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El ministro mantiene reuniones con los cazadores para confeccionar una ley a medida del sector privado.

Monte Moru (Ribadesella).

Lucas BLANCO El diputado regional del Partido Popular (PP) Luis Venta criticó ayer en Monte Moru, en Ribadesella, que haya algunos colectivos que quieran criminalizar a los ganaderos, acusándolos de provocar los numerosos incendios que asolaron la comarca oriental la pasada semana, y lamentó que la Consejería de Agroganadería no se haya solidarizado aún con un sector que, a su modo de entender, es «el principal afectado del efecto de las llamas».

Venta achacó el incremento de incendios en el último año al fracaso de las políticas socialistas en este campo, pues recordó que la partida presupuestaria destinada a prevenir estos daños se redujo en un 60 por ciento respecto al año anterior y cuestionó la efectividad de la medida del Gobierno regional de reestructurar los servicios del 112 y Bomberos. «Dijeron que se hacía para aumentar la eficacia, pero está comprobado que la unión de ambos servicios no ha traído ni eficacia ni eficiencia», explicó.

Del mismo modo, consideró que las medidas de prevención del Ejecutivo autonómico perjudican seriamente al sector ganadero y reclamó que éstas sean revisadas. «Un año de acotamiento de pastos es mucho para una región con el clima de Asturias y el Gobierno debería reducir esos plazos porque la ley se lo permite», apuntó el diputado regional, que también se mostró crítico con las multas a las que deben hacer frente los ganaderos cuando sus animales son localizados pastando en terrenos acotados.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ribadesella, Juan Manuel Blanco, se quejó también de los recortes en prevención e incluso fue más allá cuestionando la eficacia de las escasas cantidades invertidas. «Destinan poco dinero y lo que destinan es un despilfarro», declaró, asegurando que siempre hay algún informe que impide acometer quemas controladas, una vez que se disponen las condiciones para ello.

Por último, tanto Venta como Blanco coincidieron al señalar que «cuando había más animales había menos incendios», argumentando así la inocencia de los ganaderos.

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Así lo ha explicado Ramón Pérez de Ayala, del Programa de Especies de WWF España tras conocerse este miércoles que el censo de lince en España es de 319, ocho ejemplares más que en 2012.

La organización WWF ha reclamado la aprobación urgente de una Estrategia Nacional del Conejo para evitar un descenso «de forma drástica» de la población de lince ibérico en España porque, de lo contrario, advierte de que «entrará en una situación crítica».

Así lo ha explicado Ramón Pérez de Ayala, del Programa de Especies de WWF España tras conocerse este miércoles que el censo de lince en España es de 319, ocho ejemplares más que en 2012. A su juicio, este estancamiento se debe a la aparición de una nueva cepa de la enfermedad del conejo y al aumento de muertes por atropellos, que acabaron con 14 linces en 2013. En 2002 había 94 linces lo que evidencia una considerable recuperación de la especie hasta la fecha.

Sin embargo, la ONG subraya que esta especie única en el mundo está «gravemente amenazada» por la nueva cepa de la enfermedad hemorrágica del conejo, que ha provocado una notable disminución de las poblaciones de conejo a escala ibérica. Dado que el conejo es  el alimento principal del lince ibérico, la consecuencia inmediata de esta enfermedad es un descenso en su reproducción. Solo en 2013, el número de cachorros se ha reducido un 37,2 por ciento respecto al máximo histórico poblacional de 2011.

Además, añade que el conejo es fundamental también para otras especies protegidas como el águila imperial, es también una pieza clave para el sector cinegético y para la agricultura.

Para WWF es «imperdonable» que este problema de las poblaciones de conejo haya sido detectado desde un proyecto Life y que las distintas comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no cuenten con un programa de seguimiento poblacional y epidemiológico del conejo.

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Rubén López | Brañosera | 15/01/2014

Los perdigones acumulados en los humedales, en muchas zonas con más de cien de estos proyectiles por metro cuadrado, permanecen en los sedimentos durante décadas.

El perdigón de plomo fue prohibido en 2001 en los humedales españoles incluidos en la lista Ramsar, que enumera estas zonas de importancia internacional. Diez años más tarde, esta prohibición y la consecuente adopción del uso del perdigón de acero por parte de los cazadores ha empezado a dar sus frutos, según un estudio que publica la revista Environment International

“Lo más importante de nuestro trabajo es que se demuestra que el cambio de material –del perdigón de plomo al acero–, aun siendo una prohibición espacial parcial, ha reducido la intoxicación en las aves y la contaminación de la carne de caza”, declara a SINC Rafael Mateo Soria, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), coautor del trabajo.

