes, en Villayón, meses atrás. A. M. S.

Villayón, Gustavo GARCÍA.

Ya no quedan bisontes en el concejo de Villayón. El proyecto impulsado por la asociación Centro de Conservación del Bisonte Europeo en España en la braña del Zapurrel se ha cancelado ante la muerte de todos las reses. Fallecimiento que, según explican en el organismo, se ha producido en extrañas circunstancias. «En Villayón se cerró el proyecto cuando habían fallecido cuatro de los seis bisontes que quedaban», explica Fernando Morán, veterinario y director del proyecto en Asturias. «Los otros dos se fueron para otro lado y acabaron también falleciendo. Esos animales se perdieron», resume Morán.

Aunque los análisis aún no han podido determinar con exactitud lo que ocurrió, el director del proyecto apunta al envenenamiento como principal hipótesis de la desaparición de esta especie en la finca del marqués Javier Navia-Osorio. «En ese concejo el proyecto está cerrado porque no sabemos muy bien lo que pasó. Es posible que haya habido problemas de ataques de gente, pudo haber veneno allí, así que no se vuelve», sentencia.

Esto hecha al traste la iniciativa de reintroducir esta especie en la comarca occidental, que se inició en junio de 2012. Al Zapurrel llegaron ocho animales, uno de los cuales falleció a los pocos días de llegar desde Holanda. En esta finca de la montaña asturiana, los bisontes disfrutaban de un espacio más que correcto para su reproducción, y, como expone Morán, al principio el proyecto marchaba según lo previsto: «Los animales estuvieron nueve meses muy bien, sin problema alguno, realizando un trabajo fantástico. Después aumentamos el proyecto con caballos en una zona colindante». Este aumento en el número de animales en la finca pudo ser el desencadenante de los hechos, ya que «no gustó entre los vecinos de la zona», asevera el veterinario. «Empezaron a enfermar todos, caballos y bisontes. De forma que no éramos capaces a determinar en esos espacios grandes lo que estaba ocurriendo», relata. Fernando Morán afirma además que «los caballos, cuando se habían muerto una serie de ellos, se cambiaron de valle, y no ha muerto ninguno más». Aún faltan, eso sí, los análisis definitivos que confirmen esta hipótesis.

El proyecto liderado por Fernando Morán queda así sin una de sus sedes en Asturias, pero el impulso de este veterinario por luchar por esta especie en peligro de extinción continúa en el Principado. De hecho uno o dos bisontes hembra llegarán al centro que sigue en Siero, y se creará un nuevo centro de cría en Teverga, al lado de la Senda del Oso y del Museo de la Prehistoria. Este será el primero de los centros en que el público pueda ver fácilmente a los bisontes, una especie en peligro de extinción.

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El oso pardo está de enhorabuena en León. Los datos recabados por los técnicos de la Fundación Oso Pardo (FOP) en la provincia apuntan a un crecimiento anual de un 10,6% en la subpoblación occidental y de un 6,3% en la zona oriental de la provincial, un balance que confirma «el buen momento reproductivo y la tendencia demográfica positiva» de la especie desde los años noventa, según señalan fuentes de la fundación. Y es que las patrullas que trabajan en los montes leoneses —cofinanciadas por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente— han detectado a lo largo de 2013 seis osas paridas con once crías, a las que se sumarán, una vez cerrado el ejercicio, las que hayan sido localizadas por los equipos de la Junta de Castilla y León.

En concreto, cinco de las hembras se mueven por el Alto Sil, mientras que la sexta habita en el entorno del puerto de San Glorio, en la montaña oriental. Los avistamientos constatan una recuperación progresiva de la especie, rompiendo así «décadas de declive continuado», señala la FOP, que se apoya en que los datos del último censo definitivo —cerrado en 2012— reflejan un nuevo récord con 33 osas acompañadas de 62 oseznos, 29 de ellas —con 56 crías— establecidas en la zona occidental, y cuatro, con seis oseznos, en la montaña oriental, zona en la que la recuperación de los años 2011 y 2012 aleja la tendencia del «dramático declive de los años noventa».

En esta labor, la FOP destaca la implicación, a través de diversos convenios, de la Fundación Biodiversidad, una colaboración que permite no sólo facilitar el seguimiento de la población, sino actuar contra el furtivismo y favorecer la participación de los cazadores en la conservación del oso.

Además del seguimiento de los ejemplares, la FOP apostó fuerte por fomentar la sensibilización de la población de las zonas oseras sobre la importancia de la conservación de la especie. A través del programa de educación ambiental ‘Dejando huella’, financiado por Endesa, los técnicos de la fundación introdujeron en las aulas de Primaria y Secundaria de las comarcas de Bierzo y Laciana las claves de la protección del oso. La iniciativa se desarrolló a través de charlas didácticas para todos los cursos y de itinerarios dirigidos a alumnos de Primaria, actividades que se completaron con la elaboración de unas unidades didácticas con las que el profesorado de 33 centros escolares abordó en el aula la conservación del oso y de la biodiversidad.

