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Lobos, corzos, jabalíes o zorros, entre la fauna presente en el entorno.

 

El Monte Raso se ha convertido en el hogar de una amplia variedad de especies de animales entre las que destacan los lobos ibéricos. Los agentes medioambientales que vigilan este espacio han detectado la presencia de hasta tres manadas que han dado lugar a frecuentes ataques en las explotaciones ganaderas cercanas. Las huellas en uno de los caminos existentes en monte dejan constancia de la presencia de este animal en el entorno.
Los corzos son otros de los animales que habitan en el monte, en el que también se encuentran un buen número de jabalíes, así como otras especies silvestres comunes, como zorros, conejos y liebres.
En lo que se refiere a las aves, Juan Carlos Mangas, agente medioambiental, ha detectado la presencia de ejemplares de águilas calzada y culebrera, así como de águilas reales e imperiales que buscan alimento en este espacio junto a palomas torcaces y otros pájaros.

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Los ganaderos no son “tontilis bobilis” y ganan en los Tribunales

Después de seis años luchando, le ganan la batalla a la administración regional

La Alianza por la Unidad del Campo UP-COAG ya tiene sentencia firme sobre la reclamación a la Junta de Castilla y León, que tendrá que indemnizar a los ganaderos por los ataques de lobos producidos en la región, siendo una de las provincias más afectadas la de Ávila. La Administración tendrá que establecer ahora como deberán solicitarse los pagos para los ataques.

UPA-COAG se muestra satisfecha por haber ganado, después de seis años de lucha, la última sentencia en los Tribunales que obliga a la administración ha hacerse cargo de la indemnización a los ganaderos que hayan sufrido ataques de lobos.

Una sentencia que según Aurelio, responsable regional de COAG “llega después de varios años, en las que la administración no ha acatado las sentencias de Tribunal Supremo ni del Superior de Justicia, lo que ha impedido que muchos ganaderos con derechos hayan sido compensados por esos daños”.

La sentencia anula el art 12 1b y 2 de la legislación 823/2010 de la Junta de Castilla y León, que habla sobre la gestión del lobo y los responsables de las perdidas. La sentencia es firme y no cabe recurso contra ella.

En esos artículos se les exigía a los ganaderos a contratar un seguro asequible, al que la Consejería condicionaba las ayudas y se les obligaba a tomar medidas preventivas. Pero era la administración la que decidía sí tenían o no derecho a la indemnización.

Con la sentencia se señala que “los ganaderos no son los responsables y la administración tiene que indemnizarles por vía patrimonial”. Por tanto, desde COAG se siente en parte satisfechos “porque no ha sido la administración sino la sensibilidad de los tribunales lo que han hecho ganar las demandas de los ganaderos”.

La sentencia es doblemente favorable porque indemniza a los que están al Sur del Duero pero no excluye a los que se encuentren al norte del Duero; y porque el Consejo Consultivo ya no emitirá más informes para dictaminar que ganaderos tienen o no derecho a la indemnización sino que se realizará por vía patrimonial.

Ahora lo que se está estudiando desde los servicios jurídicos de UPA-COAG es el procedimiento abreviado que se debe seguir para que los ganaderos denuncien los ataques de lobos. Según Julio López, hasta ahora “tenía que avisarse a la patrulla que realizaba un acto meramente informativo y como mucho papeleo, que tenía que pagar el ganadero de su bolsillo, para luego no cobrar. No se cuantificaba la pérdida económica y los ganaderos estaban desincentivados”.

Además, hay que tener en cuenta que las perdidas no sólo tienen que ver con el animal que mata el lobo, sino también con los que resultan heridos, “que a la larga todos acaban muriendo”. Habría que incluir el lucro cesante porque los animales dejan de dar leche, tienen abortos o incluso por el estrés les salen otras enfermedades.

Desde UPA-COAG no quieren que los ganaderos tarden cuatro o cinco años en cobrar las indemnizaciones, “ahora hay que trabajar para que todos los que han tenido ataques sean indemnizados”, algo complicado. Aunque la administración tendría que asumir su responsabilidad política que es de 8 millones de euros en Castilla y León en los últimos seis años, de los cuales 1,8 corresponden a la provincia de Ávila (sólo entre los afiliados a la Alianza, que seguro que la cifra es mayor).

Indemnizaciones, ¿quiénes las cobran y por qué?