Los perdigones acumulados en los humedales, en muchas zonas con más de cien de estos proyectiles por metro cuadrado, permanecen en los sedimentos durante décadas.

El principal daño que causan afecta a la propia salud de las aves. Al ingerir la munición, esta queda retenida en su molleja y se va deshaciendo de forma abrasiva en el estómago. El plomo liberado se absorbe y llega a los diferentes tejidos del animal.

“Las aves empiezan a tener problemas neurológicos, no se pueden mover y además sufren anemia. Normalmente si ingieren plomo terminan muriendo con un marcado adelgazamiento al cabo de días, o incluso semanas, desde que han empezado a ingerir los perdigones”, explica Mateo.

En especies como el ánade azulón, en que un 30% de las aves cazadas a principios de los años 90 en el delta del Ebro habían ingerido perdigones de plomo, este porcentaje ha bajado hasta el 15%. La misma tendencia se observa en otras especies como el pato cuchara, la cerceta común o el porrón común.

Por el contrario, en el caso de los ánades rabudos cazados sigue siendo alarmante que más del 70% presenten perdigones en su molleja, un valor similar al observado hace tres décadas.

El científico señala que para averiguar la razón del alto porcentaje de intoxicación en esta especie van comenzar el marcaje de aves con emisores. “Lo que sí sabemos es que por su tipo de dieta es una especie con alto riesgo de ingerir perdigones. No obstante, en otras que también tienen estos factores de riesgo, como el porrón europeo, su tasa sí ha disminuido al cambiarlos por los de acero”, añade.

Otro problema que origina el perdigón de plomo es la contaminación de la carne. Las trazas en los animales abatidos con este metal, incluso después de retirar los perdigones, superan los valores establecidos para la carne de consumo humano.

El plomo de los arrozales

Los cazadores que prefieren el plomo en vez del acero argumentan que este último es más duro y menos denso. “Con el acero tienen que disparar un perdigón más grande para que tenga la misma masa, no se puede detonar hacia el suelo por el riesgo de rebotes y dicen que puede dañar el cañón de las escopetas. La experiencia indica que estos inconvenientes no han afectado a la actividad cinegética y que pueden seguir perfectamente cazando con acero”, dice Mateo.

Los investigadores quieren destacar que el cumplimiento de esta prohibición por parte de los cazadores ha sido muy alto y que han seguido cazando aves acuáticas en la misma cantidad después del cambio del plomo al acero.

Sin embargo, la ley solo prohíbe el perdigón de plomo en humedales protegidos. Por este motivo, en los arrozales que los patos usan como zonas de alimentación sí están permitidos, lo que mantiene focos de contaminación para las aves y su carne.

“Estos animales aprovechan los arrozales para alimentarse, además de las lagunas naturales. No tiene mucha lógica cesar la entrada de un contaminante en una zona protegida si a pocos metros se sigue contaminando con la misma intensidad. Las aves no entienden de límites. No se ha hecho, principalmente, porque no son zonas protegidas”, señala el científico.

La legislación de la mayoría de países europeos

Este estudio ha permitido valorar la efectividad de las medidas adoptadas por los países firmantes del Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migradoras de África-Eurasia (AEWA), que en su última reunión acordó solicitar a las partes una valoración de la efectividad de la prohibición del perdigón de plomo en humedales y el paso a municiones alternativas no tóxicas.

La AEWA es un acuerdo para proteger las aves acuáticas en toda su ruta migratoria entre África y Eurasia. Una treintena de países europeos lo han firmado.

Según el científico, en la mayoría de los países europeos existen legislaciones que limitan o prohíben el uso de munición de plomo. “Algunos como Dinamarca han ido más allá y han prohibido el uso de este tipo de perdigón en todas las modalidades de caza desde 1996”.

Otros países como Holanda, Noruega o Suecia les han seguido. Incluso se han empezado a sustituir las balas de plomo por balas de cobre con punta hueca en determinados territorios con el fin de reducir las muertes por plumbismo en aves carroñeras, como el cóndor de California (EE UU) o el pigargo europeo (Alemania).

En el estudio también han colaborado investigadores del Instituto do Mar (Universidad de Coimbra, Portugal), de la Universidad Autónoma de Barcelona y la University of the Highlands and Islands (Escocia).

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“La Confederación de Los Verdes denuncia la negligencia y el fracaso rotundo del Gobierno del Principado de Asturias en la gestión de recuperación de la fauna salvaje y, en concreto, de la especie oso pardo, que se ha puesto en evidencia con el caso de la osa denominada Molina” -ha denunciado Joan Francesc Peris, Co-portavoz de Los Verdes.