En total, más de 3.200 escolares leoneses de 16 municipios participaron en el proyecto, que incluyó 195 salidas al campo, y que, según la FOP, pretende «fomentar los cambios de actitud que faciliten la concienciación, el apoyo y la participación social necesaria para la conservación del oso pardo y su hábitat, así como la revitalización medioambiental de estas comarcas con larga tradición extractiva minera».

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En la iniciativa, registrada para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, los ‘populares’ explican que Naciones Unidas en 2005 publicaba la primera ‘Evaluación de los Ecosistemas del Milenio’, con el objetivo de evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas y de establecer la base científica para realizar acciones que garantizaran su conservación, el uso sostenible de los ecosistemas y cuantificar sus contribuciones al bienestar humano.

Así, dice que Naciones Unidas definía, de forma genérica, los servicios ecosistémicos o servicios ambientales de los ecosistemas como los «beneficios, en algunas ocasiones incluso fundamentales para el sostenimiento de la vida, que las personas obtienen de los sistemas naturales».

Según defiende el PP, la naturaleza proporciona múltiples bienes y servicios esenciales para el bienestar humano y para el desarrollo socioeconómico de la sociedad, entre los que destacan: los recursos hídricos y su regulación natural; la mitigación de los impactos de desastres naturales o el control hidrológico de fenómenos como inundaciones, erosión y salinización de los suelos, por ejemplo.

Distintos proyectos internacionales han intentado cuantificar el valor económico de los servicios prestados por los ecosistemas (con especial atención a la propia diversidad biológica), explican los ‘populares’, llamando la atención en este contexto a las repercusiones económicas que puede tener la pérdida de biodiversidad.

Según un estudio la pérdida de biodiversidad tiene un coste anual estimado de 50.000 millones de euros al año en todo el mundo, y sin políticas adicionales, se estimaba que el coste en términos de bienestar en 2050 sería análogo al de la pérdida del 7 por ciento del consumo total, agrega.

«Los bosques son los principales ecosistemas cuando se trata de los servicios y funciones ambientales, especialmente por la gran cantidad de servicios que estos prestan. Por este motivo es necesario reconocer la consideración de los bosques y los montes, en general, como infraestructuras ambientales prestadoras de servicios ambientales», sostiene.

Eso sí, precisa que, aunque la Ley de Montes de 2003 ya recoge parte de este reconocimiento, y establece que las administraciones públicas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes.

Sin embargo, dice que no se concretan los mecanismos para que los usuarios realicen el pago por los servicios ambientales, y la utilización de esos ingresos tanto para mantener estos montes en su estado de conservación actual y para potenciar una gestión forestal sostenible.

En particular, defiende que parte de los ingresos obtenidos deben aplicarse a compensar el llamado ‘coste de oportunidad’, es decir, los ingresos a que los propietarios privados de los bosques renuncian al conservarlos como tales.

Sin embargo, los defensores de los servicios ambientales reconocen que mientras el costo de la madera puede ser calculado con cierta facilidad, el costo por los servicios ambientales citados es mucho más difícil de ser calculado.

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La Fundación Oso Pardo también detecta una tendencia positiva en los casos de furtivismo en León. Prueba de ello es que en este último año, los técnicos y vigilantes de la fundación no han localizado ningún lazo ilegal en la provincia, un dato que no les llevará a bajar la guardia ya que «este descenso no significa que hayan desaparecido los lazos del monte». Desde 1993, la FOP ha retirado 405 lazos, y denunciado a 117 furtivos, trece de ellos por colocar lazos ilegales. El último de ellos en el año 2009. El ejercicio más conflictivo fue 2005, con 17 furtivos, y, en el caso de la detección de lazos, el récord se remonta a 1995 con 71 dispositivos retirados.

Dirigidos a cazar jabalíes, corzos o ciervos, la fundación señala que los lazos «suelen ser colocados en pasos en el bosque utilizados por la fauna o en el entorno de praderas, de siega y diente, y en cultivos». Recuerda que su utilización está tipificada en el Código Penal, por lo que los furtivos se enfrentan a penas de cárcel de 14 a 24 meses o a multa en el caso de carecer de antecedentes penales. A esto se suma la inhabilitación para cazar durante un periodo de entre 2 y 4 años.

En estas labores las patrullas de la FOP cuentan con la cooperación de los agentes del Seprona, un aspecto «clave» para combatir con más éxito el furtivismo.

En la comunidad, la fundación cuenta con dos técnicos, dos vigilantes en la subpoblación occidental y el corredor interpoblacional, que se coordinan con los asturianos, y uno en la subpoblación oriental, que trabaja también con los vigilantes de Cantabria.

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