Ahora hay que estudiar qué ganaderos cobrarán y cuáles no cobrarán las indemnizaciones, porque existen varios supuestos a tener en cuenta:

  • Los que no han denunciado: porque el trámite burocrático era largo y les suponía un coste. No tendrán derecho a la indemnización.
  • Los que han realizado el acta de la administración: que pueden cobrar o no dependiendo de lo establecido por el hasta ahora informe del Consejo Consultivo.
  • Los que han acudido a los tribunales: muchas de las sentencias les son favorables, obligando a la administración a indemnizarles. Pero les ha supuesto pérdida de tiempo y costes adicionales.
  • Los que han sufrido ataques en el último año: la sentencia les incluye directamente a la hora de cobrar las indemnizaciones, y los que no han denunciado todavía están a tiempo de hacerlo.

Reunión con la Junta de Castilla y León

El próximo 29 de abril representantes de UPA-COAG se reunirán con el Consejero de medio ambiente para saber cómo se articulará la respuesta a la sentencia desde la administración..

También han solicitado una reunión con el Delegado Territorial de la Junta en Ávila para saber cómo deberán realizarse los expedientes para que los ganaderos sean indemnizados, “porque  hay que empezar a cumplir la sentencia y pagar las indemnizaciones”.

Aunque López añade que “vamos a continuar reclamando que Ávila sea declarada “zona libre de lobos” y hay que saber lo que hacemos con los ganaderos porque son los que siguen manteniendo el medio rural”.

Si no se toman medidas inmediatamente están dispuestos a seguir realizando actos de protesta de cualquier medida “porque no nos mueve la calentura de una noche sino el trabajo de los últimos años”.

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Los cazadores piden no restringir la munición con plomo

La Real Federación Española de Caza (RFEC) reclama que no se restrinja el uso de la munición de plomo hasta que no haya una alternativa ecológica que sea viable en España y recuerda que debido a las gestiones de la organización hasta la fecha «se han conseguido todas las moratorias necesarias para que no se implante la prohibición del plomo en España».

Así, destaca que la RFEC puso en marcha el proyecto de munición alternativa ecológica y que, gracias a esto, se logró una moratoria, al tiempo que recuerda que nunca ha estado a favor de su prohibición. El proyecto ha sido presentado durante el mes de enero en el Parlamento Europeo y, según los cazadores, ha tenido una «gran acogida» por parte de los países miembros.

«Siempre hemos pedido que no se implantara prohibición alguna hasta que no hubiese un producto sustitutivo adecuado para el plomo en la munición de caza, que ese elemento tuviera las condiciones adecuada para su efectividad balística, que fuera asequible en cuanto a su precio para los cazadores y que no  supusiera tener que renovar el parque armero», ha manifestado la RFEC en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la organización, Andrés Gutiérrez, ha declarado que desde 2001 y gracias a las moratorias en la prohibición del plomo, se ha ahorrado «mucho dinero a los españoles y  los cazadores, por no haber tenido que cambiar a la munición de acero o bismuto». «Este proyecto es algo que teníamos que hacer, a pesar de los ataques que hemos recibido y seguimos sufriendo», ha manifestado.

Por ello, Gutiérrez subraya que hasta que no haya una alternativa razonable al perdigón de plomo, la RFEC defenderá el uso de estos cartuchos, al tiempo que ha añadido que cualquier tipo de limitación o prohibición, más allá de lo ya estipulado por actual legislación europea, «provocará un daño irreparable al mundo de la caza».

De este modo, añade que la munición alternativa deberá ser asequible para los cazadores; cumplir los mismos requerimientos balísticos que la municipio convencional; estar disponible comercialmente, y cumplir los requisitos legales establecidos.

 

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Foro acusa al Principado de incumplir sus promesas en relación al lobo

«Ni han pagado los daños en el prometido plazo de quince días, ni muestran signos de hacerlo y lo que es peor que sean incapaces de cumplir el plan de gestión del lobo que ellos mismos elaboraron», ha dicho.

 

El diputado de Foro en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Juan Ramón Campo, ha acusado este martes al Gobierno del Principado de incumplir sus problemas en relación al lobo en Asturias. «Ni han pagado los daños en el prometido plazo de quince días, ni muestran signos de hacerlo y lo que es peor que sean incapaces de cumplir el plan de gestión del lobo que ellos mismos elaboraron», ha dicho.

