El alcalde, Cándido Vega, critica que no se cuente con el Ayuntamiento para el nuevo plan rector y estudia que el concejo abandone el espacio protegido
San Juan de Beleño (Ponga),
Lucas BLANCO
El Ayuntamiento de Ponga se sumó ayer a las críticas de los ecologistas que denunciaban que el patronato del parque natural del concejo llevaba dos años sin reunirse, acusando a los gestores del espacio protegido de no contar con el resto de las partes representadas en dicho órgano a la hora de tomar decisiones y anunciando que están estudiando una fórmula para dejar de formar parte del parque.
El propio alcalde de Ponga, el no adscrito Cándido Vega, aseguró ayer que los encargados de la gestión del parque «pasan de reunirse con nadie porque tienen mayoría y hacen lo que les da la gana» y puso como ejemplo que no se haya consultado nada con el consistorio acerca de la redacción del nuevo plan rector de uso y gestión (PRUG). «No cuentan con nosotros para nada y es por eso que estamos valorando como podemos abandonar un lugar en el que no nos quieren», sostenía ayer el primer edil.
Sin embargo, el Ayuntamiento señala que la marginación respecto al plan es sólo la gota que colma el vaso tras lo que considera varios despropósitos contra la conservación de un entorno que sostienen que está siendo «muy dañado» por las políticas del director del parque Rubén Rodríguez. Entre estas actuaciones el consistorio apunta a una poda efectuada por el parque en los márgenes de los accesos al pueblo de Taranes para la que se contrató temporalmente a cuatro jóvenes locales y que habría afectado a innumerables árboles propios de la zona. «Arrasaron con muchísimos castaños que si los hubiésemos cortado desde el Ayuntamiento seguro que a mí me mandaban a la cárcel», declara Vega, en clara referencia a su condena a año y medio de prisión y siete de inhabilitación por realizar actuaciones en varias pistas del concejo.
De igual modo, censura otras medidas tomadas por la dirección como conceder la gestión del Centro de Interpretación de San Juan de Beleño a una empresa privada ajena al municipio. «Echaron de su puesto a una trabajadora que era vecina de Ponga y entregaron el centro a gente venida de otros puntos de España y que ni siquiera conocen el parque», añade.
Estos últimos encontronazos son los que han llevado al gobierno municipal pongueto, ahora formado íntegramente por ediles no adscritos, a plantearse seriamente el poner fin a su participación en un espacio protegido que consideran que más que beneficios supone trabas y dificultades al desarrollo económico del municipio y, al mismo tiempo, impide la fijación de población en la zona.
A ello, hay que unir las malas relaciones existentes entre Ayuntamiento y parque desde la llegada a la alcaldía de Vega en 2007, cuando comenzaron a fraguarse demandas como los 800.000 euros anuales que el regidor lleva años exigiendo al Principado a cambio de continuar formando parte de un espacio que abarca a todo la extensión del concejo.
Unas relaciones, cuyo peor momento fue durante la etapa como director de Eloy Niño, el cual protagonizó numerosas polémicas con el Alcalde hasta que fue cesado a finales de 2011 por Foro, y que parecían haber mejorado con la llegada a la dirección de Rubén Rodríguez a comienzos de 2012, pero que volvieron a deteriorarse meses después con la vuelta de los socialistas al Gobierno del Principado.
RENE GÓMEZ La Junta de Castilla y León intentará «reducir al mínimo» el procedimiento administrativo para que la asunción de la responsabilidad patrimonial que debe asumir por los daños del lobo al sur del Duero «no se prolongue demasiado». Tal es el compromiso adquirido por el delegado territorial, Alberto Castro, al término de la reunión con responsables de las tres organizaciones agrarias Coag, Asaja y UPA para analizar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a la Junta a indemnizar a los ganaderos por los daños producidos por los lobos al sur del Duero. «Seguimos creyendo que el seguro es la forma más ágil y sencilla porque desde que se produce el ataque hasta que cobra el ganadero solamente pasan 30 días; sin embargo la responsabilidad patrimonial alarga demasiado el procedimiento, es tedioso pero la ley nos obliga así».
