La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) exigió este miércoles a la Junta un cambio en su política de saneamiento ganadero tras la sentencia del TSJCyL que reconoce el derecho de los profesionales del sector a realizar contra-análisis, y advirtió a la Consejería que dirige Silvia Clemente de que sino se sienta a negociar su regulación, adoptarán la vía de la presión y saldrán a la calle. El coordinador regional de la organización, Jesús Manuel González Palacín, y el responsable de Ganadería de la opa, Rafael de Frutos, incidieron en que “se acabó la inquisición” en las campañas, en las que la Administración declara al ganadero culpable y envía su explotación “a la hoguera”, con el sacrificio de animales que hasta en un 80 por ciento son “falsos positivos”.
González Palacín lamentó que en la Comunidad “llevan 25 años matando vacas” y gastando ingentes cantidades de dinero público, cuando con muchos menos recursos y una buena gestión “se pueden hacer bien las cosas”. El dirigente sindical insistió en que debe cambiar la política en esta materia y que los responsables “reconozcan su error”, algo que asumió, será difícil, pero es que, advirtió, “no nos podemos cargar la cabaña ganadera por una cerrazón de los políticos”.
González Palacín señaló que el mayor problema de la ganadería extensiva de vacuno en la Comunidad, no son los costes de los piensos o el bajo precio de la carne, sino las campañas de saneamiento ganadero. “Debe haber un antes y un después en estas campañas tras la sentencia”, resumió.
Por su parte, Rafael de Frutos lamentó la “indefensión jurídica” de los ganaderos hasta esta sentencia, ya que las decisiones de la Junta sobre vaciados o inmovilización de ganado por positivos, “la tenían que asumir si querían bien o sino, también”, sin tener la posibilidad de un contra-análisis. Así, la sentencia reconoce ese derecho “fundamental” a poder contradecir las pruebas oficiales con otras.
El responsable de Ganadería de UCCL lamentó que la Junta no ha apostado en ningún momento por fórmulas de entendimiento y recordó que tras presentar un recurso contencioso-administrativo en 2010, la contestación del Gobierno regional en marzo de 2011, fue negativa; lo que les obligó a acudir a la vía civil, a través del TSJCyL, que finalmente les ha dado la razón.
“El ordeno y mando se ha acabado”, dijo, para denunciar que hasta ahora las campañas sólo han servido para “sacrificar un montón de falsos positivos, entre el 70 y el 80 por ciento y meter la mano en el bolsillo del ganadero, cuando no acabar con sus explotaciones”. En este contexto y tras el apoyo de los tribunales, reconoció que “está todo por hacer” para diseñar el nuevo modelo para el saneamiento ganadero, por lo que reiteró su petición a la Junta para que se siente a negociar, antes de obligarles a ejercer medidas de presión “para que esto cambie”.
Por último, apostó por la prevención mediante vacunación, frente al sacrificio, y constató que la tuberculosis en endémica en algunas zonas de la Comunidad, y no se puede erradicar, por la convivencia entre el ganado y rebaños de animales salvajes, en los que prevalece y no se controla.
Cabe recordar que en la jornada de este martes, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló ayer la resolución del 25 de marzo de 2010 de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, y reconoció el derecho de que los ganaderos reciban las actas, pruebas e informe técnico tras la ejecución de las campañas de saneamiento ganadero, además de mostrarse favorable a que los ganaderos puedan realizar contra-análisis.
Para los magistrados «debe existir a favor del titular de la cabaña ganadera un derecho reaccional en el sentido de poder contradecir los resultados analíticos obtenidos por la Comunidad Autónoma y cuya morfología más adecuada no puede ser otra más que la del contra-análisis, derecho que comprenderá y para que pueda ser real y efectivo tanto la toma de muestras, como su custodia y conservación, y llegado el momento la realización de la analítica». Asimismo, condenan al Gobierno regional a pagar una cuarta parte de las costas procesales, con una sentencia que todavía puede ser impugnada mediante recurso ordinario de casación.
Ataque de lobos en Melgar de Yuso. Foto: UPA Palencia
Hannah junto a Mason | Foto: Hannah Bochart 