A través de una nota de prensa, Campo afirma que los daños han aumentado, pasando de 904 reses afectadas en el año 2008, a 1.299 en 2011 y en cuanto a ovino se refiere, se ha pasado de un total de 183 daños en 2008, a los 283 del año 2011, «sin mencionar los que no llegan a denunciarse por múltiples razones,». Mientras, el pago medio por unidad descendió conforme aumentaban los daños, desde los 104.12 euros por oveja en 2008, hasta los 91,37 abonados en la actualidad como media.

«La distribución del número de animales afectados por zonas de gestión recogidas en el actual plan socialista muestra que entre las zonas más afectadas, al igual que en años anteriores, se encuentra la del Palo-Esva y la centro-occidental», ha manifestado Campo.

El diputado de Foro ha exigido a la consejera que «se deje de estudios y contemplaciones, y que aplique lo previsto en su propio plan antes de que el problema continúe desmadrado, y cause efectos aún peores ante la llegada del periodo estival y la afluencia de turismo a la rasa costera occidental, salvo que considere que bañarse con el lobo en la playa sea el concepto de valor añadido que el PSOE atribuya al cánido en concejos como Valdés».

 

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Agentes medioambientales de la Junta sorprenden a cazadores ocultando un ejemplar de lobo

Ante las sospechas reiteradas de que determinados grupos de cazadores aprovechan las cacerías autorizadas de jabalí para abatir ejemplares de lobo de forma fraudulenta, los agentes de la Junta de Castilla y León montaron hace unos días un dispositivo especial de control cinegético en el coto de caza BU 10.045, del término municipal de Quintanilla-Tordueles, con el fin de comprobar “in situ” el cumplimiento de las normas prescritas por el Servicio de Medio Ambiente sobre la gestión de la especie en la provincia de Burgos.

Según fuentes de la Junta en Burgos,tras observar pormenorizadamente el transcurso de la actividad cinegética, los agentes observaron que ejemplares de lobo salían por la zona de la línea de tiro, y mientras algunos cazadores dejaban pasar sin disparar a esta emblemática especie, algunos otros no pudieron vencer la tentación de hacerse con un trofeo tan preciado últimamente entre algunos círculos del ámbito cinegético, decidiendo disparar sobre alguno de de ellos, no haciendo puntería sobre éste en algún caso y haciendo blanco en otro, siendo abatido un lobo.

Este ansiado trofeo lleva a algunos cazadores a ocultar su captura en las cacerías, a veces, entre ellos mismos. En este caso, tras disparar y abatir el lobo se trató de ocultar en el monte tapando con ramas al ejemplar, que fue descubierto por los agentes sin perderlo de vista desde un punto de observación.

Tras personarse los agentes en el lugar y descubrir el cadáver del animal, se comprobó que se trata de un ejemplar joven y por tanto, no muy experimentado en esquivar y escapar a las líneas de tiro de las cacerías.

Si bien es cierto que últimamente se han producido algunos daños a la ganadería en la zona, la Junta de Castilla y León tiene habilitadas unas ayudas destinadas a pagar las franquicias de las pólizas de seguros de los ganaderos que se encuentren en zonas frecuentadas por lobos.

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LOS ECOLOGISTAS PIDEN REVISAR SUS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA

Catorce grupos ecologistas asturianos han pedido a la Procuradora General de Asturias que traslade a la Defensora del Pueblo una petición de revisión de las actuales condiciones de acceso a la justicia gratuita para las organizaciones de defensa del medio ambiente, una petición ya planteada desde Andalucía. Según estos colectivos, la actual reforma legislativa que regula regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia dificulta «de forma importante» el acceso a la justicia a los grupos ambientales y lo hace en algunos casos inviable. Los ecologistas muestra su preocupación «por el retroceso sobre el camino ya andado» que supone, a su juicio, la imposición de determinadas tasas judiciales en el acceso a la justicia a quienes han demostrado «una gran eficacia en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado para toda la ciudadanía». Así, plantean que la Defensor del Pueblo promueva una modificación de la normativa que contemple la posibilidad de que los ecologistas puedan acogerse a las exenciones de tasas judiciales previstas las asociaciones de utilidad pública para que puedan seguir defendiendo los intereses ambientales en los tribunales. Fuente noticia

El furtivismo, el peor enemigo del corzo

No sé si será por los precios tan elevados que alcanza un precinto de corzo o por lo fácil que resulta furtivear al pequeño cérvido, pero lo cierto es que el corzo es la especie que sufre más bajas por este tipo de delincuencia.