El núcleo familiar que formaba este ejemplar junto con la madre y otro osezno fue constantemente acosado por turistas, curiosos, y en mayor parte, por miembros de la Fundación Oso Pardo, siendo probable que el accidente que sufrió la osa Molina fuera ocasionado por esta actividad humana que se realiza por empresas turísticas que ofertan sin escrúpulos y ante la total permisividad del Gobierno Asturiano, la visualización de ejemplares de osos mediando precio, sin respetar la distancia necesaria para evitar molestias a la especie catalogada en peligro de extinción.

A pesar de que la Ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece en su artículo 52.3 la prohibición general “molestar o inquietar intencionadamente” a las especies de fauna salvaje y con mayor razón a las catalogadas en peligro de extinción, el acoso al que fue sometida la osa con sus dos crías fue permitido por el Gobierno del Principado, siendo una de las consecuencias de tal pasividad el despeñamiento de la osezna en la cueva de la que fue rescatada y que, prueba de la cercanía de los curiosos, fue grabado en vídeo por estos. “Ningún expediente sancionador se ha incoado por la infracción del referido artículo de la Ley del Patrimonio Natural a quienes molestaron a la familia de osos, pese a conocerse e identificarse a los infractores por la Guardería” -ha lamentado Peris.

Los Verdes no entienden que, rescatado de la cueva, el ejemplar fue trasladado, no a un Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, sino a una clínica veterinaria privada en la ciudad de Oviedo, en donde, también ante la total pasividad de los responsables de la Consejería competente, fue vista por particulares, que se fotografiaron junto al animal, le tocaron e interactuaron con él, a pesar de que el protocolo de recuperación de fauna para su devolución a la naturaleza exige evitar todo contacto humano. Y este extremo no se modificó cuando el animal fue trasladado, una vez curadas sus lesiones, al Centro de Recuperación de Sobrescobio, donde tampoco se observaron las más elementales medidas de aislamiento del contacto humano, sino todo lo contrario, viéndose al responsable del centro con la osa en brazos en más de una ocasión. Como era de esperar, cuando se produjo la liberación, la osa estaba, no solo habituada al ser humano, sino que su comportamiento se había visto condicionado a dicha presencia, siendo otro error achacable a la gestión del Principado la decisión de liberar a la osezna en un lugar por completo diferente al que se había encontrado, pues a pesar de que el ejemplar se despeñó en un paraje muy próximo al puerto de Leitaiegos, donde podría quizá haber sido encontrada por su madre, la liberación tuvo lugar lejos de allí, en las Reserva Regional de Muniellos.

Por su parte, Toni Roderic, Secretario de Organización de Los Verdes, ha explicado que cuando la osezna se acercó a los núcleos habitados, el operativo desplegado para disuadirla actuó frente a la osa persiguiéndola con perros y haciendo explotar petardos y material pirotécnico, lanzando gritos y aspavientos amenazadores, de forma que el animal, aturdido, reaccionó a la defensiva, lo que dio pie a la los responsables políticos para declarar que la osezna constituía un peligro para los humanos, decretando su reclusión en un cercado en el que habitan dos osas que vienen a ser reclamo turístico local, siendo que una de ellas está ya próxima al final de su vida, debido a la edad, y que se había aludido públicamente días antes de la decisión de cautividad, a la oportunidad de recluir en el referido cercado a otros ejemplares de osos asturianos, para asegurar su continuidad.

Roderic ha lamentado que la Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez González, “exigiera ser fotografiada con la osa Molina, incumpliendo personal y directamente el protocolo de recuperación, que establece, para la suelta con éxito en la naturaleza, evitar el contacto humano, o que tuviera la intención de satisfacer los intereses de los ediles locales y propiciar la continuidad del cercado de Santo Adriano, llamado a desaparecer tras la muerte por vejez de las dos osas Paca y Tola. Prueba de ello es que, a pesar de que se está a tiempo, sobre la base de sendos informes científicos recabados que abogan por la rehabilitación y posible viabilidad de la osa y su devolución a la naturaleza, el Gobierno del Principado está desoyendo a los mismos”.

“La actuación de los responsables políticos puede calificarse de secuestro y privatización del patrimonio natural, pues además de constituir un fraude al esfuerzo de conservación de la especie oso, toda la actuación del Gobierno del Principado es una denuncia constante de la necedad y de la ignorancia imperdonable de sus responsables políticos, por lo que es necesaria la dimisión de la Consejera y de los implicados, y ello se exige tras numerosos fracasos en la gestión de la fauna salvaje de los que éste es el más grave, por premeditado y evitable” – ha concluído, en sus declaraciones, Toni Roderic.