 

Es perentorio que Interior se involucre en este grave problema, que se aumente el número de miembros de la Guardia Civil en el Seprona, y también que los Agentes de Medio Ambiente ejerzan tareas de vigilancia.

Si dispusiéramos de datos concretos sobre las bajas que causa el furtivismo, les aseguro que sería para echarse a temblar

Se dice que la predación que ejerce el zorro, en concreto, sobre los corcinos, alcanza el 40 o 50% de defunciones en los dos primeros meses de vida, pues bien, con ser verdaderamente alarmante esta cifra, si dispusiéramos de datos concretos sobre las bajas que causa el furtivismo, el tradicional y el consentido, les aseguro que sería para echarse a temblar. Y lo peor es que, sabiendo como sabemos, el daño que los desalmados de faro y silenciador causan a esta especie, poco o nada se hace para acabar con esa gentuza.

Es perentorio que Interior se involucre en este grave problema, que se aumente el número de miembros de la Guardia Civil en el Seprona, y también que los Agentes de Medio Ambiente ejerzan tareas de vigilancia, sobre todo en los meses previos al desvede, que es cuando se cometen la mayoría de estas fechorías.

Aparte, se deberían extremar todas las medidas de control rutinarias y extraordinarias como, por ejemplo, inspecciones periódicas a los taxidermistas y a las armerías. Éste es el único camino, pero dudo que, actualmente, exista voluntad política para acabar con esta lacra que tanto daño hace a las especies cinegéticas y a los cazadores.

El furtivismo, delito penal

Hace unos años sabido era que poco se podía hacer frente al furtivismo, estos delincuentes se amparaban en la ley de 1970, en la que el legislador consideraba a la mayoría de estas acciones como faltas de caza.

En consecuencia, la sanción podía oscilar entre el arresto menor o una multa de 250 pesetas, que era lo normal entonces y 5.000 en el caso de que la sanción impuesta fuera en su grado máximo, situación ésta que pocas veces ocurría.

De tal modo que, en el improbable caso de que a uno de estos sinvergüenzas le pillasen y luego fuera condenado, cosa harto difícil, la multa era como para echarse a reír. Menos mal que, afortunadamente -eso creíamos muchos-, con la modificación del artículo 335 del Código Penal en el año 2005 el furtivismo pasó a considerarse delito penal, lo que hacía suponer que el problema acabaría solucionándose, pero quía, lamentablemente, no ha sido así.

El que condenen a alguien por furtivismo sigue siendo bastante complicado aunque le cojan in fraganti. Si no que nos digan en estos últimos años de todos los furtivos denunciados cuántos han ido a la cárcel por ese delito. Siento decirlo, pero nuestra información al respecto es bastante desalentadora.

Furtivismo de guante blanco

Y por si fuera poco, la pesada carga del furtivismo tradicional, desde hace unos años y sin apenas hacer ruido, ha irrumpido en la escena un nuevo modelo de furtivismo, nos referimos a aquellos que valiéndose de un precinto de corzo legal, éste lo utilizan como salvoconducto para campar a sus anchas durante toda la temporada amparándose  muchos en la más absoluta legalidad.

Es lo que podríamos llamar el furtivismo de guante blanco, modalidad en la que es preciso que intervengan dos actores: el titular del coto (persona física o sociedad) y el adquiriente del derecho cinegético sobre una especie determinada.

En rigor, esta contraprestación de derechos y obligaciones no tiene nada de anormal, se entiende que la persona que paga por cazar un animal su derecho se extingue cuando se abate o hiere al animal según las condiciones explicitadas en el contrato. Hasta aquí de acuerdo.

No obstante, la cosa cambia cuando ambas partes entienden de manera tácita, por los motivos que sean, mayormente precios sobrevalorados, que predisponen al arrendatario a cerrar los ojos ante cualquier tipo de conducta lasa por parte del arrendador.

No crean que exageramos, estas actuaciones suceden con más frecuencia de las que pudiéramos pensar. Es la triste realidad, existe gente en mayor número del que pensamos que con facilidad caen en brazos de la tentación del dinero fácil y los precintos los venden al primer postor sin poner trabas de ningún tipo. De tal forma que el adquiriente, una vez que ha conseguido el anhelado precinto, consciente del alto precio desembolsado y, al mismo tiempo, sabedor de la escasez o falta de guardería busca resarcirse matando todo aquello que se ponga a tiro.

Furtivismo, en negro o en B, como queramos llamarle, pero que es el que más víctimas causa entre la población corcera.

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Distribución actual y estimas poblacionales

Entre 1987 y 1988, por encargo del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), se llevó a cabo un estudio nacional para evaluar la distribución, la situación y la problemática del lobo en España. El área de distribución de la especie se extendía por unos 100.000 km2, fundamentalmente en el cuadrante noroccidental del país (la mayor parte de Galicia, la porción meridional de Asturias y Cantabria, la mitad septentrional de Castilla y León y algunas zonas de La Rioja y el País Vasco). Además, en la mitad sur de España se localizaron dos núcleos residuales y aislados en Extremadura y Sierra Morena. La población española de lobos se estimó en 300 grupos familiares, hablándose entonces de unos 1.500 ejemplares antes de los partos, y de unos 2.000 a mediados del otoño. El 90% de la población española se concentraba en Castilla-León y Galicia. La población septentrional mostraba una tendencia a aumentar, mientras que la tendencia de los núcleos de la mitad sur era regresiva y fueron considerados en peligro de extinción.

Desde entonces, se viene produciendo una lenta expansión en zonas cerealistas de la meseta castellana, pero hoy día este proceso se ha ralentizado notablemente o incluso se ha frenado (se detecta regresión en el Sistema Ibérico meridional y el Duero oriental, entre otras zonas). En 2001 se estimaron en la Península Ibérica 254-322 grupos familiares (254 confirmados y 68 probables) distribuidos a lo largo de 140.000 km2, esto puede suponer una población efectiva de 500-650 adultos reproductores.

 

Las estimas del número de grupos parecen aceptables, pero no es sencillo comparar los datos de finales de de los 80 con los más recientes. Por ejemplo, en Castilla-León, se estimó la presencia de 158 grupos (125 detectadas más 33 «posibles») a principios de los años 90, y de 149 grupos («107 seguros, 42 probables») en 2001. La aplicación de criterios, procedimientos y esfuerzos de muestreo diferentes, y de grados de certeza variables a la hora de confirmar la existencia de grupos es la causa de estas dificultades. Así por ejemplo, en 1990 se consideraba la existencia de grupos detectados y «posibles», mientras que en 2001 se utilizaron los términos «seguro» y «probable». Por otro lado, es mucho más difícil conocer el tamaño real de la población (número de individuos) ya que este número puede variar, incluso dentro de un mismo año, de forma dramática (antes y después de los partos). El número de grupos estimados parece aceptable porque las estimas se basan en datos empíricos (de campo), mientras que el tamaño de grupo ha venido adjudicándose de manera más arbitraria, escasamente fundada en datos empíricos, y que en todo caso reflejarían, en el más optimista de los casos, tamaños de grupo inmediatamente después de los partos, es decir, coincidiendo con el máximo tamaño anual del grupo y antes de empezar la época de caza (siendo ésta la causa que genera el mayor porcentaje de mortalidad de lobo en la Península). Parece pertinente, por tanto, estimar el tamaño de la población a través del tamaño de grupo en invierno, añadiendo acaso un porcentaje de individuos dispersantes. Una estima más realista del tamaño poblacional se basa en el concepto de «población efectiva», que hace referencia al número de adultos que participan en la reproducción. Según esta aproximación, la población ibérica, incluyendo por tanto los núcleos de Portugal, estaría compuesta por ~750 adultos reproductores, dato estimado a partir del número de grupos conocidos. Discutir si esta población es «viable», tanto demográfica como genéticamente, o si es incluso «funcional» (en cuanto a sus efectos y relaciones en el ecosistema), es un asunto mucho más complejo y relevante que el tamaño de la misma en un momento dado.

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Agroganadería afirma que el control del lobo en Valdés se ajusta al plan de gestión

Ante el malestar suscitado en Otur y otros núcleos costeros del concejo de Valdés por los ataques reiterados de los lobos, la Consejería de Agroganadería asegura que «se está siguiendo el plan de gestión» para controlar la presencia de cánidos en la zona.

La afirmación contrasta con la opinión de los ganaderos afectados y también del Ayuntamiento. De hecho, el alcalde, José Vallejo, ha remitido un escrito a la consejera, María Jesús Álvarez, instando a «tomar de inmediato las oportunas medidas para que estos sucesos no vuelvan a repetirse y a reproducir en la población la inseguridad, el temor y preocupación que existe».

Y es que los últimos ataques se han registrado en las inmediaciones de zonas habitadas. Por esto, «es necesario poner en marcha medidas que puedan, de forma racional y rápida, ajustar las poblaciones de lobos y, sobre todo, extraer esos ejemplares de las zonas próximas a los núcleos rurales».

Desde el grupo parlamentario de Foro en la Junta General también se cuestiona la actuación de la consejería. El portavoz en la comisión de Agroganadería, José Ramón Campo, señaló que en el área Palo-Esva, en la que se sitúa Valdés, «se ha pasado de un total de 904 reses afectadas en el año 2008 a 1.299 en 2011 y, en cuanto a ovino se refiere, se ha pasado de un total de 183 daños a 283».

El incremento de las pérdidas en la cabaña ganadera coincide, según el diputado por el Occidente, con un aumento de la población de lobos. Citando datos de la Consejería, señala que en 2001 se tenían registrados tres grupos de cánidos en la zona y, diez años después, ocho «todos ellos con reproducción y sin tener en cuenta las dudas a las que se somete este recuento por parte de cazadores, ganaderos y vecinos, que afirman la existencia de un número muy superior».

Además, apunta también que las indemnizaciones a ganaderos afectados han descendido.

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ONG exigen participar en la elaboración de la Estrategia contra el uso de veneno en Extremadura

El Consejo de Coordinación Interadministrativa de Extremadura sobre el uso de veneno en el Medio Natural, tendrá entre sus principales cometidos la elaboración y aprobación de la Estrategia Extremeña

Se reúne el  Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura para aprobar un decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación Interadministrativa de Extremadura sobre el uso de veneno en el Medio Natural. Las tres ONG han remitido una carta a D. José Antonio Echávarri Lomo Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en la que solicitan su participación y mayor información sobre las acciones emprendidas contra los envenenamientos de fauna silvestre.

El Consejo de Coordinación Interadministrativa de Extremadura sobre el uso de veneno en el Medio Natural, tendrá entre sus principales cometidos la elaboración y aprobación de la Estrategia Extremeña para la lucha contra el uso de venenos en el medio natural. “No entendemos como la preparación y aprobación de un documento de esta trascendencia puede llevarse a cabo de espaldas a la sociedad civil y sin la participación de organizaciones que llevan varios años luchando contra el uso ilegal de veneno”, señalan desde las ONG.

 

Esta falta de participación se une a la desatención de las peticiones de información ambiental que, en temas de veneno, han realizado las organizaciones conservacionistas y que han sido reiteradamente desoídas por la administración extremeña. Estas circunstancias se unen al desmantelamiento de algunas medidas eficaces contra el veneno, como la patrulla canina con la que contaba la Consejería,  imprescindible en la prevención y detección de cebos envenenados.

Situación del veneno en Extremadura

Extremadura es una de las comunidades autónomas con una grave incidencia de cebos envenenados y  una de las que alberga mayores poblaciones de rapaces amenazadas mundialmente, como el buitre negro, el alimoche y el águila imperial. Un ejemplo significativo es el caso del  buitre negro: entre 2003 y 2010 se han encontrado casi 40 ejemplares envenenados  en Extremadura. Esta cifra no es representativa de la realidad, ya que, según los expertos, los ejemplares detectados no llegan ni a un 7% de los que han muerto.

 

A pesar de ser ilegal y no efectivo, el veneno se sigue utilizando para eliminar  depredadores, así como para el control de plagas agrícolas. La colocación de cebos envenenados es una práctica arraigada en nuestros campos,  completamente ineficaz para los objetivos que persigue, además de un método  masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Por ello, está prohibido por la  legislación nacional y autonómica y aparece tipificado como delito en el  Código Penal. El veneno en el campo supone un riesgo para la salud pública,  para el medio ambiente y para nuestras mascotas.

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